"No hay plena consciencia en la cultura política y mediática dominante en
España del significado de la reforma constitucional que realizó el
gobierno socialista, presidido por el Sr. Zapatero, en colaboración con
el mayor partido de la oposición entonces, el Partido Popular, presidido
por el Sr. Rajoy.
Esta reforma, conocida como la “reforma express” (por
la rapidez con la que se hizo), fue un indicador claro de las
limitaciones que el bipartidismo significa para la buena salud y calidad
del sistema democrático español. La reforma se aprobó en muy poco
tiempo y con escasísimo debate, a pesar de que ha sido una de las
medidas tomadas por el estado español más importantes (y más
perjudiciales) en contra del ya escasamente financiado Estado del
Bienestar español.
En realidad, la reforma ha dificultado muchísimo la
posibilidad de corregir el enorme déficit de gasto público social que
tiene España, uno de los déficits más grandes que existen en la Unión
Europea de los Quince (UE-15), el grupo de países de la UE más
semejantes a España en nivel de desarrollo económico.
España se gasta en
las transferencias (como las pensiones) y en los servicios públicos del
estado del bienestar (como sanidad, educación, servicios sociales,
vivienda social, escuelas de infancia o servicios sociosanitarios) mucho
menos de lo que se debería gastar por el nivel de riqueza que tiene. Al
inicio de la crisis, su PIB per cápita era el 94% del promedio de la
UE-15, mientras que su gasto público social per cápita era solo el 74%
del promedio del gasto público social per cápita de la UE-15.
Nos
gastábamos, por lo tanto, la friolera de 66.000 millones de euros menos
de lo que deberíamos gastarnos por nuestro el nivel de riqueza. Y las
políticas de austeridad, con los enormes recortes de gasto público
social que han llevado a cabo tanto el gobierno Zapatero como el
gobierno Rajoy, han empeorado todavía más esta situación, situación que
ha pasado a “estar escrita en piedra” por la reforma constitucional
aprobada por los dos grandes partidos. Esta reforma del artículo 135 de
la Constitución prácticamente impide que pueda resolverse este enorme
déficit de gasto público social.
Este cambio, promovido por lo que se
conoce como la Troika (el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco
Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea) y por el gobierno alemán
presidido por la canciller Angela Merkel, se realizó como consecuencia
de la influencia del pensamiento neoliberal, dominante en los
establishments financieros y económicos europeos (incluyendo los
españoles) que asumían que la Gran Recesión era resultado del excesivo
gasto público de los países miembros de la UE (y muy en particular de
los países periféricos).
Esta interpretación de la causa de la Gran
Recesión se estuvo reproduciendo en la gran mayoría de medios de
información y persuasión, influenciados, cuando no controlados, por
aquellos establishments financieros y económicos, a pesar de que la
evidencia empírica mostraba y continúa mostrando la falsedad de estas
interpretaciones.
En realidad, los países periféricos, llamados GIPSI
(Grecia, Irlanda, Portugal, España e Italia), estaban entre los que
tenían un gasto público social más bajo, siendo España uno de ellos. La
doctrina (en realidad dogma) neoliberal nunca ha sido muy permeable a
los datos, ignorándolos, cuando no ocultándolos, cuando estos datos
contradicen los supuestos en los que se sustenta su fe.
¿En qué consistió tal reforma constitucional?
El establecimiento del euro se hizo
bajo una serie de condiciones, todas ellas muy favorables al capital
financiero (que es una manera de definir a las instituciones
financieras, como la banca, que ejercen una enorme influencia sobre las
instituciones políticas y mediáticas del continente europeo).
Una de las
condiciones fue escrita en el Pacto de Estabilidad, al título del cual
se añadió el término crecimiento, a pesar de que las medidas que se
impusieron para garantizar la estabilidad monetaria dificultaban
enormemente el crecimiento económico, tal como los datos han mostrado
claramente. El crecimiento económico ha descendido en la UE-15 desde que
se estableció el euro.
Dicho Pacto establecía que el déficit
público (es decir la diferencia entre lo que el estado ingresa y lo que
gasta) no podía ser mayor que un 3% del PIB y que la deuda pública (lo
que el estado debe como resultado de haber pedido prestado el dinero
gastado) no debía ser mayor que un 60% del PIB. Entre 2002 y 2007, el
promedio del déficit público en los países de la UE-15 fue de menos de
un 2% del PIB.
En realidad, en España, cuando se inició la Gran
Recesión, no había déficit sino superávit y la deuda pública era solo de
alrededor del 40% del PIB. Decir –como muchos gurús mediáticos con
chaquetas llamativas o sin ellas hacen- que la causa de la Gran Recesión
era el excesivo gasto público era una enorme falsedad, lo cual no fue
un obstáculo para que los mayores fórums mediáticos promovieran esta
explicación.
La escasa variedad ideológica en los medios y la falta de
medios de información críticos explica la baja calidad de la información
provista pues auténticas barbaridades se enunciaban –y continúan
enunciándose- sin dar la oportunidad de poder mostrar su error y/o
falsedad.(...)
Esta reforma es equivalente a pedirle a
una familia que en cada momento o periodo sus gastos tengan que ser
iguales a sus ingresos. Cualquier lector podrá entender que una familia
tiene que poder estar endeudada, para pedir prestado dinero y comprar
una casa, pagar los gastos de educación de sus hijos y un largo
etcétera. Pues una situación idéntica ocurre con el Estado.
Este, ya sea
a nivel central, autonómico o local, tiene que poder endeudarse para
invertir en el futuro, en las estructuras físicas y sociales del país,
de manera que la España que los hijos y nietos hereden sea mejor a la
actual. La reforma constitucional dificulta esto enormemente. Y de todo
esto no se ha informado adecuadamente a la población.
Como bien escriben los Profesores
Philip Arestis (Director de Investigación del Center for Economic and
Public Policy de la Universidad de Cambridge) y Malcolm Sawyer (de la
Universidad de Leeds y Director de la prestigiosa revista International
Review of Applied Economics), tal reforma constitucional es un DESASTRE
(así es como la definen en “The Eurozone Balanced-Budget Disaster” de
enero de 2014).
Es el ataque más frontal al estado del bienestar, no
solo imposibilitando a España corregir su enorme déficit, sino
imponiendo mayores recortes y subfinanciación, todo ello para gloria (y
beneficio) del capital financiero y empresarial.(...)" (Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 21 de agosto de 2014., en vnavarro.org, 21/08/2014)
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