"Tras su visita a Grecia, que terminó el 8 de diciembre de 2015, el
Experto de las Naciones Unidas sobre deuda, Juan Pablo Boholavsky,
recomendó al gobierno griego «mejorar los procedimientos jurídicos y
administrativos para examinar la responsabilidad de las autoridades del
gobierno griego y la de los responsables de tomar las decisiones en el
sector privado», y citó el ejemplo de Islandia.
Ese pequeño país, de
320.000 habitantes, demostró, efectivamente, que es posible enjuiciar a
los responsables de la crisis financiera y condenarlos a penas de
prisión.
Antes de hablar del papel que tuvo como consejera del Fiscal
islandés, ¿podría recordarnos la situación de los bancos islandeses en
2008?
Como los otros países europeos, Islandia fue golpeada por la crisis
financiera desencadenada por la crisis de las «subprimes». En septiembre
de 2008, los tres principales bancos del país (Kaupthing, Landsbanki y
Glitnir) se declararon en quiebra y el Estado tuvo que nacionalizarlos
de urgencia. (...)
La quiebra de esos bancos tiene su explicación en la desregulación
financiera que comenzó en los años 1990. El sector bancario, que ya en
2003 había sido totalmente privatizado, comenzó una política muy
arriesgada con el fin de atraer capitales extranjeros. Los bancos
islandeses habían principalmente desarrollado cuentas por internet que
permitían ofrecer unos tipos de interés tan elevados que no tenían
competencia.
El resultado fue que, en apenas cuatro años, la deuda
externa de esos tres bancos islandeses se había casi quintuplicado: pasó
del 200 % del PIB en 2003 al 900 % del PIB en 2007. En 2008, cuando la
crisis de las subprime golpea Islandia, esos bancos se vieron totalmente
incapaces de reembolsar sus deudas.
Contrariamente a otros países europeos, las deudas del sector
bancario no fueron transferidas al sector público, sino soportadas más
por sus acreedores que por la población islandesa. Cuestión totalmente
normal ya que la gran mayoría de los islandeses e islandesas en absoluto
habían sido responsables del comportamiento de dichos bancos.
El rechazo a asumir las deudas de esos bancos provino de la
formidable movilización ciudadana que, desgraciadamente, fue silenciada
por los grandes medios europeos. Recordemos que en dos referendos
sucesivos (marzo de 2010 y abril de 2011), el pueblo islandés rechazó el
pago a los acreedores extranjeros, que eran, principalmente,
ahorradores británicos y holandeses.
Estos habían perdido su dinero al
quebrar en 2008 el banco por internet Icesave, sucursal “on line” del
banco Landsbanki, que ofrecía delirantes tipos de interés. Los
resultados de esos referendos fueron respetados por el gobierno
islandés, a pesar de las protestas de los gobiernos británico y
holandés. Por consiguiente, la población obtuvo una victoria sobre los
acreedores.
¿Qué reclamaban los gobiernos holandés y británico?
Exigían que Islandia les pagara unas sumas astronómicas (más de 7.200
millones de euros para el Reino Unido y más de 1.300 millones de euros
para los Países Bajos) acompañadas de una tasa de interés del 5,5 %.
Mientras que los Países Bajos y el Reino Unido acogieron con los brazos
abiertos las filiales y sucursales de esos bancos islandeses. Aunque las
autoridades de ambos países habían sido alertadas del riesgo que pesaba
sobre esos bancos, estimaron que era el Estado islandés quien debía
garantizar los depósitos realizados en el Icesave. (...)
Además de negar sus responsabilidades [1] y de burlarse del derecho europeo, los
gobiernos del Reino Unido y de los Países Bajos intentaron imponer el
reembolso de esas deudas privadas mediante un chantaje odioso al
gobierno islandés. No obstante, el pueblo resistió al chantaje y empujó al presidente de Islandia a recurrir al referéndum [2] con el fin de rechazar las demandas de los acreedores.
¿En qué consistía el chantaje de los acreedores?
En octubre de 2008, el Reino Unido de Gordon Brown tomó una medida de
retorsión extrema: la congelación de los haberes del banco Landsbanki y
también del Kaupthing, a pesar de que este último no tenía nada que ver
con el Icesave, utilizando su legislación antiterrorista.
Al hacer eso,
el gobierno británico ponía a los islandeses en la misma categoría que
organizaciones como Al Qaeda. El Reino Unido también utilizó su
influencia para que no se concediera a Islandia ninguna «ayuda»
internacional (tanto de la UE como del FMI) antes de que ese país pagase
las deudas privadas en cuestión. (...)
Agreguemos a esto que la Comisión Europea se asoció a la demanda
presentada por los Países Bajos y el Reino Unido contra Islandia ante el
tribunal de la AELC (la Asociación Europea de Libre Comercio).
¿Nos podría resumir la sentencia emitida por ese tribunal?
Ese tribunal dio la razón a Islandia en su rechazo a pagar la deuda
reclamada por el Reino Unido y los Países Bajos, y, por lo tanto, no dio
lugar a las demandas presentadas por esos países. La sentencia indica
claramente que no es responsabilidad del país en el que una sociedad
bancaria tiene su sede cubrir los costes de garantías de su sistema
bancario.
Esa sentencia es totalmente conforme con el derecho europeo
porque, y yo lo repito: no hay nada en las directivas europeas que obligue a los Estados a auxiliar a los bancos con dinero público.
Y ahora toquemos el asunto penal. ¿Cómo la contactó a usted
el gobierno islandés en 2008 para una investigación sobre las
responsabilidades en las quiebras bancarias? ¿Cuáles han sido los
principales resultados de la investigación?
Previamente, en 2008, hubo un programa de entrevistas en la
televisión islandesa en el que participé como experta jurídica sobre los
delitos y los crímenes financieros. El periodista presentador de esa
emisión me había invitado a su programa porque había leído mi libro
Justice under siege, y porque había una fuerte demanda de justicia por
parte de la población para identificar y sancionar a los responsables de
la crisis.
Esta emisión despertó un entusiasmo increíble: fue creada una página
«Eva Joly» en Facebook y ¡en una noche reunió a 20.000 internautas!
También di varias conferencias en las universidades islandesas.
Ante esa
popularidad, el gobierno me pidió que lo asesorara en la investigación
de responsabilidades penales con respecto al naufragio bancario. Por lo
tanto, hubo una clara voluntad política por parte de las autoridades
islandesas, empujadas por la población, de enjuiciar a los responsables
de la crisis financiera.
Como el sistema jurídico islandés es muy parecido al sistema noruego [4],
acepté la propuesta pero con la condición de disponer, de verdad, de
medios humanos para llevar a cabo la investigación.
Felizmente, el
gobierno aceptó y pude trabajar con un amplio equipo de 84 personas,
compuesto de varios expertos jurídicos y auditores financieros. Mi
misión como consejera del Fiscal especial islandés sobre esas
investigaciones duró de enero de 2009 a octubre de 2010.
Con ese equipo, pudimos llevar a cabo registros en las filiales
bancarias islandesas, como la filial del Kaupthing en Luxemburgo. Hay
que señalar que ese banco obtenía préstamos del Banco Central Europeo
(BCE) de manera fraudulenta, puesto que la ratio de solvencia requerida
por las Convenciones de Basilea no fue respetada en absoluto y se habían
cometido delitos bursátiles. Además, aparecieron otros delitos durante
nuestra investigación.
En concreto, esas investigaciones permitieron enjuiciar y condenar a
varias decenas de responsables de alto nivel. Hasta hoy,
desgraciadamente, no se ha hecho nada equivalente en otros países
europeos.
¿Quiénes son esos responsables condenados y por qué motivo lo fueron?
Las personas enjuiciadas y condenadas por los tribunales islandeses
ocupaban diferentes puestos clave. Encontramos a presidentes de esos
bancos, directores financieros, abogados, grandes accionistas, así como
altos funcionarios del Estado.
Las penas impuestas —algunas de ellas fueron apeladas— llegaron hasta
los 6 años de prisión. Esos individuos no pudieron «comprar su
procesamiento» mediante transacciones financieras para escapar a
cualquier sanción, como es a menudo el caso en otros lugares,
especialmente en Estados Unidos.
Los motivos de sus condenas son múltiples: manipulación de
cotizaciones en bolsa, estafa, delitos correspondientes al manejo de
información privilegiada, falsificación de cuentas, concesión de
préstamos fraudulentos, etc. Esos casos fueron juzgados en varios
tribunales islandeses: el Tribunal Supremo y los tribunales de primera
instancia.
Para dar algunos ejemplos de condenas por el Tribunal Supremo de
Islandia: el ex jefe de gabinete del ministerio de Finanzas fue
condenado a dos años de prisión por un delito referente al manejo de
información privilegiada. Este hombre poseía participaciones en el banco
Landsbanki y las revendió algunos días antes de la quiebra del banco.
El ex presidente del banco Byr tuvo una condena de 4 años de prisión y
el presidente del banco MP fue condenado a 1 año y medio de prisión por
préstamos fraudulentos. En los tribunales de primera instancia, dos ex
presidentes del Kaupthing fueron condenados respectivamente a 3 años y
medio y a 5 años y medio de prisión.
Un gran accionista del Kaupthing
fue condenado a 3 años de prisión por manipulación de cotizaciones y
préstamo fraudulento. Varias de esas personas condenadas apelaron ante
el Tribunal Supremo pero, por el momento, continúan en prisión.
Hay también numerosos procedimientos judiciales en curso (unos
cuarenta) y expedientes en fase de investigación (cerca de treinta). El
combate contra la impunidad está lejos de haber terminado en Islandia. Y
ya es hora de que esta voluntad política de llevar ante la justicia a
los responsables de la crisis financiera se extienda al resto de países."
(Entrevista a Eva Joly, diputada europea del grupo de Los Verdes, fue consejera entre 2009 y
2010 del fiscal especial islandés para los procedimientos penales contra
los banqueros que arrastraron al país a la quiebra. El salmón contracorriente, 04/03/16, Entrevista realizada por Renaud Vivien (CADTM). Traducido del francés por Griselda Piñero.)
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