"La mayoría de los análisis que se han hecho a lo largo de la actual
crisis sistémica sobre la economía española, además de ser incorrectos,
están cargados de una profunda ideología.
Ahora nos vuelven de nuevo a
mentir, no hay ningún proceso de recuperación en ciernes, ni lo habrá,
mientras no se reduzca de manera drástica, bien por reestructuración o
bien por extinción, nuestro volumen de deuda total.
Tenemos un
volumen de deuda privada y pública que no se va a poder pagar, salvo que
se pretenda arruinar las expectativas de vida de los españoles –ya
están en ello-. Lo que empezó siendo un problema de deuda privada ha acabado contaminando definitivamente a la deuda pública.
Las dinámicas de ambas están fuera de control. Bajo este escenario,
quien financió la mayoría de esta deuda, el sistema bancario, es
insolvente.
En este contexto diversas voces urgen identificar qué
parte de nuestra deuda pública es ilegítima, cómo y por qué se ha
generado. Y una vez identificada, proponer como extinguirla
¿Qué es la deuda ilegítima?
La deuda ilegítima sería aquella deuda contraída por un gobierno, creada y utilizada contra los intereses de los ciudadanos del país.
Dicha deuda entonces no tendría por qué ser pagada. Legalmente el
concepto es análogo a la nulidad de los contratos firmados bajo
coacción.
Técnicamente se consideraría deuda ilegítima aquella
deuda emitida por las administraciones públicas cuyos fondos se destinan
no a sufragar gastos operativos corrientes o de capital, sino a ser
nuevamente prestados a terceros.
Sin embargo, también debería incluirse dentro del concepto de deuda ilegítima toda
aquella obra pública inútil, muy extendida en nuestro país por los
distintos gobiernos de turno, y aquella cuyo coste final supere con
creces lo recogido y asumido por las partes en los distintos concursos
públicos.
Estas últimas podrían considerarse personales,
debiendo responder quienes las hayan contraído -bien sea el presidente
del Gobierno o de una comunidad autónoma, el alcalde de turno, el
gobernador del Banco Central…- y no el Estado en su conjunto y por tanto
los ciudadanos.
Auditoría de la deuda
El
objetivo sería calcular la parte de la deuda generada no con la
finalidad de cubrir déficits públicos no financieros. El origen de esta
conducta es que el Estado pide prestado para luego, a su vez, prestar a
terceros y favorecer a intereses privados espurios al margen de la
ciudadanía.
Se trataría de repudiar todas aquellas deudas
contraídas por las administraciones públicas a espaldas a sus
ciudadanos, sin su consentimiento y con fines de enriquecimiento personal
o de enriquecimiento corporativo.
Estas deudas en última instancia
conllevan un empeoramiento de los servicios públicos y el sometimiento
de la ciudadanía a una represión social y política y, en definitiva, en
contra de los intereses de los propios ciudadanos.
Los cálculos
realizados en nuestro país para el periodo 2008-2013 se aproximarían a
los 250.000 millones. No hubiese hecho falta implementar ningún recorte
en sanidad, educación, o jubilación, ni haber sometido a la población
española al mayor empobrecimiento de los últimos 40 años.
Sin embargo, no se preocupen, tal auditoría no se va a hacer. Los distintos lobbies oligopolistas
beneficiados de estas prácticas –bancario, eléctrico,
telecomunicaciones, constructor…- han actuado en connivencia con el
aparato político, y ambos tendrían mucho que perder. Además controlan la
inmensa mayoría de los medios de comunicación, salvo muy honrosas
excepciones. (...)
En nuestro país la mayor parte de la deuda ilegítima se deriva de un
acuerdo tácito entre el Banco Central, el Tesoro público y la banca
privada. Según el mismo, esta última, la banca, insolvente y zombi, se
rescata con dinero de los contribuyentes –FROB, EPAs, SAREB…-, y se
financia a coste cero en el BCE, con colaterales cada día de peor
calidad.
A cambio presta al Estado porque es la única forma de que tiene
de generar beneficios en un contexto de mora en máximos (13% del total
de créditos según cifras oficiales, 23% mora real) y nula actividad
crediticia al sector privado.
Si realmente queremos dejar
atrás lo peor de la crisis será necesario, aunque no suficiente, un
proceso de reestructuración de nuestra deuda.(...)" (La deuda pública ilegítima de España, de Juan Laborda en vozpopuli.com, en Caffe Reggio, 13/02/2014)
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