"(...) Señalábamos
antes las limitaciones que la crisis por sobreendeudamiento impone al
Gobierno español, tanto por el componente privado y mayormente externo
de los compromisos de pago como por la pertenencia a una unión monetaria
donde cualquier decisión se ve complicada al compartir área acreedores y
deudores (Sanabria, 2012).
Pero las limitaciones no implican que
no que no haya otras opciones. Hay alternativas incluso desde la moneda
única. El primer paso sería revertir las políticas de recortes. No
existe evidencia empírica alguna de crisis de deuda solventada vía
austeridad. Al revés, la resolución de todas ha implicado políticas
expansivas, indispensables para reanimar la economía.
Asimismo, todas
las crisis de deuda se han resuelto también con mayor inflación y alguna
forma de impago. La prioridad de los ajustes no es garantizar la
recuperación económica, sino los pagos a los acreedores eludiendo su
responsabilidad como tales.
Por tanto, se trata de decir “no” al ajuste y
ejercer el poder como deudor (Medialdea y Sanabria, 2012). Cualquiera
que fuese la reacción de la troika nunca será peor que mantener el statu quo vigente; y a la parte acreedora tampoco le interesa ir demasiado lejos en su réplica.
Si
como hemos dicho la crisis es bancaria, será esencial resolver la
situación de las entidades y determinar las causas para evitar su
repetición, lo que hace necesario revertir el proceso de liberalización y
desregulación financiera. Poner fin al chantaje que implica el
«demasiado grande para caer» de los bancos.
En cuanto al saneamiento de
entidades encontramos un buen ejemplo en el caso sueco[5] tras la crisis
bancaria de 1992. Sintéticamente, se aplicó un modelo bail-in,
es decir: los costes para su recapitalización parten en primer lugar de
los accionistas y bonistas propietarios de esos bancos.
La parte
restante del agujero patrimonial no cubierta por los capitalistas es
aportada por el Estado. Ninguna crisis bancaria sale gratis para los
contribuyentes, pero al menos en este caso el Estado ejerció como nuevo
propietario despidiendo a la antigua junta directiva.
El caso de
Islandia fue similar en este sentido, en la medida en que los
propietarios de los bancos también participaron en costear la
recapitalización de las entidades rescatadas y el Estado pasó a ejercer
control sobre ellas. Pero añade otro factor al que nos referíamos en el
Gráfico 5: Las autoridades fueron conscientes de que no se resolvería la
situación bancaria sin atender a la población.
Por ello se han aprobado
quitas para deudas hipotecarias superiores al 110% del valor del
inmueble.
Más atrás en el tiempo, durante la Gran Depresión, el
presidente estadounidense Roosevelt puso en marcha un programa de
reestructuración de la deuda de los hogares creando un banco malo, Home
Owners’ Loan Corporation (HOLC), que compraba las casas hipotecadas a
precios inferiores a los apuntado en libros y renegociaba con las
familias las condiciones de pago en función de sus posibilidades.
Aparte
de atender al drama social de los desahucios, al final de su actividad,
en 1953, la HOLC registraba beneficios netos.
Con respecto a la
deuda pública también hay alternativas. En primer lugar revertir el
actual orden de prioridades para hacer primar los derechos sociales
básicos frente al pago de la deuda, e impulsar políticas de inversión
pública sostenible y redistribución de la renta.
Asimismo, es
imprescindible realizar quitas sobre las deudas hipotecarias de los
hogares atendiendo a su capacidad de pago, con el objetivo explícito de
que no se queden sin vivienda.
Paralelamente, el parque inmobiliario que
concentra la SAREB puede ser utilizado para crear un parque público de
viviendas de alquiler social. Se consigue con ello atender a una demanda
social urgente, mientras se detiene la deflación en el precio de la
vivienda y se frena el deterioro en los activos bancarios.
Se requiere
asimismo de una auditoría de la deuda pública, a fin de determinar qué
parte puede ser considerada ilegítima. Esta auditoría de la deuda ya fue
aplicada en Ecuador y abrió un proceso de renegociación de la deuda que
supuso un ahorro estimado en 7.200 millones de dólares.
En
definitiva, se trata tan solo de algunas experiencias donde se
priorizaron los derechos de los deudores frente al interés de los
acreedores. Y lejos de resultar un desastre, permitieron a estas
economías salir adelante y evitar el círculo vicioso de endeudarse para
pagar la deuda.
Se trata de algo conocido ya desde la Antigüedad con la
celebración de jubileos. Se entendía entonces que, en determinadas
situaciones, la opción del impago resultaba la menos perjudicial para
todas las partes." (Bibiana Medialdea y Antonio Sanabria, Attac España, 25/04/2014. Este artículo se encuentra incluido en el informe Precariedad y
Cohesión Social, publicado por la Fundación FOESSA y Cáritas,
disponible aquí)
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