El lobby de los grandes operadores privados, lejos de asumir sus riesgos empresariales, reivindicando eludir obligaciones contractuales y ampliar sus plazos de concesión, como forma de compensar su pérdida de beneficios por los efectos del coronavirus

"Si hacemos de la necesidad virtud, podremos decir cuando pase esta tormenta vírica, que no hay mal que por bien no venga. El virus nos está dejando múltiples lecciones que deberíamos aprender. 

La pandemia, al igual que el cambio climático, dejan al desnudo nuestra vulnerabilidad, por encima de razas, fronteras y condiciones sociales. Sin embargo, en el caso del Covid 19 esa percepción de vulnerabilidad ha sido tan directa e inmediata que no ha dejado espacio siquiera para la duda. (...)

La más contundente de esas lecciones, sin duda, es la que se refiere a la sanidad pública. Hoy, ni los más fervorosos neoliberales hablan siquiera de la bondad de los recortes en sanidad pública para favorecer la expansión de hospitales, clínicas y seguros de salud privados, al tiempo que se extiende el consenso social sobre la necesidad de fortalecer el sistema público de salud. En este contexto, sería bueno reflexionar también sobre los servicios de agua y saneamiento, como clave esencial de esa salud pública que queremos fortalecer.

En este campo, el proceso de privatización ha sido más sutil, aunque no menos eficaz y demoledor. La estrategia de promover empresas de pretendida colaboración público privada, al tiempo que se estrangulaban las capacidades financieras municipales, ha llevado a muchos Ayuntamientos a promover o aceptar esas políticas de privatización de sus servicios de agua y saneamiento para aliviar sus agobios financieros. 

Así, este servicio público básico, que debería gestionarse bajo la lógica del interés general, sin ánimo de lucro, como la sanidad pública, se ha venido transformando en un negocio privado. Con un agravante, el de la complicidad de muchos Ayuntamientos, que han visto en el llamado canon concesional (el dinero que el operador privado adelanta a la Alcaldía por la concesión) una forma de paliar a corto plazo su penuria financiera; a costa, eso sí, de encarecer la tarifa del agua y de perder el control efectivo sobre el servicio más importante para la salud pública que la Constitución pone en sus manos. De esta forma, los vecinos y vecinas pasan, de ser ciudadanos, a ser simples clientes, bajo la lógica del mercado y no del interés general.

En este contexto, ante la bajada del consumo de agua, por cierre de bares, restaurantes, hostelería, peluquerías y otros negocios, el lobby de los grandes operadores privados, lejos de asumir sus riesgos empresariales y brindar incluso su contribución al esfuerzo colectivo frente a la pandemia, viene reivindicando eludir obligaciones contractuales y ampliar sus plazos de concesión, como forma de compensar su pérdida de beneficios.

 ¿Sería siquiera imaginable que los hospitales privados demandaran compensaciones al Estado, en plena crisis, por la competencia desleal que la sanidad pública les hace al atender gratis a la gente enferma?

Mientras, los operadores públicos y los Ayuntamientos que mantienen la gestión de sus competencias se ven desprotegidos, en un marco legal que restringe sus capacidades y amenaza con la privatización si el balance financiero se desequilibra. Operadores públicos y Ayuntamientos que descartan los cortes por impago y reservan fondos en apoyo de familias vulnerables y pymes, al tiempo que se comprometen sin reservas con la emergencia social en curso.

 La urgencia no está en compensar las saneadas economías de los grandes operadores privados, sino en flexibilizar de forma inmediata y reformar luego en profundidad la Ley de Racionalización y  Sostenibilidad de la Administración Local e incluso los Presupuestos Generales del Estado, para proteger e impulsar la gestión pública de estos servicios que son  clave para la salud pública y la cohesión social.

Haciendo de la necesidad virtud, al tiempo que buscamos la forma de fortalecer la sanidad pública, deberíamos facilitar la remunicipalización de los servicios de agua y saneamiento, en lugar de dificultarla y penalizarla, como se ha venido haciendo hasta ahora. Deberíamos promover estrategias que empoderen a nuestros Ayuntamientos para transitar a nuevos modelos de gestión pública participativa, en línea con las propuestas de la Red de Agua Pública (RAP), formada por sindicatos, asociaciones vecinales, consumidores y colectivos sociales de todo tipo, y seguir así el ejemplo de ciudades como Paris y Berlín, que marcan hoy liderazgo."                 

(Pedro Arrojo Agudo. Profesor emérito de la Universidad de Zaragoza, Público, 23/04/20)