"Hace unos años las disputas legales
de multinacionales contra países en desarrollo solían girar en torno a
la confiscación de sus inversiones.
Pero ahora los inversores
también demandan cuando los países expiden leyes que de un modo u otro
afectan la rentabilidad de los negocios de las multinacionales.
Los
tratados de inversión vigentes o en negociación tienen cláusulas que
permiten a las empresas demandar a los gobiernos por una disminución de
sus "expectativas de ganancias" provocada por cambios políticos o
regulatorios.
Utilizan un instrumento legal conocido como Investor State Dispute Settlement
(Resolución de Disputas de Inversionistas y Estados, o ISDS, por sus
siglas en inglés), y llevan sus disputas ante tribunales de arbitraje
como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial.
Según Javier Echaide, vicepresidente de la Comisión de Auditoría
integral de Tratados de Inversión y Sistema de Arbitraje (CAITISA) del
Ecuador, con esto se pone el derecho de las empresas y sus accionistas
por sobre el de gobiernos elegidos democráticamente.
"Es garantizar una inversión más allá de lo que hagan las empresas o lo que suceda en el país", señaló a BBC Mundo. (...)
1 – Phillip Morris versus Uruguay
En
2010 Uruguay aumentó el tamaño de la fotografía sobre el efecto nocivo
del alto consumo de tabaco en los paquetes de cigarrillos y restringió a
las tabacaleras a la venta de un solo producto por marca.
A pesar de que la medida implementaba el Acuerdo Anti-Tabaco de la
Organización Mundial de la Salud, la transnacional suiza Philip Morris
argumentó que significaba una "expropiación indirecta" de sus
"expectativas de ganancias" y utilizó el Tratado Bilateral de
Suiza-Uruguay para iniciar una demanda ante el CIADI.
Según la compañía, que lleva adelante acciones similares contra Australia y Noruega, es "injustificado" el cambio de política.
"Lleva
mucho tiempo e inversión crear el prestigio de una marca que Uruguay y
Australia han dañado con su política", alegó Philip Morris.
2 – Vattenfal versus Alemania
En
2011 poco después del accidente nuclear de Fukushima en Japón y una ola
de manifestaciones contra la política nuclear germana, el parlamento
alemán enmendó la ley de energía atómica a fin de cerrar todas las
plantas nucleares para 2022.
La enmienda contemplaba el cierre permanente de las plantas más antiguas – teóricamente las menos seguras.
En esta clasificación se encontraban dos plantas de la estatal sueca Vattenffal.
En octubre del año pasado Vattenfal inició una demanda contra el gobierno alemán en la CIADI por el cierre de estas plantas.
Según la compañía solo en 2011 la medida significó una "pérdida de ganancias esperadas" de US$1,5 mil millones.
3 – Lone Pine contra Canadá por moratoria del fracturamiento hidráulico
Canadá está siendo demandada por una compañía de su propio país, Lone Pine, que cambió su sede central a Estados Unidos para invocar el capítulo 11 del acuerdo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA en inglés) de "protección a los derechos de los inversores".
Este capítulo estipula que las compañías
internacionales tienen derecho a demandar a los gobierno por leyes y
políticas que dañen las ganancias de las corporaciones.
Según Lone
Pine, la decisión del estado de Quebec de decretar una moratoria para
la Fractura Hidráulica de gas natural, es "arbitraria, caprichosa,
ilegal e inconsulta" y constituye una expropiación de su "derecho a la
minería" de petróleo y gas que no tiene "un propósito público válido".
La demanda es por US$250 millones más el pago de costos legales.
4 – Suez contra Argentina
En 2001-2002 Argentina sufrió la peor crisis económico-social de los
últimos 100 años que llevó a un default de su deuda y un desempleo del
24%.
Argentina recurrió a mecanismos de emergencia como la
devaluación y el congelamiento de tarifas de servicios públicos para
evitar una implosión económico-social.
Hoy, Argentina, que bajo el
gobierno de Carlos Menem en los años 90 fue el país que firmó más
acuerdos bilaterales de protección de la inversión en América Latina
(53), es el que más demandas tiene en el CIADI.
En abril el CIADI
se pronunció sobre la demanda de las firmas europeas Suez, Aguas de
Barcelona, Vivendi Universal y AWG por disputas relacionadas con los
contratos de suministro de agua potable y alcantarillado de Buenos Aires
y Santa Fe.
El tribunal condenó a Argentina a pagar US$ 405
millones entendiendo que se había violado el trato justo y equitativo al
negar el reajuste de tarifas tras la devaluación.
Australia, China, India, Indonesia, Sudáfrica, Ecuador, Bolivia y
Venezuela se encuentran entre los países que han decidido no continuar
con el actual sistema de protección de inversiones (...)" (Marcelo Justo BBC Mundo, 7 julio 2015)
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