El objetivo de este tratado es ni más ni
menos que desmantelar la protección que los Estados han ido aprobando
–como resultado de las presiones sociales y laborales- para salvaguardar
los derechos laborales y sociales conseguidos por los trabajadores, por
los usuarios de servicios públicos, por asociaciones en defensa del
consumidor, y por otras instituciones conocidas por su compromiso con la
defensa de la calidad de vida de la ciudadanía a través del
establecimiento de la legislación laboral, social y de defensa del
consumidor, que ha contribuido en gran medida a mejorar el bienestar de
las poblaciones.
¿Cómo se intervendrá para debilitar los derechos laborales, sociales y de protección del consumidor?
En dicho tratado, el TTIP, se
constituirán unos tribunales internacionales que juzgarán el mérito de
las demandas de las empresas transnacionales frente a los Estados, cuyas
políticas públicas son consideradas por tales empresas como dañinas
para sus intereses y beneficios económicos.
Una empresa de energía
nuclear sueca quiere llevar ante estos tribunales al Estado alemán para
que se le compense por la reducción de sus beneficios como consecuencia
de la decisión de ese Estado de priorizar las energías renovables sobre
las no renovables, lo que le ha provocado tener que cerrar dos de sus
plantas en aquel país.
A pesar de que existe ya legislación en Alemania
que regula cómo resolver conflictos que puedan generarse en estas
situaciones, lo que la compañía sueca (Vattenfall) desearía es llevar el
caso al tribunal llamado Investor-State Dispute Settlement (ISDS),
cuyos asesores jurídicos son escogidos y financiados por las propias
empresas demandantes, frente a los defensores del gobierno
correspondiente.
No hay posibilidad de que una vez el ISDS haya tomado
una decisión, esta pueda ser apelada. Estos ISDS están muy influenciados
por las empresas multinacionales.
La protesta frente a este nuevo diseño
institucional ha sido tal que sus diseñadores (legisladores de los
gobiernos participantes en el tratado) han sido forzados a realizar
algunos cambios, como que puedan haber mecanismos y procesos de
apelación, cambios que han dejado, sin embargo, la situación intacta en
sus elementos más importantes.
Pero otra dimensión más que preocupante
es que los Estados no podrán inhibir u obstaculizar la privatización de
los servicios públicos como la sanidad y la educación, dos de las áreas
donde las empresas privadas están más deseosas de penetrar en los países
europeos. En realidad, el tratado favorece dicha privatización.
Y, como guinda especial, el tratado
puede forzar a que los Estados eliminen legislación relacionada con la
protección del trabajador, del usuario o del consumidor de bienes y
servicios, que las empresas consideran perjudicial para sus intereses.
Esta situación alcanza niveles extremos, como por ejemplo la demanda de
la industria tabacalera de que se eliminen referencias públicas a los
impactos negativos del tabaquismo, referencias que disminuyen sus
beneficios.
El contexto político
Este tratado es la culminación de la
expansión del neoliberalismo dominante desde los años ochenta como
consecuencia del triunfo del mundo del capital sobre el mundo del
trabajo. Y las propuestas extremas que están siendo consideradas son,
en sí, un indicador de su arrogancia y prepotencia.
Ahora bien, la resistencia es tal que el
tratado está hoy en peligro, y muy en especial en EEUU. Los sindicatos y
las asociaciones en defensa del bienestar público y de los usuarios y
consumidores, se han movilizado a los dos lados del Atlántico Norte.
La
federación sindical más importante de EEUU, AFL-CIO, y la Confederación
Europea de Sindicatos (ETUC), han publicado un excelente informe,
sumamente crítico con el tratado, alertando a la población de su gran
peligro si se aceptara en su narrativa actual.
(Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 22 de octubre de 2015, en www.vnavarro.org, 22/10/2015)
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