"No hay duda de que el mundo cambiará notablemente tras la
aparición de la pandemia, el fenómeno que está teniendo y continuará
teniendo mayor impacto en la vida económica y política del mundo
occidental desde la II Guerra Mundial.(...)
Frente a esta crisis, se perfilan varias alternativas que surgieron ya antes de la pandemia. Una
es la defensa a ultranza de los grandes grupos económicos y financieros
que dominan la economía de cada país y que, a través de medidas
antidemocráticas y autoritarias, quieren mantener su dominio sobre el
orden económico actual.
Su máximo valedor son las ultraderechas
xenófobas, profundamente antidemocráticas y autoritarias, con tintes
caudillistas, muy teológicas y poco (en realidad, anti) científicas,
que, a través de un nacionalismo chauvinista, racista y machista,
intentan movilizar apoyos populares, interpretando "patriotismo" como el
compromiso con el mantenimiento del orden económico actual.
Esta
versión, en EEUU está representada por el trumpismo, que incluso llegó a
cuestionar la existencia de la pandemia y que, en respuesta a la crisis
económica, ha dado, como señaló un editorial reciente del New York Times (27.04.20) un "apoyo masivo (2 billones de dólares) a la banca, a las grandes empresas del país y a los superricos del país",
negando a la vez ayuda financiera a los Estados, forzándolos a imponer
políticas de austeridad que harán aumentar el desempleo, como ocurrió
hace diez años al principio de la Gran Recesión.
El objetivo de la austeridad promovida por el Partido Republicano es, según el New York Times, (en el mismo editorial), "aprovechar la crisis para reducir los salarios de los trabajadores, como también hicieron durante la Gran Recesión". (...)
En España, esta alternativa la representa predominantemente, pero no exclusivamente, Vox. Léanse su programa económico y lo verán. Es el ultraneoliberalismo extremo reaccionario. La dimensión ideológica y cultural del trumpismo está ampliamente extendida entre las derechas españolas, como pudimos ver en el programa televisivo La Sexta Noche cuando el director de La Razón,
Francisco Marhuenda, acusó al gobierno español nada menos que de ser
anticatólico al haber prohibido que la gente vaya a misa los domingos,
ignorando que tal medida había sido propuesta por la comunidad
científica a fin de evitar la agrupación de personas, con el objetivo de
prevenir la expansión de la enfermedad. Ni siquiera Trump ha llegado
tan lejos como Marhuenda, pues este ha aconsejado a los Estados prohibir todas las reuniones presenciales, incluyendo las religiosas.
La necesaria alternativa del bien común
Frente a esta alternativa, no creo que la continuidad del sistema económico y político actual
(que ha quedado muy desacreditado -ya antes de la pandemia-, perdiendo
legitimidad en la mayoría de los países, hecho que ha originado
precisamente la aparición del trumpismo, apoyado por los intereses
económicos y financieros dominantes que se sienten amenazados con la
pérdida de legitimidad del sistema político) sea posible.
La alternativa al trumpismo tampoco creo que vaya a ser, en España, un Frente Popular de izquierdas (que no tiene una mayoría amplia en el país), sino
que probablemente será una amplia coalición de formaciones políticas y
movimientos sociales que combinen su agitación social de protesta con la
exigencia de la transformación de las instituciones democráticas
(incluidas las representativas) dentro de un marco político (incluso con una reforma constitucional) que
exija la materialización de la promesa incumplida del discurso
democrático, es decir, que antepongan el bien común por encima de todo
lo demás.
Esta focalización en el bien común exigirá un cambio
de prioridades e instrumentos, de manera que el bienestar y la calidad
de vida de la mayoría de la población sean el objetivo principal de
cualquier intervención pública, entendiéndose "patriotismo" como
el compromiso para alcanzar dicho objetivo.
Ello requerirá la
participación y colaboración de fuerzas progresistas que no
necesariamente sean de izquierdas. Esto será necesario no solo porque
hace falta una gran mayoría para llevar a cabo el cambio requerido, sino
también porque es importante poder movilizar personas a favor del
cambio que estén de acuerdo con las propuestas, siempre y
cuando no se las presente como parte de un proyecto de izquierdas, ya
que han sido aleccionados para estar en contra. Es importante recordar
que, según encuestas fiables, la mayoría de la población europea (países de la UE) está de acuerdo con el principio de que "los recursos deberían asignarse según la necesidad de cada ciudadano, y financiarse según la capacidad y habilidad de cada uno".
Y están de acuerdo también que cada política pública debería evaluarse según este principio,
definido políticamente por la ciudadanía a través de sus instituciones
de democracia representativa y participativa (ver el libro Towards a social investment welfare state?: Ideas, policies and challenges, de Morel, Palier y Palme).
Agrupar
y monopolizar tales políticas bajo la etiqueta de "socialistas" les
hace perder su capacidad de atracción, al convertirse en un término
ideológico que diluye su impacto. Y no hay que olvidar tampoco que la
experiencia reciente de partidos políticos que se definían como
socialistas (independientemente de su nombre), aplicando a la vez
políticas públicas que afectaron negativamente el bien común de las
clases populares, ha contribuido a quitar credibilidad y desacreditar
este término.
Ni que decir tiene que los partidos y movimientos sociales de
izquierda serán (ya lo son en España) de una gran importancia en la
configuración de tales propuestas. Pero sería un error querer
monopolizarlas, pues hay que crear una alianza mayor para priorizar el
bien común; ello significa mejorar la calidad de vida y el bienestar de
la mayoría de la población (repito, fin último de cualquier política
pública), así como parar el enorme retroceso que representa el
trumpismo.
Hoy, la necesidad de desarrollar tales políticas para
el bien común es enorme. Y en ellas, los servicios y transferencias del
Estado del Bienestar (olvidados en la etapa pre-pandemia), deberán
adquirir un papel central. La pandemia ha mostrado claramente
que la dimensión social del Estado es una inversión enormemente
importante en una sociedad, pues la parálisis económica de la pandemia
se debe, en gran parte, a las insuficiencias del sector social
(resultado de los recortes y subfinanciación) heredadas de la época
pre-pandemia.
El sufrimiento de la población durante la pandemia ha
determinado una sana intolerancia a que ciertos intereses particulares (como aumentar los beneficios económicos de un sector minoritario de la población) determinen
u obstaculicen las políticas públicas encaminadas a promover el bien
común. La solidaridad deberá ser el eje principal de este período
post-pandemia, solidaridad que ha sido, por cierto, esencial para poder
resolver la gran crisis humanitaria creada por la pandemia.
La demanda de un nuevo orden económico
Las políticas neoliberales han debilitado el bienestar de las clases
populares, que constituyen la mayoría de la población, mediante reformas
laborales que provocaron una disminución de los salarios y de la
protección social, así como un aumento de la precariedad (que ha
afectado, sobre todo, a las mujeres trabajadoras, que son la mayoría de
trabajadores en los servicios esenciales, incluyendo sanidad, servicios
sociales, restaurantes y comercios).
Estas trabajadoras y
trabajadores de los servicios esenciales, mal pagados y con escasa
protección social, representan casi un 35% de la población laboral (los cuales han hecho un enorme sacrificio, arriesgando su vida para salvar la de miles de ciudadanos), e
incluyen, además de servicios sanitarios y sociales, personal de
comercio, restaurantes, productores y distribuidores de alimentos y
transportes.
Añádase a ello la cifra de desempleados, que puede alcanzar
a más del 20% de la población laboral, cuya protección social es muy limitada, debiéndose añadir
a ello un número indeterminado de personas que están en campos de
inmigrantes ilegales, en prisiones, en campos agrícolas, gente sin
hogar, etc. El déficit social es enorme y se exige una enorme inversión
con mejoramiento del empleo y de las condiciones de trabajo,
proveyéndoles de los instrumentos necesarios para poder realizar sus
funciones.
Por otro lado, la globalización que el neoliberalismo
promulgó aumentó la dependencia nacional de la producción internacional
de bienes y servicios esenciales para tal protección, creando una gran
dependencia que imposibilitó la accesibilidad a tales bienes y servicios
esenciales al interrumpirse la cadena de suministros (desde
productos químicos a materiales como ventiladores para evitar la muerte
de los pacientes, o mascarillas, batas y guantes para proteger a los
profesionales y ciudadanos de ser contagiados).
El hecho de que
China fuera casi el único fabricante de tales materiales muestra el gran
déficit de seguridad y la falta de previsión que existía en la mayoría
de los países. De ahí la necesidad de redefinir el sector
productivo de la economía para dar prioridad al bien común, en lugar del
poder particular que pone como su primer objetivo el aumento de sus
beneficios.
Frente a estos déficits, nos encontraremos (en realidad, nos
encontramos ya) con un incremento exponencial de las desigualdades
económicas, hecho que representa una amenaza para la necesaria
solidaridad. De ahí que haya una demanda de inversión social,
centrándose en los ciudadanos, más que en las empresas, tal y como ha
ocurrido en Dinamarca, que ha apoyado a los trabajadores,
manteniendo su capacidad adquisitiva, políticas públicas también
llevadas a cabo en Alemania, Australia y el Reino Unido.
Es irresponsable dejar en manos de las empresas privadas con afán de lucro la seguridad del país
(...) Hoy nos enfrentamos a un grave problema: no tenemos una vacuna
que permita protegernos frente al coronavirus ni tampoco disponemos de
medicinas que puedan curar la enfermedad causada por el virus.
Ello podría significar que la única manera de protegernos durante varios
años sea a través de medidas preventivas de distanciamiento social (lo
cual no siempre es posible en amplios sectores de la economía), así como
la utilización, en la vida cotidiana, de material protector como
mascarillas y guantes. Pero podría haber sido diferente. Y ello se debe a
cómo está organizada la producción de vacunas y medicamentos en
nuestras sociedades.
Tal producción es llevada a cabo por
empresas privadas con afán de lucro, cuyo principal objetivo es
optimizar sus beneficios. Es un gran error permitir la existencia de tal
sistema de producción en este sector tan importante para la sociedad,
pues su vida, salud y existencia están supeditadas al comportamiento de
tales industrias, como ha quedado mostrado durante esta pandemia. Veamos los datos.
La industria farmacéutica, por ejemplo, no puede continuar tal y como está
Tal industria farmacéutica es la que obtiene mayores beneficios entre todas las empresas en el mundo occidental.
En EEUU, sus beneficios son mucho más elevados que los conseguidos por
el resto de las empresas más rentables en aquel país (500 empresas de la
lista FORTUNE). Se centran exclusivamente en los productos
farmacéuticos que les reportan mayores beneficios, como lo son los
medicamentos para enfermedades crónicas, por ejemplo.
Pero no
han dado importancia al desarrollo de vacunas y medicamentos para
infecciones víricas o bacterianas, que son minoritarias y tienen una
demanda menor en tiempos normales. Solo un 1% (en 2018) del presupuesto destinado a investigación farmacéutica va a este tipo de enfermedades, según datos de Access to Medicine Foundation. (...)
De ahí que se esté creando un clima en defensa de tal bien
común que exige una intervención pública que anteponga el interés
general al resto, de manera que esta industria esté al servicio de toda
la sociedad, y estimulando alternativas financieras de propiedad y
gestión que sirvan a una mayoría.
¿Es ello posible?
Soy consciente de que la alternativa que creo necesaria pueda
no verse factible en España, desmereciéndola y tildándola de utópica.
Aconsejo a los que así opinen que miren lo que ha pasado a los dos lados
del Atlántico Norte en momentos de gran crisis. La II Guerra
Mundial significó para las poblaciones de los países democráticos que
participaron en aquel conflicto un sacrificio que se justificó como
necesario para un mundo mejor. Y el establecimiento y posterior
expansión del Estado del Bienestar fue el resultado.
En España, el fascismo no fue derrotado. Y ese es el origen de nuestro gran retraso social. La estructura oligárquica venció.
Pero fue la presión popular la que forzó una transición, que
se hizo en términos muy favorables para los herederos de aquella
dictadura. Ahora bien, las fuerzas democráticas, lideradas por las
izquierdas, consiguieron forzar la instauración de un sistema
democrático que, a pesar de sus enormes insuficiencias, permitió el
desarrollo de un Estado del Bienestar cuya escasa financiación se
explica por el dominio de los herederos de la dictadura durante el
periodo democrático.
Pero fue también la presión de las izquierdas la
que obligó a que la Constitución (que era una síntesis de la correlación
de fuerzas en aquel momento) incluyera una dimensión social muy
ignorada por el establishment político-mediático español.
Es muy improbable que la ciudadanía acepte volver al pasado
–período pre-pandemia–, pues tal orden económico ha impuesto, e
impondrá, un gran sacrificio. En realidad, las derechas de siempre son
conscientes de ello y de ahí su enorme hostilidad hacia el gobierno
actual.
Por eso el reto para las fuerzas democráticas es el de estar a
la altura de las demandas populares que exigen un nuevo orden económico
favorable al bien común. No hay que ignorar que los aplausos a los
trabajadores del sector sanitario y social son también una profunda
crítica al sistema económico y político que no los dotó de los
instrumentos necesarios para protegerse a sí mismos, así como para curar
a la población. Las fuerzas progresistas deberían ser conscientes de
ello."
(Vicenç Navarro. Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas Universitat Pompeu Fabra y Director del JHU-UPF Public Policy Center, Público, 30/04/20)
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