"(...) ¿Cómo transformar el crecimiento para ganar el futuro para la mayoría?
(...) No se trata solo de crecer, sino de hacerlo de una forma
virtuosa, y a lo que estamos asistiendo, por el contrario, es a la
“recuperación del viejo modelo”.
La necesidad de este “cambio de modelo productivo” es ya
un lugar común, una manida declaración de principios, compartida desde
hace décadas y desde ámbitos muy distintos, pero nunca llega a
materializarse. Por ello, es necesario proponer medidas distintas, una
vez que se ha demostrado fallida la idea de que las “reformas
estructurales orientadas al mercado”, por sí solas, pueden catalizar ese
cambio.
Nosotros queremos defender un programa de política
industrial que, involucrando de forma colaborativa al sector público y
al sector privado, impulsen el cambio en una dirección socialmente
deseable mediante medidas como las propuestas por la economista Mariana Mazzucato,
entre otras. Una política industrial activa y también “focalizada”,
frente a las tradicionales políticas generalistas u horizontales.
Esto significa establecer prioridades, en dos sentidos:
elegir algunos sectores que puedan actuar como catalizadores de la
transformación del modelo productivo, y adoptar activamente medidas
específicas para impulsarlos.
Como escribían recientemente los economistas italianos M. Pianta, M. Lucchese y L. Nascia,
lo que caracteriza a la política industrial es que “puede conducir la
evolución de la economía hacia actividades que son deseables en términos
económicos (mejorando la eficiencia), en términos sociales (atendiendo
necesidades y reduciendo la desigualdad), en términos ambientales
(asegurando la sostenibilidad y previniendo el cambio climático) y en
términos políticos (protegiendo intereses nacionales y europeos clave).
Las políticas públicas pueden aumentar los recursos disponibles y
favorecer el crecimiento de empresas y sectores caracterizados por
fuertes procesos de aprendizaje, cambio técnico, incrementos de
productividad, economías de escala, internacionalización y rápido
crecimiento de su demanda”.
En este nuevo contexto de selección y acción positiva, nos
atrevemos a señalar tres ideas fundamentales que debe tener este
proyecto de transformación del crecimiento para garantizar la mejora de
la eficiencia y los intereses de la mayoría social: debe promover un
crecimiento verde, debe ser un crecimiento morado y debe garantizar un
desarrollo del proceso de digitalización.
* Un crecimiento verde.
Esto significa
que la acción contra el cambio climático y a favor de la sostenibilidad
debe ser un elemento central de toda la estrategia de crecimiento de la
economía española. Aunque este objetivo tiene un carácter transversal,
los planes de “transición energética” son los que representan de forma
más nítida este contenido “verde”.
Un buen ejemplo es la propuesta formulada para España por el economista Robert Pollin,
centrada en un programa de inversiones públicas y privadas equivalente
al 1,5% del PIB durante 20 años.
Estas inversiones estarían orientadas
tanto al aumento de la eficiencia energética (revisión de los edificios,
mejora de la red eléctrica, transporte público, medidas de ahorro
energético en la industria) como a la sustitución del consumo de energía
proveniente de combustibles fósiles y de centrales nucleares, por
energía procedente de fuentes limpias y renovables.
Estos planes
generarían tres tipos de beneficios: una drástica reducción en la
emisión de CO2; una disminución muy sustancial de las importaciones de
energías fósiles, reduciendo la dependencia exterior de nuestra
economía; y la creación de empleo, relacionado tanto con la construcción
(rehabilitación de edificios, infraestructuras para las nuevas
energías) y las industrias auxiliares, como con un sector más
cualificado relacionado con la ingeniería y la innovación.
* Un crecimiento morado.
La nueva
estrategia de crecimiento debe tener también una clara dimensión de
género, por dos razones.
Primero, porque si de verdad queremos un
crecimiento inclusivo, no podemos continuar con un modelo que trata de
manera desigual a la mitad de la población (menores salarios y peores
carreras profesionales, largas jornadas de trabajo –remunerado y no
remunerado–, así como menores prestaciones sociales).
Segundo, porque
esta discriminación tiene también efectos negativos desde el punto de
vista colectivo.
Un ejemplo es la “crisis de los cuidados”, o la
incapacidad de nuestra actual organización social para atender de forma
adecuada la creciente demanda de servicios relacionados con los cuidados
personales. Otro ejemplo es la menor tasa de participación laboral de
las mujeres, asociada también en gran medida a un sistema de cuidados
que descansa fundamentalmente sobre las familias (frente a un sistema de
garantía pública) y sobre las mujeres (frente a una responsabilidad
paritaria).
Este eje morado de la nueva estrategia de crecimiento que
proponemos debería centrarse, por tanto, en el desarrollo de un sistema
público de atención a los cuidados –con importantes efectos positivos
sobre el empleo–, en la introducción de otras medidas que faciliten la
integración laboral de las mujeres (jornadas a tiempo completo más
cortas y eliminación de los incentivos a la contratación a tiempo
parcial; permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles) y
en la adopción de aquellas políticas necesarias para eliminar la
discriminación de las mujeres una vez que se incorporan al mercado
laboral.
* Gobernar la digitalización en favor de
la mayoría.
El proceso de digitalización va a ser de gran influencia en
la evolución futura de la economía y la sociedad.
Hablamos de “gobernar
la digitalización” por dos motivos. En primer lugar, no cabe esperar
que este desplazamiento desde las actividades más tradicionales hacia
otras caracterizadas por un mayor contenido tecnológico –sin duda, una
mejor alternativa que la actual de seguir compitiendo con bajos costes
salariales– se produzca “espontáneamente” por el mercado sin una
implicación efectiva del “Estado emprendedor”.
Pero, además, es
necesario “gobernar la digitalización” porque tampoco es seguro que este
proceso sea socialmente neutro si no se adoptan las medidas necesarias.
Por su propia definición, las innovaciones tecnológicas
producen, si no se asegura un aumento de la demanda agregada que
garantice mayores niveles de producción, una reducción de la demanda de
trabajo.
En el caso de la digitalización, además, esto tiene la
complicación adicional de que seguramente afectará de forma especial a
determinadas ocupaciones (y niveles de formación).
Como muestra el
ejemplo de la globalización –proceso que ha sido gobernado
fundamentalmente por el mercado– son necesarias políticas activas que
aseguren la aparición de otros empleos en sectores diferentes
(transición energética, cuidados personales) o que, alternativamente,
propicien un nuevo impulso al proceso histórico de reducción de jornada.
En definitiva, medidas que eviten la aparición de grupos de excluidos
laborales sin recursos (“perdedores de la digitalización”).
Por último, la forma que está adoptando el actual proceso
de digitalización apunta a otros dos riesgos a evitar.
En primer lugar,
una parte importante de los trabajadores de la nueva “economía de
plataformas” ha visto como se precarizaban enormemente sus condiciones
de trabajo (erosionándose los salarios, o haciéndose pasar por acuerdos
mercantiles entre empresas y autónomos lo que no son sino relaciones
laborales en un entorno de nuevas posibilidades tecnológicas).
En
segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, las rentas salariales
profundizan su desconexión de los aumentos de productividad y no se
benefician de dicha dinámica.
En el próximo artículo de la serie nos ocuparemos de
concretar más estos tres aspectos del nuevo patrón de crecimiento que en
nuestra opinión necesita España, que aquí solo hemos apuntado, y que la
actual “recuperación” no está propiciando." (Jorge Uxó /Nacho Álvarez, CTXT, 20/12/17)
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