"Todos los medios de comunicación se han hecho eco de la noticia: España
incumple los objetivos de déficit público fijados por la Comisión
Europea (CE). Como ocurrió en los años anteriores y como ocurrirá en el
actual. De nuevo irrumpe Europa en la escena política. (...)
¿Qué debate ha suscitado este asunto entre nosotros? Hemos asistido a un
lamentable espectáculo donde el gobierno del Partido Popular
responsabiliza del desaguisado presupuestario a las Comunidades
Autónomas –olvidándose, eso sí, de que algunas de las que más incumplen,
las gestionan ellos-; como la desvergüenza no tiene límites, se ha
hecho referencia también al coste del tratamiento de los enfermos de
hepatitis. (...)
No son pocos los políticos que han salido a la palestra -sin duda,
aconsejados por sus economistas de referencia- para renovar su
compromiso con la disciplina presupuestaria y con las metas de déficit y
de deuda establecidas por Bruselas. Los más atrevidos se han “echado al
monte” y piden -con diferente intensidad, según los casos, pero en
general con bastante tibieza-, que la CE reconsidere los plazos para
alcanzar esos objetivos.
Parecería que todo el problema se reduce a los tiempos, a los ritmos.
Por supuesto, hay que decir con claridad que aceptarlos imposibilita la
realización de una política social, medioambiental, productiva y
ocupacional al servicio de la mayoría social.
Supone una hipoteca
insoportable e inaceptable para un gobierno que persiga esos objetivos
(no para los que gobiernan para las oligarquías, ni tampoco para los que
trasiegan con suma facilidad con los principios y los programas). Quizá
este sea el verdadero objetivo de Bruselas, su agenda oculta, hacer
inviable un gobierno de cambio, lo que explicaría, al menos en parte, la
inflexibilidad de la que hace gala.
Lo mismo que en Grecia. Gran error el mantra, tantas veces repetido, “no somos Grecia”. (...)
Situar la reducción del déficit en el centro de la política económica
es un grave error, que es necesario impugnar. Porque, en un contexto de
elevado endeudamiento privado y de atonía del consumo y de la
inversión, todavía estamos ahí, cuando la deflación es ya una realidad,
la reducción del gasto público y el aumento de la presión fiscal sobre
los trabajadores y las clases medias prolonga y agrava la crisis,
reduciendo, de paso, la capacidad recaudatoria de las administraciones
públicas, con el resultado de más déficit y más deuda. Quienes han
justificado la centralidad de la reducción del déficit público,
esperando que el esfuerzo de los gobiernos se viera recompensado con un
plus de crecimiento, tienen que reconocer que dicha relación no se ha
dado.
Además del efecto de bucle sobre la dinámica económica, no podemos ni
debemos aceptar la lógica de la austeridad presupuestaria por tramposa e
injusta. Porque esa lógica deja fuera (y lo hace deliberadamente) la
posibilidad de que las arcas públicas obtengan recursos de un sistema
tributario más progresivo y de una política decididamente encaminada a
perseguir el fraude fiscal. (...)
Pero hay más razones para rechazar la lógica de la disciplina
presupuestaria, tal y como la concibe Bruselas. Esta política –junto a
la salarial y las reformas estructurales- forma parte de una estrategia
de gran calado cuyo objetivo es que la mayor parte de la población
cargue con los costes de la crisis, y al mismo tiempo vencer las
resistencias sociales e institucionales para promover una histórica
redistribución de la renta y la riqueza, en beneficio de las elites, del
norte y del sur.
Estos son los principios que sostienen la Europa que emerge de la crisis.(...)
Atrapada en una concepción ultraconservadora de la economía, es
cierto, pero sobre todo capturada por los intereses de grupos económicos
y políticos que han hecho de la extracción de renta y riqueza su
principal objetivo.
Una Europa que, para dar una lección a los partidos
del cambio, no ha dudado en poner contra las cuerdas el gobierno
liderado por Syriza, hasta el punto de provocar el colapso del sistema
financiero griego y del conjunto de su economía; una Europa que invita a
que los gobiernos conviertan en norma constitucional la estabilidad
presupuestaria como objetivo central de la política económica,
llevándose por delante la mínima pluralidad que debería respetarse en
una sociedad democrática.
¿Oponerse a los plazos exigidos por Bruselas? Sí, con decisión,
siendo muy conscientes de la necesidad de acumular fuerzas, dentro y
fuera de las instituciones, dentro y fuera de nuestras fronteras, pues
sólo de esa manera estaremos en condiciones de vencer las resistencias
(los intereses) que encontraremos en el camino. Pero ha llegado la hora
de proponer una alternativa al pacto fiscal, que representa la no
Europa, la Europa de los poderosos." (Fernando Luengo, Público, 01/04/16)
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