"(...) A menudo numerosas organizaciones civiles así como determinadas
agrupaciones políticas le han exigido al Gobierno español (tanto del PP
como del PSOE) instaurar y desarrollar una banca pública. La idea
esencial es que de esta forma la banca pública podría financiarse de
forma barata en el BCE y luego volver a prestar el dinero al Estado o a
cualquier administración pública pero al mismo coste, mucho más reducido
que el que tiene que asumir por pedir dinero a la banca privada (puesto
que por su carácter privado necesita obtener beneficios para
sobrevivir, algo que no le ocurre a una entidad pública). Sin embargo, ningún
Gobierno ha querido escuchar las demandas, alegando que la banca
pública es cosa del pasado y mucho más ineficaz, costosa e ineficiente
que la banca privada.
Pero eso de cara a la galería, claro, porque el Gobierno de Rajoy
hace tiempo que decidió recurrir a lo poco de banca pública que aún
queda en España para intentar sortear los obstáculos que le impone la
banca privada. Eso sí, por la puerta de atrás para que nadie le
pueda echar en cara que se esté aprovechando de las ventajas de la banca
pública cuando no se cansan de repetir que ésta sólo presenta
inconvenientes frente a la privada.
A comienzos de 2012, en plena crisis de la deuda pública, cuando la
prima de riesgo alcanzó cotas inimaginables y cuando el coste de
financiación de las administraciones públicas era estratosférico, al
Gobierno de Rajoy se le ocurrió que podían utilizar una entidad pública
de crédito (el Instituto de Crédito Oficial –ICO–) para que las
administraciones públicas se financiaran.
El punto 2 del artículo
mencionado aclara que la prohibición no afecta a las entidades públicas
de crédito, por lo que éstas pueden obtener dinero a un coste reducido
en el BCE y luego utilizarlo para prestarlo a cualquier agente
económico, también a un precio reducido.
Por lo tanto, el ICO acudió
en 2012 a la ventanilla del BCE para pedir prestados 20.000 millones de
euros con los que financió al Estado y a las comunidades autónomas. Un atajo muy útil para obtener financiación a un coste bajo.
Pero no quedó ahí la cosa. En 2013 y 2014 los problemas de
financiación de las administraciones locales se redujeron notablemente,
por lo que no fue necesario volver a acudir a este pequeño banco
público. Sin embargo, lo que sí seguía (y sigue) suponiendo un grave
problema es que los bancos privados apenas dan préstamos a las familias y
empresas.
De nuevo al Gobierno de Rajoy se le ocurrió una excelente
idea: recurrir otra vez a la banca pública. Durante todo 2013 el ICO
ofreció créditos por valor de 22.000 millones de euros a las empresas.
Hasta mediados de septiembre de 2014 la entidad pública de crédito ha
concedido 14.630 millones de euros en más de 197.000 operaciones, más
del doble que durante el mismo período del año anterior.
Precisamente ésta es la explicación de que el hundimiento del crédito en España se haya frenado desde 2013(aunque
la caída continúa). Lo llamativo de esto es que el Gobierno venda como
una buena noticia que 2013 y 2014 no estén siendo años tan malos en
cuanto a créditos a familias y empresas, sin especificar que ha sido
gracias a un banco público.
La hipocresía de este Gobierno es máxima: reniega oficialmente de
la banca pública por considerarla peor herramienta que la banca privada
pero al mismo tiempo recurre a los canales de la primera cuando la
segunda resulta inservible o muy costosa.
Todo esto no hace sino
reforzar la idea de que para poder gestionar la economía de forma que
sea útil a la mayoría de la población necesitamos una potente banca
pública que permita una mejor financiación bancaria, a menor coste y sin
necesidad de hacer de oro a una minoría de la población a costa del
resto." (Eduardo Garzón
, Saque de esquinq, 10 October, 2014)
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