"Cuando Ruiz-Gallardón llegó al Ayuntamiento traía consigo una serie
de proyectos que se hicieron realidad a lo largo de los primeros años.
El soterramiento de la M-30; cambiar un edificio austero del siglo XVII,
antigua cárcel, por un majestuoso palacio del siglo XX; conseguir la
elección de Madrid como sede olímpica; remodelar el eje Prado-Recoletos…
Proyectos todos ellos con un denominador común, cemento y, por lo
tanto, dinero para las empresas constructoras.
Ya lo dijo Cristina
Almeida cuando se le propuso como candidato a Alcalde: “Hace obras que
benefician a los ciudadanos, pero que más benefician a los intereses que
representa. Le gusta echar cemento, escuchar música a solas o con sus
interesados amigos”.
Nunca salieron las cuentas. La M-30 pasó de un coste de 1.700
millones de esuros a más de 6.000; la Caja Mágica, de 120 millones a
294; el Centro Acuático comenzó con 137, y ya va por 192 y lo que le
queda.
Pero también se derrochó dinero en las sedes municipales y obras
en Cibeles: en 2010 se estimaba que el montante anual de alquileres se
elevaba a 52 millones, mientras que la reforma de Cibeles estuvo en
torno a 500 millones. Madrid pasó a ser la ciudad más endeudada de
España.
Y llegó la crisis, golpeó de lleno a España y en Madrid hubo que
echar el freno a las inversiones faraónicas, al engrosamiento de la
cúpula municipal, al derroche generalizado…
Habría estado bien, pero no
fue así. Cuando Rodríguez Zapatero decreta un ahorro de 1.200 millones
por parte de las Comunidades Autónomas, Ruiz-Gallardón, en un alarde de
generosidad, comunica que el Ayuntamiento de Madrid va a ahorrar 1.000
millones paralizando todas las inversiones que no estuvieran
adjudicadas.
¿De qué inversiones hablaba? ¿Ya no se iba a construir la
Ciudad Olímpica? ¿O no se iba a reformar la Peineta? ¿Quizá se
paralizaría el Eje Prado-Recoletos?… Nada más lejos de la realidad, las
inversiones afectadas eran las que aportaban menos al proyecto del PP:
equipamientos sociales, escuelas infantiles, remodelación de calles en
los barrios, inversión en equipamientos culturales…
Se recortaron subvenciones a las Asociaciones vecinales, culturales,
deportivas, se incrementaron requisitos para recibir ayudas sociales, se
vendieron inmuebles municipales para poder seguir pagando los
alquileres. (...)
El resultado es que se paga un 30% más por un servicio prestado hasta
hace poco por el Ayuntamiento de manera directa. Además a la hora de
concursar prima la oferta más barata sobre la calidad, lo que produce
que la reducción de la oferta sea proporcional a la reducción de la
calidad del servicio y de la plantilla que lo presta. (...)" (Yolanda Rodriguez, eldiario.es, 27/03/2015)
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