"(...) el proceso de devaluación interna que
vive nuestro país –en verdad, una devaluación estrictamente salarial
como señala I. PÉREZ INFANTE– se articula principalmente a través de
cambios profundos de las instituciones laborales y de su marco
regulador.
La ruptura laboral impulsada por el Gobierno del PP en 2012[1], unida a las diversas actuaciones adicionales puestas en marcha desde entonces con la misma orientación[2],
suponen la quiebra del equilibrio entre las partes, trabajador y
empresario, que históricamente ha caracterizado las relaciones entre
ellos en las sociedades salariales.
En concreto, se impone la utilización de
la regulación laboral como instrumento al servicio de la
competitividad, reforzando la posición del empleador al que se reconoce
la capacidad para imponer de forma (cuasi) unilateral sus intereses a
costa de las garantías de los trabajadores. (...)
En este contexto se ha producido un
alarmante crecimiento de una figura patológica, más característica de
los mercados laborales anglosajones: los trabajadores pobres
(precariado), personas con una ocupación profesional que no les reporta
recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas y las de
sus familiares dependientes.
Antes de ilustrar este fenómeno de pobreza
laboral con algunos datos, interesa subrayar que el agravamiento del
número de trabajadores pobres no es tanto (sólo) una consecuencia de la
crisis económica, sino que en buena medida son el resultado de los
cambios normativos descritos, de ahí su trascendencia (G. STANDING).
Lo más llamativo es que, conforme a la
Encuesta de Condiciones de Vida 2014 del INE, el riesgo de pobreza entre
la población ocupada ha experimentado un fuerte incremento en el último
ejercicio –los ingresos corresponden a 2013–, situándose en el 14,2%
frente al 11,6% del año anterior.
Ello supone que la pobreza laboral
afecta a casi 2,5 millones de personas dentro del segmento de la
población ocupada. Entre los factores que explican una cifra tan alta, y
preocupante, deben destacarse los siguientes (vid. CC.OO. “Desigualdad, pobreza y salarios”, EnClave de Economía,
nº 2, 2015).
Primero, el trabajo a tiempo parcial ‘desregulado’, una de
las grandes apuestas del Gobierno del PP en materia de empleo, se ha
convertido en el principal factor de pobreza laboral; no es de extrañar
cuando se repara en que el 65% de los contratos con este tipo de jornada
son involuntarios.
Segundo, la temporalidad, convertida en una de las
principales anomalías de nuestro mercado de trabajo, trae consigo una
exposición al riesgo de pobreza que triplica la de los trabajadores a
tiempo completo (EU-SILC 2013).
Tercero, también son muy vulnerables los
trabajadores por cuenta propia, esos falsos emprendedores a los que se
quiere alejar de las garantías laborales. Y, cuarto, como factor
transversal, debe tenerse muy presente que esa pobreza laboral
(profesional) tiene rostro femenino, una manifestación más de la
discriminación que sufren las mujeres también en el mercado laboral. (...)
La constatación del fracaso de la
política de empleo desarrollada por el gobierno del PP desde 2012, y un
diagnóstico acertado sobre los principales problemas estructurales de
nuestro mercado de trabajo (‘impunidad’ ante la contratación fraudulenta
y facilidad para el despido), constituyen el necesario punto de partida
para el planteamiento de soluciones.
Es importante advertir del riesgo de
propuestas rupturistas como el ‘contrato único’, una imaginativa
solución llena de inconvenientes (GONZÁLEZ/DEL POZO)
y cuya principal debilidad es que no contiene ningún elemento que
garantice –ni siquiera favorezca– una rectificación del comportamiento
patológico de muchas empresas en la contratación (temporal) y en la
extinción de la relación laboral (vía despido). (...)" (Borja Suárez Corujo, Economistas frente a la crisis, 01/11/15)
No hay comentarios:
Publicar un comentario