"En un artículo reciente señalé elementos importantes que habían
contribuido a la propagación de la epidemia –ahora pandemia– causada por
el coronavirus, elementos a los que no se les había dado la visibilidad
que merecían en los principales medios de información y que, de no
entenderse y resolverse, crearían las condiciones para la aparición de
otras epidemias, una vez esta estuviera resuelta (Lo que no se ha dicho de la epidemia de coronavirus, Público, 04.03.20).
Entre
estos elementos apuntaba el comportamiento de las grandes empresas
farmacéuticas, que sistemáticamente anteponen su objetivo de optimizar
sus beneficios a otros fines, como el prevenir y/o curar enfermedades
que, al extenderse, pueden convertirse en pandemias, como ha ocurrido
ahora.
La importancia de esta comercialización y la sumisión de los
intereses generales a los intereses privados en sectores tan importantes
para la salud y calidad de vida de las poblaciones –como lo es la
sanidad (incluyendo el sector farmacéutico)– ha sido la característica
del período neoliberal, iniciado a partir de los años ochenta
en el mundo occidental con la amplia privatización de tales sectores
vitales para el bienestar de la población. (...)
La expansión del neoliberalismo ha contribuido a que, desde
los años ochenta, el mundo haya visto nada menos que cuatro grandes
epidemias (Ébola, SARS, MERS y ahora el COVID-19), siendo la aplicación de sus políticas (esto es, la desregulación de los mercados y su mundialización, así como las políticas de austeridad social) uno de los factores que más han contribuido a la expansión de tales enfermedades a los dos lados del Atlántico Norte
(lo cual explica que adquirieran gran visibilidad mediática, pues ha
habido también otras epidemias que, al no afectar a estos países y
haberse limitado y contenido en los países subdesarrollados o en otros
continentes, apenas han sido noticia).
De entre estas medidas, dos han tenido especial importancia: una ha sido, como acabo de citar, la
desregulación del movimiento de capitales y del mundo del trabajo,
creando una gran movilidad de personas y de productos de consumo a nivel
global, con un debilitamiento de las políticas de protección del
trabajador y del consumidor, así como una amplia desregulación de los
mercados de trabajo.
Y la otra intervención, perjudicial también para el bienestar de las clases populares, ha sido la
reducción de servicios fundamentales para garantizar el bienestar de la
población como los servicios sanitarios y los de salud pública, así
como los servicios del 4º pilar del bienestar como escuelas de infancia y
servicios a las personas dependientes como los ancianos, que son
imprescindibles para aminorar el enorme impacto negativo de la epidemia
en la calidad de vida de las poblaciones. (...)
La máxima expresión del neoliberalismo: los EEUU de Trump
Dos son las características que definen hoy EEUU. Una es el bajísimo nivel de protección social de las clases populares. El nivel de vida de la clase trabajadora se ha reducido enormemente como consecuencia del gran aumento de la precariedad y el pluriempleo en el mercado de trabajo estadounidense. Según un estudio reciente de la prestigiosa Brookings Institution, publicado en 2019, el 44% de los trabajadores en EEUU (más de 53 millones) son trabajadores con bajos salarios (con una mediana de salarios de algo menos de 18.000 dólares al año), con lo cual el informe concluye que "casi la mitad de los trabajadores obtiene unos salarios que no son suficientes para proveer una seguridad económica".
Este porcentaje ha crecido muy notablemente durante la época Trump. Un indicador de esta escasa protección social es que la gran mayoría de trabajadores no tienen sick leave,
es decir, que si no trabajan por estar enfermos, no reciben ningún
salario o ayuda financiera, sea privada (proveída por su empleador) o
pública (por la Seguridad Social). Ello implica que los
trabajadores suelan resistirse mucho a dejar de trabajar porque ello les
supondría interrumpir sus ingresos. Esta es la causa de que muchas
personas enfermas, infectadas por el coronavirus, continúen trabajando y
contagiando.
Pero la dimensión más dramática de esta escasa protección es
que la mayoría de los servicios sanitarios son privados. Casi 30
millones de personas en EEUU no tienen ninguna cobertura sanitaria y
otros 27 millones tienen una cobertura muy insuficiente. Como resultado
del escaso desarrollo del sector público, EEUU es uno de los países con
un número más bajo de camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes en
la OCDE (el grupo de países más desarrollados del mundo
capitalista), con lo que tiene un problema gravísimo para poder atender a
la población.
La respuesta de Trump a la epidemia
La estrategia del gobierno del presidente Trump se ha centrado
en negar que exista un problema, atribuyendo al Partido Demócrata la
creación de una inexistente epidemia que, según él, está basada en la difusión de noticas falsas (fake news en inglés). Ha llegado incluso a ordenar a la máxima autoridad federal de salud pública, el Center for Disease Control and Prevention o CDC (cuyo presupuesto, el gobierno de Trump ha reducido en un 18% anual) que prohibiera las pruebas de identificación para mostrar si la persona está o no contagiada de COVID-19 (exceptuando las realizadas por el propio CDC), lo cual ha limitado tal número de pruebas a una cantidad mínima
En realidad, el presidente Trump recortó en un 20% los
Programas Federales para Urgencias Infecciosas, eliminado a la vez la
unidad de pandemias dentro del Consejo de Seguridad Nacional, por lo que
esta institución pasó a centrarse únicamente en la seguridad militar,
dejando de lado la seguridad en el bienestar. Hizo grandes recortes en
la investigación de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), incluyendo
investigaciones en los coronavirus (uno de los cuales ha sido el
causante de la pandemia actual) que, de haberse completado, hubieran
podido haber prevenido tal pandemia.
La enorme alarma popular ha forzado al presidente Trump a reconocer que sí que existe una epidemia,
hecho del que se ha dado cuenta tras la caída de la bolsa en picado,
más que del sufrimiento popular. Y a fin de estimular la economía, ha
pedido reducir los salarios y bajar los impuestos y, muy en especial,
las cotizaciones a la Seguridad Social (como parte del intento de Trump
en EEUU de eliminar tal programa federal).
Últimamente y, de
nuevo, como resultado del gran enfado popular, ha ido tomando decisiones
como respuesta a la actividad propositiva del Partido Demócrata y del
Congreso de EEUU (hoy con mayoría de tal partido), que están utilizando
la falta de respuesta del gobierno Trump a la epidemia como elemento
clave para su derrota en las próximas elecciones. Por fin se está
movilizando, utilizando un lenguaje ultranacionalista que llama a la
movilización en contra del "virus extranjero" enviado por un país
hostil, China.
La experiencia en países con cobertura sanitaria pública
Un gran número de países en el mundo tienen sistemas de cobertura
sanitaria universal o casi universal, lo cual permite un mayor control
del daño causado por la pandemia. (...)
En un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud de
febrero de este año se presentan datos de un gran interés sobre cómo se
debería responder a esta pandemia y la relación con las condiciones de
los servicios sanitarios y sociales para atender a la población.
Y, entre las condiciones que favorecen una respuesta positiva a la
pandemia están el nivel de solidez y madurez de tales sistemas
sanitarios y sociales, así como la estrategia para atacar la epidemia.
Ello incluye poder detectar a las personas infectadas y atender a los
que tienen y desarrollan la enfermedad, asegurándose que se mantiene la
capacidad del sistema sanitario a fin de atender adecuadamente el
creciente número de pacientes, a la vez que se garantiza que se tienen
los recursos profesionales suficientes para atender a toda la población. (...)
Quiénes lo han hecho mejor
Siguiendo tal criterio, un reciente artículo en Lancet
muestra cómo la exitosa estrategia de contención de Japón, Hong-Kong y
Singapur (a los cuales deberían añadirse Corea del Sur), además de
China, se ha sustentado en la existencia de estas prácticas.
Ello ha permitido que los servicios públicos, altamente populares, hayan
podido controlar la extensión de la epidemia y atender a la población
enferma. Ahora bien, ha habido países a los que les ha faltado
alguna de estas características, y algunas de estas deficiencias se
deben a las políticas de neoliberales austeridad llevadas a cabo por los
gobiernos.
En el artículo "We need strong public health care to contain the global corona pandemic", escrito por Wim De Ceukelaire y Chiara Bodini, que pronto se publicará en la International Journal of Health Services,
se señala que la privatización de los servicios que ha tenido lugar en
muchos países europeos, como en Italia, junto con los recortes del gasto
público sanitario, han dificultado la pronta resolución de la pandemia,
convirtiéndose el caso italiano en el mejor ejemplo europeo de colapso
del sistema sanitario.
"En la medida que sus sistemas sanitarios no han sido
capaces de coordinar las respuestas colectivas adecuadas, no debe
sorprendernos que las medidas tomadas por los gobiernos europeos se
centren en las responsabilidades individuales de la gente. El
distanciamiento social de ha transformado en la pieza principal de sus
planes de mitigación del COVID-19".
Ahora bien, los autores también señalan que aun cuando estas
medidas que acentúan la responsabilidad individual son necesarias, el
hecho es que son insuficientes.
La epidemia y su respuesta en España
La respuesta en España a la pandemia se ha producido en el
contexto de un sistema sanitario prácticamente universal. Pero hay tres
puntos débiles enormemente importantes para el tema que tratamos (la respuesta a los daños de la pandemia). Uno ha sido su enorme subfinanciación (...)
Los enormes recortes (de los más acentuados en la UE-15) han
dejado a este sistema en una situación de escasa capacidad para
responder al enorme daño que provocará la expansión inevitable de la
enfermedad vírica.
En realidad, tal subfinanciación
explica la dualidad en los servicios sanitarios, con unos servicios
privados (de mayor sensibilidad hacia el usuario, pero peor calidad en
su atención) para el 20%-30% de la población de renta superior, y los
servicios públicos para la mayoría (el 70-80% de la población). Los enormes recortes han aumentado el sector privado a costa de reducir el público, acentuando la polarización por clase social que caracteriza la sanidad española. (...)
Y otra gran debilidad es el escaso poder que tienen en España las agencias de salud pública,
sesgadas a favor de los intereses y lobbies económico-financieros a
costa de los intereses de los usuarios, trabajadores y clases populares.
Por regla general, los ayuntamientos (el nivel de gobierno
donde se ubican gran parte de los departamentos de salud pública) tienen
muy poco poder. Esto se ha visto en las luchas constantes que el
ayuntamiento de Barcelona actual ha tenido con lobbies financieros y
económicos para proteger la salud y los intereses de las clases
populares, con desautorizaciones frecuentes por parte de los
niveles superiores de gobierno o por el sistema judicial, profundamente
conservador.
La tercera debilidad es el escasísimo desarrollo de los
servicios clave de ayuda a las personas dependientes y las escuelas de
infancia, necesarios para la resolución de tal crisis (...)
En resumidas cuentas, la pandemia está mostrando las grandes insuficiencias del Estado del Bienestar español y sus servicios, resultado de su escasa financiación (de las más bajas de la UE-15) y su dualización por clase social, creando una polarización social que rompe con la necesaria solidaridad que se requiere para resolver los grandes problemas que la pandemia crea. (...)
Espero que este artículo ayude a entender las consecuencias negativas que ha tenido el pensamiento económico dominante, que ha sido reproducido por los grandes medios de información, y que aparece con plena claridad durante la mayor crisis que la mayoría de países -incluyendo España- han sufrido en estos últimos años. Agradecería que este artículo se distribuyera ampliamente en el país."
(Vicenç Navarro, Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universitat
Pompeu Fabra, y Director del Hopkins-UPF Public Policy Center, Público, 17/04/20)
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