"La Operación Púnica, que se destapó en octubre de 2014, ha puesto sobre la mesa seis grandes métodos con los que el PP de Madrid, dirigido por Esperanza Aguirre,
se financiaba ilegalmente tanto para su dopaje electoral —realizaban
gastos por encima del límite legal— como en provecho de sus dirigentes.
Lo que sigue es la descripción del modus operandi en cada caso, según el juez instructor del caso, Manuel García-Castellón.
1. El 1% de la obra pública
1. El Gobierno de Esperanza Aguirre decidió que en determinadas obras públicas había que reservar el 1% del presupuesto para publicidad.
Las constructoras entregaban ese dinero a la Comunidad de Madrid, que
decidía quién se encargaba de la publicidad. Una parte importante de ese
1% de obras públicas fue a parar al empresario Horacio Mercado, quien
dedicó diversas cantidades a organizar actos del PP y no al fin
establecido de publicitar los equipamientos construidos con dinero
público.
El juez relata que ocho consejerías (Presidencia, Sanidad,
Transportes, Mujer, Economía, Medio Ambiente, Hacienda, Economía e
Innovación Tecnológica) adjudicaron hasta cinco millones de euros a las
empresas de Horacio Mercado mediante contratos amañados.
2. Efectivo para la caja B
2. Algunos empresarios entregaban cantidades en
efectivo a dirigentes del PP de Madrid, que ponían el dinero a
disposición del gerente del partido, que lo utilizaba sin declarar a
Hacienda para gastos de la formación.
El juez atribuye estas prácticas a Ignacio González (entonces
vicepresidente de la Comunidad de Madrid), Francisco Granados (entonces
consejero y secretario general del PP de Madrid) y Beltrán Gutiérrez
(entonces gerente del PP de Madrid).
3. Pagos electorales a través de Fundescam
3. Esta fundación del PP, presidida por Aguirre,
tenía por fines la realización de estudios, organización de jornadas y
trabajos similares. Se nutría de subvenciones públicas que adjudicaba el
Gobierno de la Comunidad de Madrid, del PP, y de donativos de
empresarios. El dinero recaudado se empleó en parte para financiar actos
de campañas electorales, algo prohibido por la ley.
4. Sistema de facturas falsas
4. Empresas públicas presididas por Ignacio González
se concertaron con empresas privadas a las que adjudicaban contratos
millonarios para establecer un sistema de facturación falsa (pago por
servicios no prestados) que permitía desviar fondos para gastos
particulares del PP
Las empresas públicas utilizadas para este mecanismo fueron Canal de
Isabel II e Informática y Comunicaciones de Madrid (ICM). Las empresas
privadas que colaboraron en este sistema de financiación ilegal fueron
Indra, Domométrica y Swat.
5. Campañas de imagen con dinero público
5. Dos empresas, Eico y Madiva, vendieron a los
dirigentes del PP sus servicios para mejorar la imagen de sus dirigentes
a través de Internet. Esos trabajos privados fueron pagados con fondos
públicos.
Los trabajos favorecieron a Esperanza Aguirre, Ignacio González,
Lucía Figar, Salvador Victoria o Borja Sarasola, según el relato del
juez. Algunos de esos trabajos se pagaron a través del Canal de Isabel
II.
6. Desvío de fondos para fiestas patronales
6. Uno de los principales flujos de fondos iba
desde las fiestas patronales a la caja b del PP madrileño.
Algunos Ayuntamientos gobernados por los populares inflaban
la factura para la organización de sus fiestas municipales y
dedicaban la diferencia a financiar actos electorales en
estas localidades. El PP de Madrid contrató actos de campaña
con la empresa Waiter Music.
Para pagar una parte de estos servicios, el PP desvió dinero
público de los Ayuntamientos de Pinto y Valdemoro, que
supuestamente se había presupuestado para pagar a Waiter
Music por organizar los actos de las fiestas patronales. Los
municipios de toda la Comunidad de Madrid, especialmente los
gobernados por el PP, recurrían a Waiter Music para preparar
las actuaciones musicales de las fiestas patronales,
cabalgatas de reyes, carnavales y otras celebraciones
populares. A cambio de las adjudicaciones, Waiter Music
sufragaba en parte los actos del partido y fiestas
particulares de sus dirigentes. La empresa facturó 13,6
millones de euros entre 2007 y 2010 a Ayuntamientos regidos por
el PP, según se desprende de la investigación." (José Manuel Romero, guiomar del Ser, El País, 05/08/19)
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