" (...) ¿Qué pasará si Syriza, una vez en el gobierno, decidiera tomar
literalmente el artículo 7 de un reglamento adoptado en mayo de 2013 por
la Unión Europea para los países sometidos a un plan de ajuste
estructural?
He aquí el texto completo del punto 9 del citado artículo
7:
“Un Estado miembro sometido a un programa de ajuste macroeconómico
efectuará una auditoría exhaustiva de sus finanzas públicas a fin, entre
otras cosas, de evaluar las razones por las que se ha incurrido en
niveles excesivos de endeudamiento y de detectar cualquier posible
irregularidad.”(1)
El gobierno de Antonis Samaras se abstuvo de aplicar esta disposición
del reglamento a fin de ocultar a la población griega los verdaderos
motivos del aumento de la deuda y las irregularidades vinculadas al
respecto. En noviembre de 2012, el Parlamento dominado por la derecha
había rechazado la moción presentada por Syriza para la creación de una
comisión de investigación sobre la deuda, con 167 votos en contra, 119 a
favor y cero abstenciones.
Está claro tras una victoria electoral de Syriza, el gobierno que se
forme bajo su liderazgo podría perfectamente tomarle la palabra a la
Unión Europea al constituir una comisión de auditoría de la deuda (con
participación ciudadana) con el propósito de analizar el proceso de
endeudamiento excesivo de Grecia para desvelar las posibles
irregularidades e identificar las partes que sean ilegales, ilegítimas,
odiosas… de esa deuda.
La deuda griega, que representaba el 113 % del PIB en 2009 antes del
estallido de la crisis en el país y la intervención de la Troika, que
posee 4 / 5 partes de esa deuda, pasó al 175 % del PIB en 2014. Por
tanto, a la intervención de la Troika le ha seguido un aumento muy
fuerte de la deuda griega.
A partir de 2010 y hasta 2012 los créditos concedidos por la Troika a
Grecia sirvieron en gran parte para rembolsar a los acreedores durante
ese período, a saber, los bancos comerciales de las principales
economías de la UE, comenzando por las entidades alemanas y
francesas.(2) Cerca del 80 % de la deuda griega en 2009 estaba en manos
de bancos comerciales de países de la UE. Entre estos, solo los bancos
alemanes y franceses mantenían en torno al 50 % del total de títulos
públicos griegos.
Una auditoría de la deuda griega mostrará que los bancos comerciales
europeos aumentaron con intensidad sus créditos a Grecia entre finales
de 2005 y 2009 (los créditos se incrementaron en más de 60 mil millones
de euros, pasando de 80 mil millones a 140 mil millones) sin considerar
la capacidad de Grecia para devolverlos. Los bancos actuaron de manera
temeraria, convencidos de que las autoridades europeas vendrían en su
auxilio en caso de problema.
La auditoría mostrará que el presunto plan de rescate a Grecia puesto
en marcha por las autoridades europeas con la ayuda del FMI, ha
permitido en realidad que los bancos de algunos países europeos con un
peso decisivo en las instancias europeas, continúen recibiendo los
reembolsos de Grecia transfiriendo el riesgo a los Estados a través de
la Troika. No es Grecia quien ha sido rescatada, sino un puñado de
grandes bancos comerciales europeos implantados principalmente en los
países más fuertes de la UE.
La auditoría analizará la legitimidad del plan de rescate. ¿Resulta
este conforme a los tratados de la UE (principalmente el artículo 125,
que prohíbe a un Estado miembro hacerse cargo de los compromisos
financieros de otros Estados miembros)? Los prestamistas públicos en
2010 (es decir, los 14 Estados miembros que concedieron préstamos a
Grecia por un total de 53 mil millones de euros, el FMI, el BCE, la
Comisión Europea, etc.), ¿han respetado el principio de autonomía de la
voluntad del prestatario, a saber Grecia?
¿O se han beneficiado de su
angustia ante los ataques especulativos de los mercados financieros para
imponerles contratos que van en contra de su propio interés? Estos
prestamistas, ¿han impuesto condiciones leoninas, sobre todo al exigir
para su devolución tipos de interés exagerados?(3)
Se trata asimismo de auditar la acción del FMI. Sabemos que en el
seno de la dirección del Fondo varios directores ejecutivos (en especial
el de Brasil y el de Suiza) mostraron grandes reservas con respecto al
préstamo acordado por el FMI, afirmando sobre todo que Grecia no sería
capaz de devolverlo dadas las políticas que le eran impuestas.(4) (...)
La auditoría deberá demostrar que las medidas dictadas por los
acreedores constituyen regresiones manifiestas en el ejercicio de los
derechos humanos fundamentales y la violación flagrante de una serie de
tratados.
Se pueden identificar importantes irregularidades. En
consecuencia, la comisión encargada de la auditoría podrá emitir una
opinión argumentada acerca de la legalidad, la ilegitimidad e incluso la
nulidad de la deuda contratada por Grecia con la Troika." (Éric Toussaint, Attac 14/01/2015, Artículo publicado en Público.es)
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