"Por si no tuviéramos pocas
razones para la indignación, en la última semana hemos asistido al
anuncio de rescate de la mayor parte de las “nuevas” autopistas de
peaje. La operación probablemente se llevará a cabo por medio de la
creación de una sociedad de capital público cuyo activo serán las nueve
autopistas quebradas y con la deuda “rescatada” en el pasivo.
Sobre las cifras del rescate
se barajan distintas magnitudes dependiendo de quién las publique: una
deuda en el momento actual de alrededor de 4.600 millones de euros, de
la que el gobierno pretende una quita del 50% -supondría 2.400 millones
de euros- a la que habría que sumar unos 1.800 millones de euros que
quedan pendientes de pagar a los propietarios de los terrenos
expropiados, lo que podría suponer un total de 4.200 millones de euros. (...)
Lo primero que hay que decir que todas estas infraestructuras se
idearon, planificaron y gestaron durante los gobiernos de Aznar, en una
suerte de frenesí constructor que contribuyó a alimentar la burbuja que
desembocó en la crisis actual y que ha sido la excusa para que desde
distintos países e instituciones se hablara de que en España habíamos
vivido por encima de nuestras posibilidades. (...)
La idea del gobierno de Aznar, recogida en el preámbulo de la citada Ley 13/2003 era que “El
desarrollo económico sostenido y la mejora de la calidad de vida no
pueden desvincularse de la creación de infraestructuras (…).
Con esa
idea, y el beneplácito del gobierno central y autonómico, de Esperanza
Aguirre, se creó el despliegue de kilómetros de autopista socialmente
más inútil de la historia de nuestro país. Tanto la idea como la
ejecución fue un despropósito sin ninguna justificación política:
. La idea inicial era totalmente cuestionable porque no suponía una
mejora para el conjunto de la ciudadanía ni mejoraba la capacidad
productiva más que de una forma absolutamente marginal.
Las radiales de
Madrid se hicieron para facilitar que las personas que tenían que ir a
Madrid y tuvieran unos recursos muy por encima de la media (el coste de
ida y vuelta 20 días laborables puede llegar a superar los 350€)
pudieran hacerlo de forma rápida y sin atascos. También se pretendía
facilitar el tráfico de mercancías. (...)
En definitiva, la cuestión es que ahora nos encontramos con que una vez
más hay que socializar las pérdidas, empleando unos recursos valiosos
para la supervivencia de muchas personas, y hacerlo a costa de una
mayoría de ciudadanos que en ningún caso pudieron beneficiarse de esas
infraestructuras ni podrán hacerlo porque, aunque ahora se decidiera que
fueran de uso público gratuito, no tienen coche ni dinero para
gasolina…" (Econonuestra, Público, 04/04/2014)

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