"Un nuevo equipo de gobierno en la Unión
Europea, dispuesto a negociar duramente con Bruselas condiciones
adecuadas para sus intereses, y que incorpora dentro de su agenda la
puesta en marcha de una nueva estrategia industrial, dirigida desde el
sector público.
¿De quién estamos hablando? De los conservadores
Británicos, del gabinete de Theresa May. Sí: los Tories están haciendo
que Thatcher se remueva en su tumba apostando por incorporar la
intervención pública en el desarrollo empresarial e industrial del
futuro Reino Unido.
¿Qué es lo que ha ocurrido para que se
produzca este giro hacia un retorno del Estado en la economía? Varios
son los factores a tener en cuenta:
En primer lugar, el aparente éxito de
las economías orientales, incluyendo China o Corea del Sur, en cuyo
tejido productivo el Estado mantiene, a través de la participación
directa, o a través de una fuerte alianza de intereses, un importante
control sobre sus resultados y orientaciones.
El capitalismo de estado
se impone en el modelo de industrialización asiático, amenazando la
supremacía de las firmas occidentales, en cuyo tejido industrial el peso
del sector público es muy reducido en términos comparativos.
En segundo lugar, el pobre desempeño, en
términos de productividad industrial, de los últimos quince años en los
países desarrollados.
Se suele señalar el éxito norteamericano como
modelo, pero debemos tener en cuenta que buena parte del crecimiento del
diferencial de productividad entre Europa y Estados Unidos previo a la
crisis se debió al sector financiero, sector que terminó estallando como
una burbuja de proporciones gigantescas y que estuvo a punto de
llevarse la economía mundial por el desagüe.
En tercer lugar, el desarrollo de nuevas
perspectivas teórica que evidencian la necesidad del sector público en
la política de innovación y de desarrollo industrial: desde María
Mazzucato, hasta Han Joon Chang, pasando por Stiglitz y Greenwald, son
numerosos los aportes teóricos y empíricos que muestran la necesidad y
conveniencia de una mayor implicación del sector público en la dirección
y facilitación de la economía de la innovación y el conocimiento.
Y, last but not least, el
incremento del nacionalismo económico, la permanente amenaza del
proteccionismo comercial, y el resurgir de la llamada geoeconomía, como
modelo de gestión económica internacional con un fuerte componente de
estrategia nacional, en el que los intereses nacionales comienzan a
primar sobre el impulso globalizador.
Las críticas a la globalización a
ultranza han existido siempre, como reverso de la propia globalización,
como bien se encarga de señalarlos Dani Rodrik siempre que encuentra la
ocasión de hacerlo.
Pero este péndulo se ha acelerado desde la crisis
financiera internacional, que evidenció el fracaso del experimento de la
gobernanza global y que ha llevado a un resurgir de las soberanías
nacionales que tiene, como no podría ser de otra manera, su propia
expresión en materia de política económica.
De esta manera, el tríptico de la
política económica pre crisis (apertura/liberalización/privatización)
está dando lugar a una nueva versión donde el papel del Estado y del
sector público se ve reforzado tanto en los elementos infraestructurales
(condiciones para el desarrollo del sector privado, política de
innovación, desarrollo de instrumentos financieros adecuados) como en
los elementos estratégicos (acuerdos bilaterales de cooperación
económica, frente al multilateralismo que representaba el marco que la
Organización Mundial del Comercio).
Esta vuelta del sector público al
control de la economía habría sido anatema hace apenas unos años, pero
es innegable que el péndulo de la política económica se está moviendo
hacia el otro lado. (...)
Hay aspectos, como la transición hacia una economía baja en carbono, o
la construcción de una economía basada en la innovación y el
conocimiento, en los que la intervención pública es imprescindible.
También lo es si queremos que la economía se convierta en un motor de
lucha contra las desigualdades. Cualquier visión progresista de la
economía incorpora al sector público como impulsor imprescindible del
desarrollo económico y social. Pero no son todo bondades. (...)
Plantearse por lo tanto una política económica alternativa, donde el
nivel de intervención pública sea mayor, con el objetivo de lograr
mayores cotas de desarrollo económico y social, debe ir acompañado al
mismo tiempo de una profunda reforma del sector público, una auténtica
revolución en materia de calidad institucional, y una adecuada selección
de las élites políticas y administrativas.
Sin ello, corremos el riesgo
de terminar en el peor de los mundos posibles: una economía poco
eficiente y corrompida por relaciones ilegítimas entre el sector público
y el privado. Es decir, quedarnos donde estamos. (...)" (José Moises Martín Carretero, Economistas frente a la crisis, 26/10/16)
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