"(...) La reforma fiscal que plantea Podemos está bien concebida, y cuadran las
cuentas en términos temporales y de coherencia con los apartados
presupuestarios que trata de sostener, con una fundamentación de
economía política.
Es una propuesta bien diseñada que soporta el
esfuerzo fiscal en las rentas altas y del capital, del patrimonio, y que
propone una reducción del IVA en bienes básicos para los consumidores, y
que por tanto encierra una solución progresiva del marco fiscal con
mayor capacidad recaudatoria, más aún al dotar de recursos a la
inspección fiscal y que contempla medidas contra la evasión y los
paraísos fiscales.
Pero es una propuesta tímida al insistir en un
aumento de apenas del 3% del PIB de los ingresos públicos, aunque parece
razonable para una legislatura y en el marco de la correlación de
fuerzas actual y que, marcando una orientación positiva, puede
entenderse como válida como un paso en la buena dirección y que
permitiría recuperar servicios públicos a niveles anteriores a 2010. (...)
El segundo elemento que se plantea es que se acepta el Pacto de Estabilidad y Crecimiento,
si bien se propone su flexibilización y su cumplimiento en un plazo más
largo. La exigencia de Bruselas de recortes por un montante que puede
ascender a unos 11.000 millones de euros sería el primer escollo a
superar.
Las élites europeas sólo toleran flexibilidad para gobiernos
conservadores afines. Un gobierno en estas condiciones estaría liderado
por el PSOE, que es devoto del Pacto Fiscal con apenas retoques. Sólo en
esas condiciones se entiende una propuesta así, más aún cuando sería
una propuesta de negociación de difícil aceptación por Bruselas. (...)
La pregunta que cabe plantearse es, ¿qué se hará si no se acepta esta
flexibilización?. ¿Se acatará y se asumirán los recortes consiguientes?.
¿Se desobedecerá y se asumirá la sanción de un 0,2% del PIB, más de
20.000 millones de euros?. ¿Se distanciará de la UE sin cumplir sus
preceptos?. ¿O qué?.
Otro punto moderado es el abordaje de la cuestión de la deuda,
que sigue consistiendo en la reclamación mediante un impuesto de
solidaridad a la banca de la devolución de los 60.000 millones que costó
su rescate. Siendo una medida justa, es insuficiente y, si lo que se
busca es no enfadar a la banca, no lo va a conseguir, porque la banca no
aceptará ceder nada, y sólo cabe plantear medidas de intervención
política que, si nos atenemos a la responsabilidad de la banca en la
crisis, deja como sumamente floja la respuesta política que se le da.
Ahora bien, entendemos que como punto de partida para una negociación de
entrada en un gobierno como un socio menor se comience por aquí.Podría
plantearse como solución alternativa la conversión de las ayudas
públicas en acciones de oro (participaciones públicas) de tal manera que
una banca pública pudiera entrar en el accionariado de la banca privada
con fuerza en su dirección.
Pero cabe mencionar que la reestructuración
de la deuda, que debiera comenzar por una auditoría para determinar qué
parte de impaga, a quién, de qué modo, y qué otra parte se posterga en
su pago, o se modera en su montante y tipos de interés, es un capítulo
fundamental que, aunque quizá no urge económicamente en un primer
momento (aunque sí políticamente debiera ser de lo primero en acometer)
es, posiblemente, el vacío más fuerte de esta contrapropuesta.
Aunque,
igualmente, es comprensible su ausencia en el marco de una negociación
en la que se acepta ser un socio menor en un gobierno del PSOE… (...)
Se echa en falta una política respecto a la Unión Europea, que ante la
tesitura de su comportamiento adverso no hay previsto planes de
emergencia, tanto para hacer frente al perjudicial modelo de la UE, como
ante su presumible reacción ante la necesaria acción política de hacer
lo legítimo, aun cuando eso no coincida con la legalidad de la UE.
Más
aún cuando el problema es estructural, dada la arquitectura de la UE y
de sus políticas en el marco del Sistema Euro. El incumplimiento de las
reglas de la UE, recordemos, pueden suponer desde sanciones,
interrupción de programas europeos en el país o, en el marco financiero,
el cortocircuito de los mercados de cara a proveer financiación, o
simplemente la expulsión de la eurozona.
Para todo esto quedan más
preguntas que respuestas. Y convendría tener ideado un plan de actuación
en tal caso, lo que algunos han llamado un Plan B. (...)
Este programa no lo aceptarán las clases dirigentes ni el PSOE, tampoco
afronta numerosos retos como son la envergadura y complejidad de la
crisis económica internacional, menos aún del modelo socioeconómico que
la sustenta. Ni prevé respuestas ante la segura reacción de las clases
dirigentes a escala nacional y europea.
Es también un programa moderado,
pero camina en una dirección interesante. Es un buen punto de partida
para seguir discutiendo y un buen documento para dejar sin argumentos a
las élites, que seguirán perdiendo cualquier rastro de legitimidad. Y
eso es bueno." (Daniel Albarracin, Economái Crítica y crítica de la economía)
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