"Un programa de 183 páginas (“Juntos por nuestra Austria”) guiará al
futuro Gobierno austríaco formado por la coalición entre conservadores
(ÖVP) y derecha nacionalista (FPÖ) que este lunes a las 11 horas
recibirá el visto bueno del presidente del país, Alexander Van der
Bellen. (...)
No solo se tratará de un “gobierno de derecha y extrema derecha”, como recogía el francés Le Monde,
sino que el FPÖ tendrá bajo su control algunas de las carteras más
importantes, como Interior (Herbert Kickl), Defensa (Mario Kunasek) o
Exteriores (Karin Kneissl). Esto significa en la práctica que la gestión
y el control del Ejército, la Policía y los servicios de inteligencia
se encontrará en manos del FPÖ.
Kickl –redactor de los discursos
de Jörg Haider y autor de lemas de campaña como 'Abendland in
Christenhand' (Occidente en manos cristianas)–, declaró a la prensa que
“no había nada que temer”.
La izquierda extraparlamentaria, los
sindicatos y organizaciones de la sociedad civil recuerdan no obstante
cómo en 2013 un político del FPÖ, Johann Gudenus, declaró que si el FPÖ
entraba en el gobierno eso significaría “sacar las porras del saco para
todos los peticionarios de asilo falsos, delincuentes, inmigrantes
ilegales, islamistas criminales e izquierdistas gritones”. (...)
El nuevo gobierno, que sustituye a la gran coalición entre
socialdemócratas y conservadores, no encontrará problemas para aprobar
sus propuestas legislativas, ya que contará con una mayoría de 113 de
los 183 escaños del Nationalrat (Parlamento). Los tres pilares del
programa de coalición –la reducción de impuestos, el crecimiento
económico y la lucha contra la inmigración ilegal– revelan el carácter
retórico del populismo del FPÖ.
No se trata de la primera vez que
el FPÖ entra en el gobierno. En 1999 Jörg Haider consiguió que el
partido fuese la segunda fuerza más votada, con el mismo porcentaje que
los conservadores (un 26,91%), pero un mayor número de votos (1.244.087
frente a 1.243.672).
El entonces candidato cristianodemócrata, Wolfgang
Schlüssel, decidió romper un tabú y pactar con la ultraderecha. Haider
optó por ceder el título de canciller a Schlüssel para evitar un
escándalo internacional, aunque no sirvió de mucho: la Unión Europea
optó por castigar a Austria –que había entrado en el bloque solo cuatro
años atrás– con la reducción de relaciones bilaterales, lo que en la
prensa fue presentado como “sanciones”.
A la medida se sumaron Canadá,
Israel, Noruega y la República checa, que entonces no formaba parte de
la UE.
Es sintomático que los medios de comunicación no hayan
recibido la noticia con la misma preocupación que entonces. Dos
cabeceras conservadoras, la alemana Frankfurter Allgemeine Zeitung y la italiana Die Stampa,
destacaron por ejemplo la rapidez con la que ÖVP y FPÖ habían alcanzado
un acuerdo de gobierno en comparación con las negociaciones entre
partidos en Alemania.
También expresaron su alivio cuando Strache
manifestó su renuncia a un referéndum sobre la permanencia en la UE y
garantizó la orientación proeuropeísta del nuevo gobierno, aceptando el
acuerdo de libre comercio entre Canadá y la UE (CETA) o las sanciones
contra Rusia, para las que el FPÖ ahora defiende su “relajación” y se
ofrece como mediador.
El secretario general de la organización
patronal de industria, Christoph Neumayer, elogió el sábado “las
inteligentes y racionales soluciones” esbozadas en el programa de
gobierno “para mejorar las condiciones para los trabajadores y empresas,
así como el futuro de Austria en general”.
Desde los socialdemócratas hasta las ONG ecologistas han protestado
por el futuro programa de gobierno, que incluye, entre otras, una
modificación del reglamento de ÖRF (radiotelevisión pública) “para
asegurar una cobertura objetiva e independiente”; aumentar el límite
legal de horas en la jornada laboral –hasta doce al día y sesenta a la
semana–; recortes en ÖBB (ferrocarriles); un mayor control de los
refugiados –sus comunicaciones podrán ser intervenidas por las
autoridades para verificar su origen e identidad–, se recortarán las
ayudas económicas y se enviará a sus hijos a escuelas especiales (lo que
dificultaría su integración), además de prever una reforma restrictiva
del derecho de asilo–; un endurecimiento del código penal; una política
cultural orientada a “los resultados” o que las escuelas “no sean
utilizadas como instrumentos para la promoción de modelos opuestos a la
sociedad” (un concepto que no se especifica, pero con el que el FPÖ
acostumbra a referirse a la comunidad LGTB).
Austria, que ocupa la
presidencia de turno de la UE en 2018, también adopta como política
oficial bloquear la entrada de Turquía en el bloque comunitario, aunque
las negociaciones bilaterales estén actualmente congeladas. La reforma
para introducir consultas populares y vinculantes en Austria queda
aplazada hasta finales de la legislatura.
En este sentido, el caso
de Austria presenta similitudes con el de Finlandia, donde el
presidente del Partido de Centro, Juha Sipilä, formó una coalición de
gobierno con la Coalición Nacional (conservadores) y el Partido de los
Finlandeses (derecha nacional populista), antes conocido como Verdaderos
Finlandeses. Una de las primeras medidas del gobierno de Sipilä fue
anunciar la aprobación de medidas de austeridad y la reducción de los
costes salariales reclamadaS por Bruselas.
El mensaje es claro:
mientras abandone su “populismo” y acepte el orden económico, la
ultraderecha no es un problema en un gobierno europeo.
Sus políticas
sociales o de inmigración son una cuestión secundaria, cuando no
permiten a otros estados –teniendo en cuenta la particular división del
trabajo a escala europea– “subcontratar” en estas áreas un trabajo sucio
que en París o Berlín podrían pasar factura política a sus promotores.
El tándem Kurz-Strache representa como pocos a la ultraderecha como
porra del neoliberalismo. (...)
Aunque existen otros gobiernos similares en la UE, Austria tiene una economía e influencia política de la que otros carecen. (...)
Viena podría liderar un “bloque austrohúngaro”. A finales de octubre
el partido populista ANO ganó las elecciones en la República checa,
donde el particular gobierno en minoría de Andrej Babiš cuenta con el
apoyo, o al menos la tolerancia, del presidente Miloš Zeman y de la
mayoría del resto de fuerzas: tanto de los conservadores euroescépticos
del Partido Democrático Cívico (ODS) como la ultraderecha del partido
Libertad y Democracia Directa (SPD) de Tomio Okamura o el Partido
Comunista de Bohemia y Moravia (KSČM), unidos bajo el denominador común
del recelo hacia las políticas de Bruselas.
Con la victoria de
Babiš, el Grupo Visegrád (V4) – formado en 1991 por Polonia, Hungría,
República checa y Eslovaquia para mejorar las relaciones e integración
de estos estados de Europa Central– podría convertirse en un bien
articulado lobby regional en el seno de la Unión Europea en la
defensa de una política migratoria más restrictiva, el mantenimiento de
ayudas económicas y una mejora de las relaciones con Rusia. (...)
Si el FPÖ consigue hacer valer sus intereses dentro del gobierno –que el
entendimiento entre Sebastian Kurz y el primer ministro húngaro, Viktor
Orbán, en materia migratoria facilita–, Viena podría ponerse al frente
de V4 sin entrar formalmente en él y formar una suerte de “bloque
austrohúngaro”. El resultado a corto plazo sería probablemente un nuevo
quebradero de cabeza para Angela Merkel, y a largo plazo, un
fortalecimiento de la derecha radical en toda Europa." (Ángel Ferrero, El Salto, 17/12/17)
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