"Las continuas movilizaciones de los vecinos del barrio de Gamonal en
Burgos contra el proyecto de bulevar de la calle Vitoria han saltado a
las portada de todos los medios de comunicación del Estado, tras dos
noches en las que se han producido enfrentamientos entre los vecinos de este barrio
y las unidades de antidisturbios desplazadas a la capital burgalesa
desde Valladolid y Madrid para intentar frenar la protesta. De momento,
40 personas han sido detenidas. (...)
Estas obras, tasadas inicialmente en 8,5 millones de euros, supondrán
la sustitución de gran parte de la actual calle Vitoria, principal
arteria de comunicación de la ciudad, por un bulevar que restaría dos
carriles al tráfico rodado y, lo que es más importante, suprimiría
centenares de plazas de aparcamiento gratuitas por 650 plazas privadas,
con un coste estimado en unos 20.000 euros, que los vecinos deberán
adquirir o arrendar si quieren aparcar en su barrio.
A esto se une el
problema crónico de aparcamiento derivado de la planificación de la
zona. Este gasto ha sido justificado por el Ayuntamiento argumentando
que con estos ingresos obtenidos por los aparcamientos financiarán la
obra en cuestión.
El rechazo mayoritario a estas obras hunde sus
raíces en una política global del Ayuntamiento, que ha basado su mandato
en un desmesurado gasto público para la construcción de infraestructuras urbanas,
como los consorcios de construcción del polígono de Villalonquéjar, la
Variante Ferroviaria y la construcción de un nuevo hospital de gestión
privada.
Una nueva apuesta por el ladrillo y lo privado del Gobierno del
Partido Popular que ha llevado al Ayuntamiento de Burgos a tener una
deuda pública estimada en unos 500 millones de euros, entre los que se
encuentra una deuda de 40 millones a proveedores directos de esta
administración.
Construcción sí, gasto social no
Los
beneficiarios de este gasto por parte del consistorio presidido por
Javier Lacalle han sido las dos principales empresas de construcción de
la ciudad: el grupo Méndez-Ordóñez, liderado por el constructor y
presidente del Grupo Promecal (dueño del Diario de Burgos entre otras cabeceras), Antonio Miguel Méndez Pozo,
y el grupo Arranz Acinas.
Dos empresarios estrechamente vinculados al
Partido Popular de Castilla y León y, en el caso de Méndez Pozo, el principal apoyo económico de José María Aznar en sus inicios, con un amplio historial de sospechas de corrupción urbanística a sus espaldas.
Este gasto público en operaciones urbanísticas ha venido acompañado por un recorte generalizado en la gran mayoría de los servicios sociales y públicos de la ciudad,
con la argumentación de que en el Ayuntamiento no había dinero.
En este
marco se han reducido o suprimido las ayudas percibidas por la mayoría
de las asociaciones sociales de la ciudad, al igual que las percibidas
por los sectores más desfavorecidos de la sociedad burgalesa.
Se ha
cerrado por falta de medios una guardería pública histórica por su labor
como la de Río Vena, se han suprimido líneas de autobuses urbanos y se
han reducido derechos a toda la plantilla de empleados públicos
municipales. (...)"
No hay comentarios:
Publicar un comentario