"El pasado 22 de octubre, la empresa canadiense Edgewater Exploration LTD anunció su intención de exigir una indemnización a España por la negativa del gobierno gallego a abrir una mina de oro en Corcoesto,
en el municipio de Cabana de Bergantiños, La Coruña. El proyecto de la
mina estaba promovido por una filial de Edgewater, Mineira de Corcoesto
SLU, cuya sede se encuentra en Panamá.
Según el comunicado, la compañía
“utilizará todos los medios disponibles para defender sus intereses. Si
España no accede a compensar de forma inmediata a la empresa por las
pérdidas de inversión y oportunidad, acudirá al tribunal de arbitraje
previsto en el tratado bilateral entre España y Panamá”.
En
su momento, el rechazo social contra el proyecto fue masivo. Los
habitantes de la zona y numerosas organizaciones sociales y ambientales
denunciaban el enorme impacto que iba a suponer el proyecto, que preveía el uso de 1,5 toneladas de cianuro y 4 millones de litros de agua al día.
De haberse aprobado se hubiesen removido más de 200 millones de
toneladas de rocas y generado lixiviados que se almacenarían en una
balsa química semejante a la que se rompió en Aznalcollar, amenazando al
río Anllóns y la Ría de Corme Laxe.
La empresa se apoya en el
Acuerdo para la promoción y la protección recíproca de inversiones entre
el Reino de España y la República de Panamá, que entró en vigor en
julio de 1998, al encontrarse la sede de Mineira de Corcoesto en Panamá.
En su artículo 12 contempla varias vías de solución de controversias
entre inversor y Estado.
En particular el inversor puede acudir “a un tribunal de arbitraje ad hoc
establecido de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de
las Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional o al Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
(CIADI)”. Una demanda a uno de estos tribunales privados podría exigir
el pago de una compensación millonaria a los contribuyentes españoles.
Amigos de la Tierra denuncia que existe un histórico de casos,
en el que grandes empresas han demandado a Estados ante tribunales de
arbitraje en el marco de acuerdos comerciales y de inversiones. Algunos
ejemplos demuestran cómo las transnacionales utilizan estos mecanismos
para beneficiarse económicamente y coartar todo tipo de herramientas de
protección social y ambiental que contravengan sus intereses:
-La petrolera estadounidense Occidental Petroleum Corporation
denunció a Ecuador cuando el país latinoamericano puso fin al contrato
de una concesión de extracción de petróleo con Occidental, lo que dio
lugar a la mayor compensación jamás concedida a un inversor: 1.770
millones de dólares.
-La compañía energética sueca Vattenfall pidió
en 2009 una compensación de 1.400 millones de euros de Alemania bajo un
tratado internacional de protección de las inversiones en el sector
energético, por la anulación de un proyecto de generación eléctrica de
carbón en Hamburgo que atentaba contra la calidad del agua. Con esta
amenaza, consiguió finalmente que se rebajasen los requisitos
ambientales.
-Basándose en el Acuerdo Norteamericano de Libre Comercio entre EE.UU, Canadá y Méjico, la empresa estadounidense Lone Pine Resources Inc.
pide una compensación económica a Canadá de 250 millones de dólares por
la introducción de una moratoria al fracking en Quebec desde mayo de
2013.
LA UE YA HA PAGADO 3.500 MILLONES A INVERSORES EXTRANJEROS
En lo que concierne a los países europeos, diferentes gobiernos de la Unión Europea ya han pagado al menos 3.500 millones de euros a inversores extranjeros privados mediante cláusulas de tratados comerciales y de inversión. Una factura que ha tenido que asumir la ciudadanía europea. (...)" (Nueva Tribuna, en Rebelión, 28/10/2015)
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