"Desde finales de enero, la situación social y política en Francia
esta determinada por la oposición popular a la contrarreforma de las
pensiones que plantea el gobierno. Y aún cuando en estas últimas semanas
esta oposición se haya debilitado, la movilización social tiene un
efecto político directo en el debilitamiento y la inestabilidad de
Macron y su partido La République en Marche (LREM).
Estas últimas semanas hemos asistido a tres nuevas jornadas de
movilización: 29 de enero, 6 y 20 de febrero. Cuantitavamente, la
afluencia de gente en las movilizaciones ha sido menor, porque si bien
la oposición a la contrarreforma sigue siendo fuerte, el movimiento ya
no se apoya en las y los huelguistas de la RATP y de la SNCF en su
confrontación con el gobierno, y no hay otro sector [con un peso
similar] que haya tomado el relevo.
A pesar de ello, seguimos asistiendo a una multiplicidad de huelgas
en diversos sectores, a ocupaciones de empresas y a acciones
espectaculares (...)
La ofensiva contra el sistema de pensiones ha puesto de relieve todas
las injusticias sociales, los bajos salarios de las profesiones
precarizadas o las duras condiciones de trabajo en algunos sectores. La
puesta en pie del proyecto Macron no hace sino agravar aún más su
situación.
Las profesiones liberales, abogacía, medicina, fisioterapia, víctimas
también de la contrarreforma se manifestaron de nuevo el 3 de febrero.
Destacan en ellas, las y los abogados que llevan ya 7 semanas en huelga y
están muy presentes en las manifestaciones. (...)
En estas movilizaciones se juntaba el rechazo a la contrarreforma de
pensiones y el rechazo (e incluso el boicot) a los exámenes de control
continuo del bachillerato. Exámenes que han sido boicoteados, bloqueados
o pospuestos en un tercio de los centros educativos. También en este
sector la policía intervino, a menudo violentamente, contra las y los
estudiantes, practicando numerosos arrestos.
El motivo de este boicot es la imposición de una reforma del
bachillerato que acentúa la selección social y territorial del alumnado,
y completa la reforma de la selección para el acceso a la universidad.
Por su parte, el profesorado continúa movilizándose porque la
contrarreforma supone una pérdida de cientos de euros en sus pensiones, y
la única propuesta que ha hecho el Ministro de educación es una
prolongación del tiempo de trabajo o de las tareas complementarias para
que parte del profesorado pueda compensar esta pérdida.
Por otra parte, el 14 de febrero se movilizaron miles de personas
pertenecientes a los centros hospitalarios. Este personal (la mayoría,
un 70%, mujeres) viene realizando, desde hace un año, huelgas contra el
cierre de servicios y de hospitales y la degradación general de la
sanidad pública; en 20 años se ha suprimido el 20% de camas (100.000) en
los hospitales y el 40% en las maternidades de proximidad. A causa de
ello, a mediados de enero 1285 jefes de servicio dimitieron de sus
funciones, exigiendo una negociación sobre los presupuestos y los
salarios de todas las categorías del personal ante lo que el gobierno
acaba de anunciar un plan de urgencia totalmente insuficiente.
Las estaciones de ski también están viviendo jornadas de huelga estas
últimas semanas contra la reforma del seguro de desempleo que supuso
una reducción del 30% del subsidio de desempleo para las y los
trabajadores temporales.
Así pues, quince meses después de que se iniciara la movilización de los chalecos amarillos Francia
da la imagen de un país en el que las clases populares ven agredidos
sus derechos sociales, sus salarios, sus pensiones y su protección
social. Desde hace tres años, la ofensiva de Macron y de su gobierno no
ha dejado de abrir heridas y crear más desigualdades, sin proporcionar
la más mínima a la injusticia social, a la urgencia climática y
ecológica, o las discriminaciones y la violencia contra las mujeres.
Las clases populares están en contra de este gobierno que pensó que
tenía las manos libres tras haber neutralizado al resto de partidos
institucionales en 2017. Pero el efecto de los ataques de Macron ha sido
el de poner más en cuestión la adhesión social al sistema y reducir la
capacidad de resignación entre las clases populares.
(...) paradójicamente, primero con el movimiento de los chalecos amarillos y
ahora con la lucha en defensa de las pensiones, Macron ha dado sentido a
la identidad de clase y a la acción colectiva; ha hecho más visible que
nunca la necesidad de la unidad del campo de las y los explotados.
También ha logrado puesto a flor de piel el rechazo a las clases
poseedoras y a los políticos y media a su servicio, el rechazo a la
violencia policial. (...)
Macron y sus acólitos desestabilizan la sociedad francesa. (...)
Ya ningún responsable de la mayoría oso alzar la voz en defensa del sistema universal de
pensiones. Aún no existe ningún simulador [para poder calcular la
pensión aplicando el sistema propuesto por el gobierno] y parece que ni
los sectores presentados como los grandes beneficios del nuevo sistema
(mujeres y agricultores), tampoco lo son, sino todo lo contrario. Cada
semana aparece un nuevo análisis de los perjuicios que provoca este
sistema, sobre todo entre la gente más precaria.
Habiendo optado por una reforma que pretendía basarse al mismo tiempo
en la edad legal de jubilación y la modificación de los equilibrios del
actual sistema, Macron desestabiliza su propia mayoría parlamentaria y
reduce su base social. (...)
El partido de Macron, ya ha tenido que hacer frente a la dimisión
varios electos y electas de su grupo parlamentario (21 sobre 314) y, en
vísperas de las elecciones municipales del mes que viene, en varias
ciudades se le han multiplicados candidaturas alternativas de
responsables de su partido, sin olvidar a quienes no quieren presentarse
con la etiqueta de LREM, el partido del presidente.
Todo ello es síntoma de la crisis que se viene acumulando estas
últimas semanas como fruto de la ofensiva de un movimiento que si aún no
es lo suficientemente potente para bloquear la política de Macron, es
lo suficientemente fuerte para resquebrajar la mayoría parlamentaria y
al gobierno.
Por otra parte, en lo que respecta a las elecciones municipales, el
partido de Macrón parece a todas luces incapaz de competir con Les
Républicans [derecha tradicional] y el PS, o de conservar las alcaldías
en algunas de las ciudades en la los macronistas tránsfugas del PS o de
Les Républicains lograron la alcaldía hace seis años. (...)
La patronal nunca había planteado una reforma global del sistema de
pensiones. Sólo quería tener la garantía de no soportar ningún gasto
complementario y sobre todo una reducción de sus cargas, a
través del retroceso de la edad de jubilación a 64 o 65 años.
Esta
reforma global comienza a sentarles mal, porque no ofrece ninguna
claridad sobre su financiación y trata de destruir un marco de gestión
paritaria sindicatos-patronal, que al Medef le venía como anillo al
dedo, en beneficio de un control estatal que no goza precisamente de la
confianza de la dirección de la patronal. Efectivamente, estos últimos
años, la gestión paritaria de las pensiones complementarias
(Arrco-Agirc), ha permitido implantar a hurtadillas retrocesos sociales
con el acuerdo de las burocracias sindicales. (...)
Varios de los inspiradores del proyecto de reforma de Macron (Bozio,
Pisani-Ferry) también manifiestan de forma abierta su desconfianza
frente a un proyecto cojo e incomprensible.
Así pues, el gobierno se ve sacudido por la masiva movilización de
estos últimos meses y el rico debate provocado por la movilización
social.
Este debate también deja al descubierto que la financiación de las
pensiones se corresponde con una opción política, con un modelo de
sociedad. Las y los militantes del Dares (departamento para impulsar la
investigación, los análisis y las estadísticas, vinculado al Ministerio
de trabajo) acaban de demostrar en un estudio ampliamente difundido
estas últimas semanas, que no hay problema de financiación ni
demográfico en lo que respecta a la financiación de las pensiones [que
se presentó como la causa para la reforma].
Es cierto que en 1960 había cuatro personas activas por una jubilada y
que hoy en día, la relación es de 1,7 por 1. Pero entretanto, excluyendo
la inflación, el PIB se ha multiplicado por 4,9 y el PIB per capita,
por 3,4. De ahí que las cuatro personas activas en 1960 generaban
95.000 euros, mientras que 1,7 personas activas en 2020 general 142.000
euros. Por consiguiente, hoy en día hay una riqueza 1,5 veces superior
para financiar las pensiones, con lo que el argumento del débil número
de personas activas es totalmente absurdo.
Evidentemente, el verdadero problema es el del reparto de la riqueza
producida: entre 1960 y 2020, la participación de la patronal en la
financiación de la protección social ha pasado del 60 al 40%, y son las
familias, a través de los impuestos pagados por el alcohol y el tabaco,
quienes compensan ese déficit. Es el Estado el que compensa las
reducciones otorgadas a la patronal, cuando esas cantidades podrían
servir para financiar servicios públicos. (...)
Para lograr salir de la trampa en la que se ha metido él mismo, Macron
trata de utilizar todos los recursos para desviar la atención social de
la cuestión de las pensiones. En un primer momento ensayó presentarse
como jefe de Estado internacional, impulsando la defensa común europea.
Después, subió a un glaciar en Chamonix para darse un baño de defensor
del medioambiente y de actuar contra el calentamiento del planeta, en el
momento en el que las candidaturas de EELV [ecologistas] parece que van
a obtener muy buenos resultados en las municipales. Por último, y de
vuelta a las viejas recetas nauseabundas, en Mulhouse, escenificó una
campaña islamofóbica contra el «separatismo islamista» con la que
polarizar la vida política durante las próximas semanas. No es evidente
que estas maniobras de diversión den los resultado deseados. (...)" ( Léon Crémieux , El Viejo Topo, 29/02/20; Fuente: Viento Sur)
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