"Francia vive hoy una crisis social grave, que amenaza con prolongarse.
Es sin duda la más grave desde 1995 y el movimiento social contra las
reformas de Alain Juppé, el primer ministro de entonces. Lo que está en
juego es la reforma del Código del Trabajo contenida en lo que se conoce
como la “ley El Khomri”, por el nombre de la ministra de Trabajo [1]. (...)
De todos modos, este movimiento no es una simple reedición del de 1995.
Ha adquirido una nueva dinámica. A partir de ahora se plantea la
cuestión de la soberanía nacional. El apoyo a este movimiento por parte
de Nicolas Dupont-Aignan y de Marine le Pen es un signo importante del estatus político que ha adquirido. (...)
Ahora bien, una amplia mayoría de la población se opone hoy claramente a
esta ley. Los últimos sondeos arrojan unos porcentajes de rechazo a la
ley de entre un 69 y un 74 por ciento [2]. Esto indica claramente la
opción tomada por la denominada “mayoría silenciosa”. El incremento de
las protestas ha tenido incluso repercusiones en el seno del partido
socialista, en el que 40 diputados amenazaban con declararse en rebeldía
en la votación. (...)
Es evidente que estas formas de lucha crean hoy un desorden cada vez
mayor en el país. Las manifestaciones que están teniendo lugar desde el
mes de abril han visto cómo se multiplicaban los casos de violencia
policial, pero también los ataques deliberados contra las fuerzas del
orden. (...)
Hacía casi treinta años que no habíamos conocido en Francia un nivel
tal de violencia en el marco de un movimiento social. Lo más grave es
que el gobierno la autoriza, pues es evidente que los policías cumplen
órdenes, y que vivimos –por lo menos en teoría– en un estado de
excepción. Este comportamiento del gobierno es absolutamente
irresponsable. Constituye hoy una amenaza real para la paz civil cuya
responsabilidad incumbe totalmente al gobierno. (...)
Una dinámica anti-europea
Es evidente que los principios contenidos en la ley El Khomri se inspiran directamente en las sugerencias, o, mejor dicho, en las exigencias planteadas por la Unión Europea. Efectivamente, esta ley es la aplicación estricta de la “estrategia de Lisboa” y de las “Orientaciones Generales de Política Económica” (u OGPE), que elabora la dirección general de asuntos económicos de la Comisión Europea [4]. (...)
Puede verse aquí hasta qué punto la UE, pero también el Eurogrupo,
imponen su propio modo de gobernanza y un marco disciplinario de acero
[6]. De hecho, Francia, como los demás países de la zona euro, al no
poder devaluar, solo pueden restablecer su competitividad en el contexto
de una oferta salarial a la baja.
Este es, por otro lado, el camino
emprendido por los gobiernos español, portugués, italiano y griego.
El movimiento social ha adoptado, pues, la forma de una
reivindicación de la soberanía, hoy en el campo social y mañana en el
campo monetario, contra unas medidas que cada vez parecen más claramente
dictadas desde el extranjero.
Este movimiento social, por consiguiente, adquiere en virtud del
contexto en el que se produce, la dimensión de una contestación
generalizada, tanto de las reglas relacionadas con el euro como de las
surgidas de la UE.
En este sentido puede ser considerado como el
equivalente de la movilización contra el Tratado Constitucional Europeo
del 2005. Es, pues, evidente que estamos a punto de barajar de nuevo las
cartas para la futura elección presidencial del 2017." (Jacques Sapir, El Viejo Topo, 12/06/16)
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