"(...) El engendro de marras está tan lleno de disparates que lo cojas por
donde lo cojas te saltan a la cara sin tener que molestarse en rebuscar.
Ya el artículo 1.2 asegura muy serio: “La soberanía nacional reside en
el pueblo español”.
Uno se queda con la boca abierta ante tanta
desfachatez intelectual pero la cosa no mejora, porque el artículo 14
asegura sin trepidar que “los españoles son iguales ante la ley” y más
adelante se remata la faena en el 139.1, donde leemos y se nos nubla la
vista: “Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en
cualquier parte del territorio del Estado”. ¡Hasta aquí podíamos
llegar! Pero ¿de qué país fascista están hablando esos difuntos señores?
Todos sabemos que en el nuestro, el real, hay catalanes, vascos,
gallegos, andaluces, extremeños, castellanomanchegos,
castellanoleoneses, etcétera… y también españoles, no les digo que no.
¿Que quiénes son los españoles esos? A mí que me registren… Lo que
importa es que todas esas naciones —cada una con su territorio
correspondiente e inconfundible— son soberanas, faltaría más, sin
exclusiones ni discriminaciones y cada cual tiene los mismos derechos y
obligaciones en su ámbito nacional.
Todas iguales ante su ley y ninguna
obligada a obedecer la del extranjero, es decir, el vecino. Donde les
toca, los ciudadanos tienen derecho a decidir. Luego ya veremos si hay
pactos de conveniencia, pero lo primero es lo primero.
Los nombres de todas esas naciones realmente existentes deben figurar
bien claritos en la Constitución renovada. Pero no sólo eso porque
¿quién nos dice que más adelante no habrá nuevos pueblos tan
irrefutables como los ya conocidos y creados del mismo modo que ellos?
Luego después de la lista de los actuales tendremos que poner una línea
de puntos, a fin de ir consignando ahí a los que aparezcan en el futuro,
pueblos soberanos a los cuales no podemos previamente discriminar con
la vil excusa de que aún no existen.
Por descontado, además de los nombres deberán figurar en la nueva
Constitución todas las señas de identidad de cada uno de los pueblos con
derecho a decidir: orografía, hidrografía, fiestas idiosincrásicas,
platos típicos, costumbres famosas o infames, etcétera…
Desgraciadamente, mal acostumbrados a causa de la anticuada obsesión por
la unidad del país, hay gente que va de un lado para otro sin darse
cuenta de que en el trayecto cambia de territorio soberano: todo el
mundo le parece compatriota, en todas partes está como en casa y hasta
hay quien a la hora de comer pide caldo gallego en Benicàssim, no les
digo más.
Hay que especificar las singularidades, porque a veces se
confunden con las de otros; y blindarlas, sobre todo si implican
privilegios, que ésas son las singularidades mejores.
Por supuesto, de este nuevo planteamiento se deriva la anulación de
otros artículos especialmente anticuados. Así el 3.1, por ejemplo, que
impone “el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos
los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”. Los
españoles que hagan lo que prefieran, pero los demás nanay.
Cada pueblo
tiene su lengua propia o varias, si se busca bien (para eso están los
antropólogos), y no se necesita para nada el imperialismo de una lengua
común. ¿Entenderse unos con otros? ¡Ay, amigos, otra antigualla! La
principal función de las lenguas no es comunicarse sino reivindicar la
propia identidad. Nada revelará mejor al distraído unionista que está en
casa ajena que hablarle en la lengua que menos entienda.
Y así se dará además trabajo a muchos traductores, lo que disminuirá
la lacra del paro. El artículo 40.1 ordena y manda que “los poderes
públicos promoverán el progreso social y económico y una distribución de
la renta regional y personal mas equitativa en un marco de estabilidad
económica y orientada al pleno empleo”.
Está claro: ¡desnudar a los
abrigados para arropar a los desnudos! Y la faena —nunca mejor dicho— se
remata en el 128.1: “Toda la riqueza del país está subordinada al
interés general”. ¡Lo que faltaba! Que los más trabajadores y
productivos, o los más listos, por decirlo claramente, tengan obligación
de subvencionar a los rezagados. Nada, la caridad está muy bien pero no
es un precepto legal: el que tenga ese admirable capricho ya dará para
el Domund…
Como bien dijo Napoleón (el de Orwell, acuérdense), todos
somos iguales pero unos son mas iguales que otros. En cuanto al 118, “es
obligatorio cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los
jueces y tribunales”, sólo un comentario: ja, ja, ja. Lo he dejado para
el final para acabar con una nota de humor. (...)" (Fernando Savater, El País, 18/12/16)
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