"El Tribunal de Cuentas español ha
condenado a Ana Botella, exalcaldesa de Madrid y esposa del
expresidente José María Aznar y a otros seis políticos del Partido
Popular a abonar 22,7 millones de euros a las arcas del Ayuntamiento de
la capital por haber decidido, mientras formaban parte del órgano de
gobierno de la corporación local, vender 18 promociones inmobiliarias
(unas 1.860 viviendas) de la Empresa Municipal de la Vivienda y el
Suelo a una filial del fondo buitre Blackstone.
La venta se produjo en julio de 2013,
causando un menoscabo a las arcas públicas de 25,7 millones. El
procedimiento, según el Tribunal de Cuentas, fue ilegal al no
garantizarse concurrencia alguna.
La operación se cerró por debajo del
precio de mercado de los inmuebles e, incluso, por debajo de su precio
contable. La enajenación se realizó “sin elaborar un pliego de
condiciones de la venta, ni hacer un estudio técnico de la necesidad
económica y viabilidad jurídica de la misma ni fijar con carácter
previo, mediante el oportuno informe técnico o tasación homologada, el
valor de los inmuebles a enajenar”.
No ha sido esta, por otra parte, la
única noticia reciente en la que los llamados fondos buitre se han
visto citados en la actualidad económica española. El viernes 14 de
diciembre se hizo público que el fondo activista Elliot Management
quiere comprar una participación importante en una de las principales
empresas del país: la empresa de telecomunicaciones Telefónica.
Elliot
Management, el fondo de inversión dirigido desde Nueva York por el
multimillonario y habitual donante de las campañas presidenciales
republicanas norteamericanas, Paul Singer, saltó a la fama global en
octubre de 2012, al conseguir el embargo de una fragata de la Armada
argentina como medida de presión para que Buenos Aires pagara a los
fondos buitre poseedores de bonos que no habían entrado en el canje
puesto en marcha por el país latinoamericano tras el impago de su deuda
pública en 2001.
Su estrategia fundamental, puesta en valor en varios
escenarios del Sur global, consiste en comprar deuda en reestructuración
o con alto riesgo de impago con la finalidad de obtener la mayor
cantidad de dinero posible mediante demandas legales. Así, Elliot
Management ha tomado el control del club de fútbol italiano Milan, o de
Game Digital, una cadena de tiendas de videojuegos con presencia en
España, de la que salió en abril pasado.
Otra de sus actividades principales
consiste en entrar en grandes empresas cotizadas y forzar la escisión
de las mismas o la venta de activos no estratégicos o divisiones no
esenciales, con los consiguientes despidos. Así, este año ha forzado la
segregación de dos grandes grupos europeos, la compañía británica
Whitbread y el gigante industrial alemán Thyssenkrupp.
Estas dos noticias dan fe de la
creciente penetración de este tipo de vehículos de inversión
oportunistas en la economía española. Una penetración facilitada por la
confluencia entre los intereses de las ubicuas redes de corrupción
desarrolladas durante los gobiernos del Partido Popular, las políticas
de austeridad impulsadas desde las instituciones de la Unión Europea, y
la crisis global del año 2007.
El mercado español de la vivienda, por
ejemplo, es un paradigmático ejemplo de este complejo proceso. La
gestión desastrosa y corrupta de las Cajas de Ahorro llevó a la
nacionalización de algunas de estas entidades financieras y a la
constitución (mediante un rescate europeo) de un “banco malo” en el que
se concentraron todos los activos tóxicos (viviendas, locales, etc)
resultado de la mayor burbuja inmobiliaria de la historia de Europa
Occidental.
Con dichos activos se podría haber constituido un parque
público de vivienda en alquiler social para solucionar las enormes
carencias habitacionales de las clases populares españolas. En lugar de
ello, se ha procedido a la venta por lotes, a precios de ganga, de la
mayoría de los activos.
Los compradores han sido, en gran medida, los
grandes fondos internacionales, como Cerberus, LoneStar o Blackstone.
Blackstone, de hecho, ha pasado a convertirse en el mayor propietario
de viviendas del país, con cerca de 22.000 inmuebles.
Paralelamente, la corrupta gestión del
erario público por parte de los políticos locales y autonómicos
garantizaba un polémico proceso de venta de la vivienda protegida
construida por entidades públicas y destinada al alquiler (la mayor
parte de las veces, con opción de compra posterior). El caso por el que
ha sido condenada Ana Botella es suficientemente paradigmático, pero
no es, ni mucho menos, el único.
En la misma ciudad de Madrid y sus
alrededores, y en fechas parecidas, otros cerca de 3.000 pisos en
alquiler del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), entidad
constituida por la Comunidad Autónoma madrileña para gestionar la
política pública de vivienda regional, fueron vendidos a EnCasaCibeles,
empresa controlada por Goldman Sachs, el principal banco de inversión
del mundo, que a su vez conseguía cerca de 300 viviendas más en
Barcelona,
Por supuesto, todas estas operaciones
tienen un costo para la población afectada. No sólo en los términos
puestos de manifiesto por el Tribunal de Cuentas (el dinero público
perdido en operaciones que se han realizado la mayor parte de las veces
por debajo de los precios de mercado), sino también un coste humano
directo.
Así, los fondos, al tomar la posición de nuevos caseros en las
promociones que compraban, han subido las rentas a pagar por los
inquilinos, han desahuciado a muchas familias, han descuidado los
servicios comunes de las comunidades e, incluso, en ocasiones han
presionado a los vecinos para que abandonasen las movilizaciones y
acciones judiciales que habían iniciado en defensa de sus derechos.
Sin embargo, la penetración de los
fondos globales en la economía española no se limita al sector
inmobiliario. Hace exactamente un año el periódico El País ya avisaba
de que los inversores foráneos tenían la propiedad del 42,2% del
mercado de acciones del principal índice de la Bolsa española (el Ibex
35).
Todo un récord histórico. Destaca la presencia de entidades como
Norges Bank, Vanguard y, muy señaladamente, el fondo Blackrock, la
mayor gestora del mundo, que maneja activos por valor de más de cinco
billones de dólares y que tiene una importante presencia en el
accionariado de las mayores entidades financieras de España (los bancos
sistémicos, “demasiado grandes para caer”) como el Banco de Santander y
el BBVA.
La España en crisis de 2010 dio lugar a
la España en subasta de los años posteriores. Los inversores
internacionales tomaron posiciones en un mercado devaluado por la
explosión de la burbuja inmobiliaria, con la imprescindible ayuda de
las redes de corrupción política y empresarial más ubicuas de las
últimas décadas. Las presiones de la Unión Europea para la apertura de
los mercados frente a las redes financieras globales y para el
desarrollo de políticas de austeridad del sector público, hicieron el
resto.
Lo que no esperaban, sin embargo,
inversores buitres y políticos corruptos, era la continuidad y
extensión de los procesos de resistencia puestos en marcha por las
poblaciones afectadas. Sin la lucha de gentes como Arancha Mejías,
Sonia Martínez, Josete de Roa y el resto de vecinos y vecinas de los
pisos vendidos en Madrid a los fondos internacionales, el Tribunal de
Cuentas no se hubiera llegado a pronunciar y esta historia hubiese sido
sepultada tras un manto de olvido.
A ellos y ellas les debemos el
mínimo rastro de dignidad democrática que aún nos queda. No lo
olvidemos."
(José Luis Carretero Miramar, Economía crítica y crítica de la economía, 08/01/19, fuente: Pulsonoticias.ar)
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