"Suspensión de patentes, control de
precios o crear un sistema público de farmacia. Son algunas de las
propuestas que realizan desde Médicos sin Fronteras, Ecologistas en
Acción y la Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad (CAS) en
Madrid para asegurar el acceso a los medicamentos y vacunas, actualmente
en pruebas o en fase de investigación, para el tratamiento y prevención
de coronavirus.
Aunque
a día de hoy no hay ni tratamiento específico ni una vacuna para este
virus, son varios los medicamentos sobre los que se están haciendo
pruebas en dos decenas de hospitales españoles. Estos fármacos, cuya
distribución está centralizada en la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (AEMPS), están patentados por grandes farmacéuticas
y, en muchos casos, el abastecimiento no está asegurado y el precio de
cada dosis asciende a centenares de euros.
Desde Médicos sin Fronteras (MSF)
urgen a los gobiernos a que “se preparen para suspender y anular
patentes”, citando como herramienta para ello las licencias
obligatorias, con las que se permite fabricar genéricos al margen de las
empresas que tienen las patentes sobre los medicamentos. También que
tomen otro tipo de medidas como el control de precios sobre medicamentos
y vacunas para el tratamiento del covid-19.
“Exigimos que esta crisis
de salud global no dé pie a patentes y beneficios en medicamentos, test o
vacunas para el coronavirus. Las pruebas deben ser asequibles para
todos los países”, afirman desde esta organización. Desde CAS Madrid y
Ecologistas en Acción también urgen al Gobierno a ordenar la anulación
de patentes para los medicamentos que puedan ser usados en la lucha
contra el coronavirus.
“España podría considerar el uso de
licencias obligatorias por parte del gobierno para superar rápidamente
las barreras de patentes y acceder a medicamentos, diagnósticos y
vacunas, según sea necesario; sin embargo, España y otros 36 países han
optado por una norma especial permitida por la Organización Mundial del
Comercio para emitir licencias obligatorias para importar medicamentos
genéricos producidos por otro país”, explica a El Salto Yuanqiong Hu,
asesora legal de la Campaña de Acceso de MSF.
Varias organizaciones de
la sociedad civil, incluida MSF, han publicado una carta abierta
para sugerir a los gobiernos de estos países que reafirmen su opción de
usar una licencia obligatoria en todas las circunstancias, que
permitiría a los gobiernos acceder a los medicamentos pagando un
royaltie a las empresas que tengan las patentes, pero evitando su
monopolio.
Por ahora, el Real decreto.ley 7/2020, aprobado el 12 de marzo, dicta en su artículo 7 un cambio en la Ley de
garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios que
permite al Gobierno regular los precios de medicamentos y productos
sanitarios no sujetos a prescripción médica y de otros productos
necesarios para la protección de la salud que se dispensen en territorio
español. También que, cuando exista una situación excepcional sanitaria
—como la actual—, la Comisión Interministerial de Precios de los
Medicamentos pueda fijar los precios máximos de venta al público de
determinados fármacos mientras dure esa situación excepcional.
“Habría
que ampliarlo a los medicamentos que necesitan receta y aplicarlo”,
señala Tom Kucharz, investigador y miembro de Ecologistas en Acción,
quien subraya que el Gobierno debería asegurar que cualquier vacuna o
tratamiento desarrollado sea accesible, disponible y gratuito. “Es un
objetivo que no puede cumplirse si las corporaciones farmacéuticas
tienen autoridad para establecer precios y determinar la distribución,
poniendo los intereses con fines de lucro por encima de las prioridades
de salud”.
Por ello,
este activista de Ecologistas en Acción subraya que, en el corto plazo,
el gobierno español debería aplicar las flexibilidades del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio,
utilizando las disposiciones sobre licencias obligatorias para superar
las barreras de acceso relacionadas con las patentes.
Pero en el largo
plazo, Kucharz afirma que España debería apoyar a los países del Sur
global que proponen la eliminación del Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS)
en la Organización Mundial de Comercio. “Esta emergencia sanitaria es
una oportunidad para prohibir los patentes sobre medicamentos”,
sostiene.
También señala la necesidad de un
real decreto ley que modifique la política industrial y priorice la
creación de una industria farmacéutica estatal bajo gestión pública y
sin ánimo de lucro, que produzca los medicamentos de mayor consumo y
esenciales para la mayor parte de la ciudadanía. “No se puede seguir
dependiendo sine die de las grandes multinacionales farmacéuticas, de
las patentes y del proceso de fijación de precios”, advierte.
Desde
la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
afirman a El Salto que hasta el momento no han valorado la fabricación
de medicamentos que se están ensayando para el tratamiento del covid-19
por parte del sistema público. “Las normas de correcta fabricación y las
medidas de precaución necesarias para garantizar que los medicamentos
sean seguros y eficaces conlleva tiempo y, además, hace falta los
diferentes materiales para poder fabricarlos, como principios activos y
excipientes, entre otros”, explican desde la Aemps.
“En este momento nos
estamos centrando en facilitar la adquisición de todos esos materiales
para que sean los laboratorios privados, que ya están listos, los que
puedan llevar a cabo esa fabricación”, añaden.(...)"
De farmacia militar a farmacia pública
“Si
hay una farmacia militar, que la hay, y que fabrica determinados
productos, se puede reconvertir en una farmacia pública estatal que
produjera los medicamentos que han perdido la patente o que trabajara
con licencias obligatorias”, señala Antonio Gómez, de CAS Madrid. Según
afirmaba a principios de abril el jefe del Estado Mayor de Defensa,
Miguel Ángel Villarroya, a raíz de la crisis del coronavirus, el Centro
Militar de Farmacia de la Defensa ha aumentado su producción de solución
hidroalcohólica, cápsulas de paracetamol y un antiviral de amplio
espectro, además de mascarillas quirúrgicas.
“No
creo que sea muy difícil”, continúa Gómez sobre la fabricación estatal
de los medicamentos que den buenos resultados contra el covid-19. “Puede
haber problemas con medicamentos de última generación cuya patente no
ha prescrito, pero aun así ya ha habido países que rompieron las
apretones para fabricar retrovirales, como India, Brasil, Sudáfrica...
Realmente se puede hacer, pero es uno de los sectores que más presión
hace sobre el gobierno”, advierte sobre la industria farmacéutica. “Con
la crisis del coronavirus ha quedado claro que no podemos depender de
terceros, otra cosa son los pasos que den los políticos, porque la
presión de las farmacéuticas es muy potente”, añade.
Gómez
explica que la posibilidad de la farmacia pública ya se planteó en los
80, “y se perdió”. Fue una propuesta que aparecía en los primeros
borradores de la Ley General de Sanidad, que finalmente se aprobó en
1986 sin incluir la posibilidad de farmacia pública. “No se hizo por
presiones de las farmacéuticas”, lamenta Gómez.
“Después ha sido una
carrera en la que el gasto farmacéutico ha llegado a alcanzar el 28% del
total del gasto sanitario; siempre propusimos que los medicamentos
prescritos en el sistema público se pudieran fabricar y dispensar en los
centros de salud, sería una forma de ahorro muy importante porque se
darían las dosis necesarias sin tener que pasar por las farmacias”.
Hace cinco años, desde CAS Madrid
volvieron a plantear la creación de un sistema público de farmacia que
fuera capaz de producir medicamentos esenciales. Era 2015 y hacía poco
Gilead había sacado al mercado unos de sus medicamentos de más venta,
Soldivi (sofosbuvir), para el tratamiento en la hepatitis C, cuyo precio
de venta ascendía a alrededor de 60.000 euros por cada tratamiento de
12 semanas.
Es un precio que multiplicaba por 600 el coste de
producción, según denuncian desde CAS Madrid. A principios de 2015,
desde esta organización se
pusieron en contacto con todos los partidos políticos con
representación parlamentaria proponiendo la creación de un sistema
público de farmacia, la distribución de los medicamentos con receta en
los propios centros sanitarios, la exclusión del Registro todos aquellos
medicamentos de eficacia dudosa u obsoletos y la eliminación del
copago. Un año después, ningún partido había contestado a la propuesta.
Desde
CAS Madrid recuerdan que la creación propia de medicamentos evitando
las patentes de las grandes farmacéuticas es una posibilidad legal
amparada por el artículo 31 del Acuerdo sobre
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con
el Comercio, mencionado en la Declaración de Doha, que contempla la
potestad de los Estados para otorgar licencias obligadas de determinados
medicamentos que permitan la producción propia pagando royalties a las
farmacéuticas que tengan los derechos de patentes, incluso sin su
consentimiento.
También la ampara la Ley de Patentes española, que contempla la herramienta de licencias obligatorias por motivos de interés público, y el propio Parlamento Europeo,
que, ante una pregunta formulada por UPyD en septiembre de 2014 —“¿Qué
posición tomaría la Comisión si un Estado miembro decidiera emitir una
licencia obligatoria y fabricar genéricos de sofosbuvir?— respondió que
“corresponde a los Estados miembros decidir la manera de conceder a los
ciudadanos de la UE el acceso a tratamientos medicamentosos
innovadores”. (Ter García, El Salto, 17/04/20)
No hay comentarios:
Publicar un comentario