"(...) No deja de resultar paradójico que la institución que goza de un
estatuto en extremo riguroso, prohibiendo toda injerencia política en su
funcionamiento y en sus decisiones, se haya convertido en el organismo
con más contenido político de la Eurozona, al imponer a los gobiernos
las medidas y la política económica que tienen que seguir.
Así ocurrió
cuando intervino en los mercados a favor de la deuda italiana y
española. Jean-Claude Trichet, entonces presidente del BCE, en sendas
cartas a los gobiernos de ambos países impuso como condición para su
intervención el establecimiento de una serie de medidas, todas del mismo
signo ideológico, tales como la reforma de las relaciones laborales,
retrocediendo de esta manera hacia un mercado de trabajo ultraliberal al
estilo del siglo XIX.
En los momentos presentes, la actuación del BCE respecto a Grecia
está desmintiendo una vez más su teórica asepsia al arrogarse un rol
netamente político intentando obligar al nuevo Gobierno a que desista de
sus proyectos y promesas electorales y que asuma la política y los
compromisos de sus antecesores.
Para ello utiliza como rehenes a los
bancos griegos y suspende la posibilidad de que estos acudan a su línea
de financiación barata a través del descuento de bonos soberanos.
Colabora así al chantaje para que se ignore la voluntad de la sociedad
griega, pero descubre al mismo tiempo la falacia que se esconde tras la
llamada unión bancaria, porque si esta fuese real todos los bancos
serían europeos y su cuidado, solvencia y correcto funcionamiento sería
responsabilidad del BCE, con lo que no se entendería que fuese
precisamente esta institución la que pusiese en peligro la viabilidad de
un grupo de ellos.
En esto, como en casi todas las facetas de la UE,
rige el principio de asimetría, ya que mientras la competencia de
supervisión se atribuye al BCE las consecuencias de una posible quiebra
han de asumirlas los Estados nacionales. (...)" (
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