"(...) Sometida a una ola de odiosos atentados yihadistas desde hace casi
dos años, la nación francesa ve cómo una serie de dirigentes políticos
de derechas y de extrema derecha compiten en proponer, en nombre de una
“guerra santa contra el terror”, un catálogo de “medidas
antiterroristas” que, sin garantizar el cese de la violencia, podrían
poner en peligro el carácter democrático de la República.
El ex
presidente Nicolas Sarkozy y varios responsables importantes de su
partido Les Républicains (conservador) –Laurent Wauquiez, Éric Ciotti,
Valérie Pécresse, etc.– no dudan, por ejemplo, en proponer que “mediante
una simple decisión administrativa, se detenga y coloque en encierro
vigilado a personas que todavía no han cometido ningún crimen o delito
pero cuya peligrosidad es conocida por los servicios de inteligencia”
(2).
En cualquier régimen democrático auténtico, semejante
propuesta constituye una aberración (3). Principalmente porque, en un
Estado de derecho donde se respeta la separación de poderes, no se puede
detener y encerrar a un ciudadano por una simple “decisión
administrativa” (4).
Como lo explica el jurista francés Michel Tubiana,
presidente de honor de la Liga de los Derechos Humanos (LDH): “La
Constitución francesa prevé, en su artículo 66, que sólo la decisión de
un juez puede permitir encerrar a alguien, ya sea en una cárcel o en un
centro de retención. Eso no lo puede decidir una autoridad
administrativa, ni siquiera el Gobierno”.
Por otra parte, la
Constitución también prohíbe detener a alguien que todavía no ha
cometido delito alguno. Y el Consejo de Estado (5) ha estipulado que, a
título preventivo, las autoridades sólo pueden vigilar, no arrestar ni
castigar.
Lo contrario significaría desconocer la independencia del
poder judicial y retroceder a épocas anteriores al habeas corpus,
establecido en Inglaterra en 1679, que prohíbe los arrestos arbitrarios y
afirma el derecho de toda persona a conocer por qué se la detiene y de
qué se la acusa.
Con la intensificación de la “guerra contra el
terrorismo”, las autoridades francesas han identificado nada menos que a
unos 20.000 individuos sospechosos… Cada uno de los cuales se halla, en
principio, bajo vigilancia y es objeto de una “ficha S” (“S” por
“Seguridad de Estado”) (6) establecida por la Dirección General de
Seguridad Interior (DGSI), equivalente al Centro de Inteligencia contra
el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) en España.
Obviamente,
no todos esos 20.000 individuos fichados como “S” son potenciales
terroristas. El verdadero número de sospechosos que tendrían relación
con el movimiento yihadista radical y que estarían dispuestos a cometer
un acto de violencia criminal no se conoce con exactitud. Según el
primer ministro, Manuel Valls, no serían sin embargo menos de 10.500…
Pero según el Fichero de los Señalamientos para la Prevención de la
Radicalización de carácter Terrorista (FSPRT) (7), serían más bien unos
15.000 (8), de los cuales más de 4.000 estarían a punto ya de pasar al
acto (9)…
O sea, estamos hablando de cifras muy considerables: miles de
personas dispersas a través del conjunto de la geografía francesa y
listas para cometer, en cualquier momento, todo tipo de atentado
criminal…
A esto hay que añadir los cerca de 2.000 franceses que,
como “voluntarios yihadistas”, han ido a incorporarse a las filas
combatientes de Daesh en los territorios del “califato sirioiraquí”. (...)
Ante tan peligrosas perspectivas, se entiende que haya debate sobre
qué hacer para rebajar el nivel de la amenaza yihadista interior. Por
eso, las fuerzas más conservadoras están proponiendo que se encierre ya a
los miles de sospechosos fichados como “S”…
Uno de sus principales
argumentos a favor de esa medida es que muchos de los yihadistas que
cometieron atentados en los últimos meses en Francia estaban fichados
como “S”, pero no se les detuvo… Por ejemplo, los hermanos Kouachi, que
asesinaron a gran parte de la redacción del semanario satírico Charlie
Hebdo; o Amedy Coulibaly, que atacó una tienda kosher y mató a varias
personas de confesión judía; o Yassin Salhi, que decapitó a su patrón en
Saint-Quentin-Fallavier; o Larossi Abballa, que degolló a una pareja de
funcionarios del Ministerio del Interior; o Abdel Malik Petitjean, uno
de los asesinos de un sacerdote católico en Saint-Étienne-du-Rouvray…
Todos ellos estaban fichados como “S”, es decir, “peligrosos para la
seguridad del Estado”, pero se hallaban en libertad… y consiguieron
matar.
Por eso, algunos dirigentes políticos reclaman ahora, en
Francia, la creación urgente de “centros de retención o de
internamiento” donde se encerraría a estos miles de personas del
“entorno yihadista”, consideradas como muy peligrosas.
Tanto los
defensores de esta solución como sus detractores citan el controvertido
caso de Guantánamo como ejemplo, según unos, de lo que una democracia
debe hacer para su legítima defensa; o como modelo, según otros, de lo
que precisamente nunca debe hacer para no perder su alma. (...)
¿Cómo podría Francia, patria de la Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano, adoptar tan indignante modelo en nombre de una
“guerra santa contra el terror”?" (Ignacio Ramonet, Periodista y escritor. Director de ‘Le Monde Diplomatique’, Público, 02/11/16)
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