"En la era neoliberal, consecuencia de los intentos de desacreditar al
Estado, se ha desatado una campaña sistemática en contra de pagar
impuestos. (...)
La forma que tiene el Estado para obtener recursos para sus políticas
es mediante la recaudación. Un mecanismo que, en lugar de desconcentrar
la renta, contribuye a concentrarla aún más. Porque las estructuras
tributarias son socialmente injustas: el que gana más, paga menos; el
que gana menos, paga más.
Gran parte de los impuestos son indirectos, es decir, el pobre y el
rico pagan lo mismo. Mientras que las grandes empresas gozan de
subsidios y exenciones tributarias por parte del Estado, se valen de la
abogacía tributaria para burlar los impuestos y envían su dinero a
paraísos fiscales. Como resultado, en lugar de redistribuir renta, la
estructura tributaria concentra todavía más la renta en nuestros países.
Pero cada vez que un gobierno —a nivel nacional, provincial o
metropolitano— intenta corregir esas deformaciones, se enfrenta a una
brutal campaña mediática y política, llevada a cabo por el gran
empresariado —el más grande beneficiario de la estructura tributaria
actual—, el monopolio de los medios de comunicación, los partidos de
derecha y fuerzas que, aún bajo el manto de intereses populares —ONGs y
otras—, se oponen al Estado y a la búsqueda de recursos de los sectores
más pudientes para sus políticas.
Los intentos de aprobar reformas tributarias socialmente justas,
donde la gran mayoría de la población es beneficiaria —ya sea porque
deja de pagar o porque pasa a pagar menos— suelen frustrarse. Esto se da
no solo porque los congresos suelen estar dominados por distintos
lobbies vinculados a empresas no muy partidarias de la justicia
tributaria, sino también porque el gran empresariado —que debería ser el
único sector que pagara más— aliado con los medios monopolistas logra
movilizar a sectores de clase media, e incluso a sectores populares, en
contra de esas iniciativas.
Es decir, sectores que serían beneficiados
directamente por una reforma tributaria socialmente justa, terminan
siendo dirigidos por los grupos que tendrían que pagar más impuestos,
para oponerse a una iniciativa, acorde con sus intereses.
Esto ha pasado, a distintos niveles, en muchos países en que los
medios de comunicación lideran campañas para defender a los más ricos.
El caso de Ecuador es solamente el más reciente. Dos proyectos de ley
del gobierno, uno de subida de los impuestos a las herencias, otro a la
plusvalía, que afectarán apenas al 2% de la población —los más ricos—,
encuentran resistencia en las clases medias y hasta populares, llevados
por el engaño y la mentira.
Es un mecanismo alienado que reposa en el prejuicio general de que el
Estado actúa contra la gente, contra las personas, contra los
individuos. Como si el Estado no fuera responsable de toda la estructura
pública de educación y salud, que, por cierto, puede disfrutar toda la
población.
Como si el Estado no fuera el encargado de atender a los
sectores más desfavorecidos por medio de políticas sociales que
benefician a los sectores más marginales y frágiles.
Se alían entonces sectores del gran empresariado —donde el sector
financiero tiene un rol importante—, con los partidos de derecha y los
monopolios privados de los medios de comunicación, de tal forma que
consiguen arrastrar a sectores de clase media y también a algunos
sectores populares, así como a grupos de ultra izquierda, para oponerse a
reformas tributarias socialmente justas. Se trata de un frente
político, que por distintos intereses, se enfrentan a gobiernos
populares.
Se valen del sentimiento contra los impuestos, forjado
cotidianamente por los monopolios privados de los medios, en su campaña
de criminalización del Estado para movilizar a los sectores
diferenciados en una pelea en que busca inviabilizar las políticas
gubernamentales.
En democracia, el que gana más, debe pagar más. El que gana menos, debe pagar menos o nada." (Emil Sader, Público, 04/06/2015)
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