"Desde el 6 de noviembre, Sealeer es una más de de
las miles de cooperativas que existen en España, pero con una
peculiaridad: las cooperativistas son prostitutas y su objeto social
incluye la oferta de sexo.
Once trabajadoras del sexo residentes en
Ibiza han conseguido constituir la primera cooperativa de trabajo asociado
de estas características.
Sus integrantes cotizan ya a la Seguridad
Social y pagan los correspondientes impuestos. Su iniciativa, que obtuvo
el visto bueno de la consejería de Economía y Comercio de Islas
Baleares, abre la puerta a que otras prostitutas puedan también cotizar
mediante esta fórmula.
"Empezamos a mover papeles
hace más de año y medio. Un amigo leyó el trabajo de Gloria Poyatos y
nos sirvió para inspirarnos", explica María José López Armesto, portavoz
de la cooperativa.
Gloria Poyatos es la jueza decana de Lanzarote y en
un trabajo demostró que, a pesar de la alegalidad en la que se mueve la
prostitución, las trabajadoras del sexo podían en la práctica darse de
alta como autónomas.
Sin embargo, la primera vez que
intentaron inscribir la cooperativa su solicitud fue denegada. El
epígrafe bajo el que querían registrarse incluía las palabras
"profesionales del sexo" .
"La consejería consideraba que los servicios
sexuales son una actividad no regulada y que por tanto no podía ser
objeto de una cooperativa", subraya la jueza Gloria Poyatos, que ha
seguido de cerca el proceso. Las trabajadoras recurrieron la decisión:
basaron su recurso en varias sentencias, tanto del Tribunal Supremo como
de la justicia europea. Ganaron y consiguieron inscribir la
cooperativa.
Poyatos afirma que cuando la
prostitución se ejerce libremente por personas adultas para su propio
aprovechamiento no debe tener cortapisas para estar cubierta por la
Seguridad Social y puede acogerse al artículo 38 de la Constitución, que
defiende el derecho a la libre empresa. "La prostitución no tiene una
regulación concreta, pero todo lo que no está expresamente prohibido
tiene acceso a la Seguridad Social", defiende la jueza.
La decisión de la consejería abre la puerta a que puedan formarse otras
cooperativas similares y, por tanto, a que muchas trabajadoras del sexo
puedan cotizar a la Seguridad Social y tener derechos laborales, a
pesar de que no haya una regulación de la prostitución. La competencia
para conceder la licencia a las cooperativas es de las comunidades
autónomas por lo que, no obstante, el criterio podría varias de unos
lugares a otros.
El debate de fondo no es baladí: si la prostitución debe o no ser una
actividad regularizada, y si esta fórmula podría ser aprovechada por
proxenetas. Para María José López, miembro de la cooperativa, la
iniciativa busca dignificar la situación de las trabajadoras.
"Vigilaremos para que no haya situaciones de coacción. Nosotras solo
queremos tener nuestros derechos y crecer lo más posible", dice.
"Se encuentran a cien chinos encerrados en una casa forzados a trabajar
doce horas al día y a dormir hacinados y no por eso se prohíbe en
general el trabajo. Para eso está la Policía y la inspección, para
perseguir los delitos que se produzcan.
La explotación se debe sobre
todo a la dependencia económica, si están dadas de alta podrán acceder a
sus propias prestaciones. La fórmula cooperativa busca unir los
esfuerzos de un grupo de trabajadoras sexuales para autogestionarse y
poner sus propias condiciones a los clientes", afirma la jueza Gloria
Poyatos.
Las once cooperativistas ya están cotizando
y tienen sobre la mesa otras cuarenta solicitudes pendientes.
"Aceptamos todos los perfiles, solo pedimos que sean mayores de edad, no
tengan ninguna discapacidad intelectual, y que actúen libremente y no
estén coaccionadas", asegura la portavoz de Sealeer. López Armesto
explica que también les han llamado de otros puntos de la península:
"Nos llaman dueños de clubes de alternes que quieren dar de alta a las
chicas". Además de las trabajadoras, la cooperativa tiene varios socios,
con voz pero sin voto, "gente que tiene interés en participar y nos
apoya". (eldiario.es, 13/01/2014)
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