"La Generalitat catalana va a obligar a los bancos a pagar entre 500 y
1.650 euros anuales por cada piso que mantienen vacío. Con eso calculan
recaudar entre 8 y 25 millones que se destinarán a vivienda de alquiler
social.
Resulta ridículo que nos intenten apaciguar la rabia con este tipo de anuncietes cuando el rescate a la banca, que hemos pagado y seguiremos pagando los españoles, alcanza cifras que ni siquiera los economistas son capaces de alumbrar. (...)
Mantener un piso vacío le va a costar a los bancos (y solo en Cataluña) más o menos lo que muchos trabajadores pagan de luz en el mismo periodo. A muchos estudiantes les acaban de privar de becas que no igualan esa cantidad.
Y ayer el Gobierno reconoció que va a recortar a los pensionistas 3.000 millones de euros de aquí a 2017. Esta sí que me parece una buena cifra. Y no tan larga me fiáis la fecha. (...)" (Aníbal Malvar, Público, 03/05/2014)
"El Gobierno catalán atará corto a los dueños de las viviendas vacías, que estarán obligados a inscribirlas en un registro público dependiente de la Agencia de Vivienda.
El objeto de este censo, en el que la Generalitat podrá inscribir pisos de oficio, es el cobro de un impuesto sobre las casas que lleven más de dos años desocupadas.
Resulta ridículo que nos intenten apaciguar la rabia con este tipo de anuncietes cuando el rescate a la banca, que hemos pagado y seguiremos pagando los españoles, alcanza cifras que ni siquiera los economistas son capaces de alumbrar. (...)
Mantener un piso vacío le va a costar a los bancos (y solo en Cataluña) más o menos lo que muchos trabajadores pagan de luz en el mismo periodo. A muchos estudiantes les acaban de privar de becas que no igualan esa cantidad.
Y ayer el Gobierno reconoció que va a recortar a los pensionistas 3.000 millones de euros de aquí a 2017. Esta sí que me parece una buena cifra. Y no tan larga me fiáis la fecha. (...)" (Aníbal Malvar, Público, 03/05/2014)
"El Gobierno catalán atará corto a los dueños de las viviendas vacías, que estarán obligados a inscribirlas en un registro público dependiente de la Agencia de Vivienda.
El objeto de este censo, en el que la Generalitat podrá inscribir pisos de oficio, es el cobro de un impuesto sobre las casas que lleven más de dos años desocupadas.
Así lo prevé el anteproyecto de ley de este tributo,
que este viernes salió a información pública y que prevé un tipo
impositivo que va de los 500 a los 1.650 euros anuales por vivienda
vacía, dependiendo del volumen de propiedades que posea la empresa o
entidad financiera.
El borrador de la ley justifica el impuesto en el “incumplimiento de
la función social de la propiedad” que supone acumular pisos vacíos. Se
trata del mismo argumento que empleó el tripartito para crear la figura
del alquiler forzoso, que CiU eliminó al llegar al poder en 2011
mediante la ley Ómnibus.
De hecho, el texto recuerda que la ley del
Derecho a la Vivienda ya introdujo medidas coercitivas para movilizar
pisos desocupados y resalta que Dinamarca, Reino Unido o Francia también
prevén un gravamen similar.
El impuesto, recogido en los acuerdos de legislatura de CiU y ERC, se
aplicará en los 70 municipios que el Plan Territorial Sectorial de
Vivienda concluye que tienen una demanda “fuerte y acreditada”.
El
Departamento de Territorio y Sostenibilidad, que ha impulsado la medida,
estima que en Cataluña hay cerca de 80.000 casas de obra nueva sin
vender, de las que 15.000 están en estas localidades.
El parque de vivienda asequible de la Generalitat cuenta hoy con unos
14.000 pisos, por lo que si la medida funciona se podría llegar a
duplicar la oferta de pisos sociales. Además, a este paquete hay que
añadir las viviendas usadas que no tengan inquilino.
El decreto afecta a “personas jurídicas”, de las que solo exime a
Administraciones públicas y entidades del tercer sector. Sin embargo, va sobre todo destinado a movilizar las viviendas que puedan estar reteniendo las entidades financieras y el banco malo
cuando solo el año pasado unos 15.000 ciudadanos perdieron su casa.
Fuentes del sector añaden que ahora pueden estar también en manos de
fondos de inversión, que han comprado carteras de créditos morosos y
algunos paquetes de inmuebles.
El tipo impositivo cuenta con tres tramos graduales y se sitúa
finalmente entre los 500 y 1.650 euros anuales por vivienda. A las
empresas que posean hasta 120 viviendas vacías se les aplicará unos 500
euros por unidad; para el tramo entre 120 y 600 pisos el tipo será de
825 euros, y por encima de los 600, de 1.650 euros anuales. No se
tendrán en cuenta las viviendas que tengan más de 120 metros cuadrados.
El anteproyecto contiene bonificaciones en el caso de que las
entidades tengan pisos con alquiler social, que deberán ser reconocidos
por la Generalitat. El descuento mínimo es de entre el 5% y el 10% en la
cuota a pagar y alcanza el 75% si la empresa tiene más del 40% de su
cartera de vivienda en régimen de alquiler. En el caso que tenga el
doble de pisos arrendados con precios asequibles que vacíos, no deberá
abonar nada.
El borrador también fija que el impuesto tiene “carácter finalista”.
Es decir, lo que se recaude con él —entre 13 y 25 millones, de acuerdo
con las previsiones— se destinará a políticas de vivienda, en especial
en los 70 municipios donde se aplique la medida. La norma entrará en
vigor tras su publicación oficial, pero el Ejecutivo espera poner en
marcha el tributo el 1 de enero de 2015." (
Lluís Pellicer
El País Barcelona
2 MAY 2014)
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