Repobladores de Fraguas, en Guadalajara
"Para unos son un grupo de okupas que se
ha instalado, vulnerando la legislación medioambiental, en un enclave
deshabitado del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara.
Para
otros, son un colectivo de repobladores que han trasladado al epicentro
de la despoblación un proyecto serio y viable para devolver la vida a
una aldea que hace muchas décadas que había dejado de latir.
El caso es que el colectivo de Fraguas que se asentó en 2013 en este núcleo despoblado
de la zona norte de Guadalajara ha recibido un amplio eco en los medios
de comunicación -incluso de ámbito nacional- y, a lo largo de este año,
ha encontrado un interés inusitado tratándose de un asunto vinculado al
medio rural.
La Audiencia Provincial de Guadalajara delibera desde el 14 de noviembre si ratifica o revoca la sentencia que, en junio pasado condenó a seis miembros del colectivo okupa Fraguas Revive a una pena de un año y nueve meses de prisión por delitos contra la Ordenación del Territorio y Usurpación del Monte Público. (...)
El proceso se inició al considerar la Junta de Castilla-La Mancha,
administración competente en la ordenación del territorio, que la
ocupación de Fraguas era ilegal al localizarse en un área declarada parque natural
y por vulnerar la normativa de montes y en materia urbanística. Desde
la Administración regional consideran que "no es posible autorizar ni
legalizar" construcciones en un lugar que ya no es un pueblo sino monte
público. (...)
Todo ello ha situado a Fraguas, que no es el único núcleo de la
provincia de Guadalajara que alberga un proyecto de autogestión
orientado a repoblar las zonas rurales, en el disparadero. Fraguas es un
pueblo deshabitado desde que en los años 60 fue expropiado por el
Estado. Ahora, varios de los antiguos pobladores de Fraguas no han
dudado en respaldar al colectivo de repobladores. (...)
La Junta ha denunciado la construcción parcial de varias viviendas, la
instalación de placas solares y la toma de agua “de una conducción
previa que alimenta un punto de agua contra incendios forestales”. La
posición de la Administración es que se trata de una okupación inviable e
ilegal al tratarse de un monte público de naturaleza rústica en el que
la legislación no permite ya la urbanización.
El colectivo de Fraguas
defiende su tarea en este enclave: el respeto de las construcciones por
el entorno, la sostenibilidad del proyecto de vida que defienden y la
integración en un área natural conservada sin que ésta sufra
alteraciones. (...)
Gonzalo Aracil, uno de los miembros acusados, señaló a eldiarioclm.es:
“queremos demostrar a la Junta el gran apoyo que mantiene todavía
nuestro proyecto de repoblación de Fraguas y mostrar de nuevo nuestro
rechazo a la condena porque es injusta”.
Además, subrayó: “Nos acusan de
ordenar el territorio, cuando fue ICONA quien cambió el uso a unas
tierras de cultivo en los años 60 y vulneró la ley vigente de entidades
locales, que prohibía embargar las calles de dominio público”. (Rafael Gamo, eldiario.es, 22/12/18)
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