"Las listas de espera hospitalarias aumentaron en
2018. Este es uno de los motivos por los que la Coordinadora Estatal de
Mareas Blancas llamó a movilizarse por la Sanidad Pública el 10 de
diciembre. Según la coordinadora, “las listas de espera han alcanzado un
volumen y una seriedad que, además de agravar las patologías,
discrimina a las personas más vulnerables”.
Detrás de eufemismos como
“externalización”, “sostenibilidad” o “colaboración público-privada”, lo
que hay es una situación que, denuncian, ha llevado a un cuadro crítico
en la Comunidad de Madrid.
Juan Luis Ruiz-Giménez, miembro de Audita
Sanidad -la Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad-
asegura que, “aunque es esperable que en un sistema público haya listas
de espera, las cifras actuales en Madrid son tremendas; intolerables”.
Actualmente, entre intervenciones quirúrgicas y
derivaciones a atención secundaria, el número de personas en espera
asciende a 600.102, según cifras de la propia Consejería de Sanidad.
Una
anomalía que ha dado pie a una denuncia del Defensor del Paciente
dirigida contra el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el
presidente regional, Ángel Garrido, a quienes acusa de “dejación u
omisión de funciones” para pedir “que se investigue la posibilidad de un
delito contra la salud pública”. (...)
La apuesta de los gobiernos autonómicos del PP por un modelo
público-privado y los recortes presupuestarios iniciados en 2008 han
dejado a la comunidad en una situación de inversión baja en gasto
sanitario público, solo por detrás de Andalucía. (...)
Esbrí denuncia que hay una manifiesta voluntad de
favorecer el negocio de los centros bajo administración privada: “No hay
ningún cambio favorable en las políticas sanitarias por parte del
Gobierno de Garrido”. Uno de los últimos episodios de esa tendencia es
la decisión de recontratar el sistema de Cita Previa diseñado por el
poderoso grupo privado INDRA, y también los servicios privados de
limpieza.
Otra de las consecuencias de la apuesta de los
gobiernos de Aguirre, González, Cifuentes y Garrido es la diferenciación
entre los llamados “pacientes-chollo” —en la jerga médica— y los
pacientes que deben ser derivados desde los centros público-privados al
sistema público.
Los casos complejos, cronificados o más costosos, se
acumulan en los hospitales públicos. Según el XIV Informe de la
Federación de Asociaciones del Servicio Público (FADSP), de 2017, solo
Catalunya supera a la Comunidad de Madrid -igualada con Baleares— en el
gasto sanitario dedicado a contratación con centros privados." (Alberto Azcárate, El Salto, 25/12/18)
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