"Noticias de Ok Diario, bulos ya desmentidos difundidos
por otros medios de comunicación de la derecha, declaraciones de altos
cargos del Gobierno tergiversadas, fechas confundidas de las principales
decisiones de la Organización Mundial de la Salud, hasta el punto de
situar un mes y medio antes la declaración de la pandemia...
Todo está en el informe clave de la Operación Sanitario
que indaga sobre un supuesto delito de prevaricación administrativa a
raíz de la denuncia que un particular presentó contra el presidente,
Pedro Sánchez, y los 17 delegados del Gobierno, a quienes culpaba de
autorizar las manifestaciones del 8M a sabiendas de que podrían suponer
un foco de contagios en la pandemia.
El atestado lo ha elaborado la Unidad Orgánica de
Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid y ha
resultado fundamental para imputar al delegado del Gobierno en la región,
José Manuel Franco, que también es el secretario general del PSOE en
Madrid. Franco tendrá que declarar el próximo 5 de junio. Se investiga
si cometió prevaricación administrativa, si dictó resoluciones injustas a
sabiendas de que lo eran, un delito que no conlleva penas de cárcel
pero sí la inhabilitación para cargo público.
La
responsable de la investigación es Carmen Rodríguez-Medel, quien se hizo
cargo desde el juzgado número 51 de Madrid de esa denuncia acerca del
papel del delegado del Gobierno en Madrid en la autorización de la
marcha feminista de la capital. Por su jurisdicción, Rodríguez-Medel no
es competente para juzgar lo sucedido en otras comunidades y mucho menos
al presidente, que como aforado solo puede ser investigado en el
Tribunal Supremo.
Con ese informe sobre la mesa, motivó la imputación de José Manuel Franco.
No es la primera vez que la titular del juzgado de
Instrucción número 51 de la capital investiga a un político destacado de
la región: ya imputó en su día a la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Cristina Cifuentes por el Caso Máster, que acabó con su carrera
política.
Lo que se dirime en ese juzgado no es si el Gobierno fue más o
menos previsor, sino si dictó resoluciones injustas a sabiendas de que
lo eran y sobre todo: si pese a conocer los riesgos de los contagios
autorizó por razones políticas la concentración del 8M en Madrid, que
reunió a 120.000 personas. La tesis del Ejecutivo es que fue
precisamente tras ese fin de semana y no antes cuando se tuvo constancia
de que se habían disparado los contagios en la capital.
El
atestado de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso eldiario.es,
consta de 81 páginas y está plagado de errores de bulto, noticias
tergiversadas, clamorosas omisiones, bulos ya desmentidos, además de
algún salto al vacío.
El primer ejemplo es este pasaje
que relata la Guardia Civil en la página 74 de su informe. "El Ministro
de Ciencia e Innovación, D. Pedro Duque, reconoció en la tercera semana
del mes de marzo de 2020, la gravedad del coronavirus desde el mes de
enero de 2020. En rueda de prensa junto al Ministro de Sanidad explicó
que los investigadores españoles empezaron a trabajar de forma intensa
desde que se conoció esta enfermedad, en el mes de enero. Ya el 2 de
febrero tuvimos una reunión con los profesores Juanes y García Sastre,
este último en Nueva York, para asegurar que tengan más facilidades y
todos los medios necesarios para investigar la enfermedad. Este mismo 2
de febrero liberamos medios e hicimos cambios legales para reducir los
plazos que culminaron en el Real Decreto de Estado de Alarma donde hemos
puesto todas las medidas de funcionamiento".
De la
anterior declaración, el atestado policial concluye: "Por tanto, el
Gobierno ya conocía desde el mes de enero la gravedad real de la
epidemia del coronavirus". Semejante lectura parte de esta noticia de Ok Diario,
tal y como se señala en el índice del informe, que un párrafo más abajo
añade: "Por todo lo expuesto hasta el momento en el cuerpo de la
diligencia, es parecer de esta instrucción que la Delegación del
Gobierno tenía datos objetivos suficientes derivados de las
circunstancias concretas de cada caso para haber ponderado bienes y
derechos protegidos en nuestra Constitución contando con tales datos
desde la primera semana del mes de marzo de 2020".
Otra
de las noticias de prensa de las que se hace eco el atestado para
tratar de apuntalar la tesis de que el Gobierno conocía la crisis
sanitaria que se avecinaba cuando decidió permitir las marchas
feministas aquel 8 de marzo alude a unas supuestas declaraciones del
director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias
(CCAES), Fernando Simón, el 28 de febrero, publicadas en el medio
Redacción Médica.
Está en la página 73 del informe.
Ahí se señala que Simón admitió ese día, el 28 de febrero, que había
"transmisión comunitaria". Según el atestado, "este escenario define que
no se puede contener el virus controlando a las personas que estén
infectadas y a su entorno, porque ya no se conocen estos".
En realidad, lo que dijo Fernando Simón en su comparecencia pública fue exactamente lo contrario, tal y como puede leerse en la noticia que sigue publicada en Redacción Médica,
el medio que extracta el atestado: "Esto, según ha explicado, [Simón]
se debería a que en los casos que se consideran por ahora 'trasmisión
comunitaria' (Madrid y Sevilla) se han podido trasmitir a un nivel 'muy
bajo'". (...)
Junto al escrito de 81 páginas, los investigadores de la
Guardia Civil entregaron en el juzgado un vídeo emitido por la página
web de la Cope sobre un bulo que agitó la derecha durante
aquellos días y que acusaba a las ministras presentes en la
manifestación del día de la mujer de portar guantes para protegerse de
contagios.
Aunque las imágenes de otros años evidencian que es costumbre
por parte de algunas asistentes portar guantes morados de forma
simbólica en las marchas, el informe policial señala: "el 1 de abril de
2020 se tiene conocimiento a través de una noticia del diario digital
cope.es [sic] titulada: 'El vídeo del 8M con el que acusan al Gobierno
de ocultar la verdad del coronavirus: no se besa' en la que apunta que
el Gobierno sabía el peligro real del coronavirus.
En la noticia se
adjunta un vídeo de la cabecera de la manifestación celebrada en Madrid
el 8 de marzo de 2020 en el que se observa a la ministra [Isabel] Celáa y
a la exministra [Magdalena] Valerio portando guantes de látex y en la
que se aprecia una voz advertir 'no se besa, no se besa' a las personas
que encabezan la manifestación".
El documento
policial reserva cuatro páginas y media para tratar de probar un
supuesto trato distinto por parte del Gobierno a las marchas feministas y
a otros actos que se celebraron por las mismas fechas en la capital. Y
se detiene sobre "la prohibición de un congreso evangelista en Madrid
con un aforo estimado de 5.500 personas". "Como se ha reflejado, el
director del CCAESS [Simón] realiza las manifestaciones expuestas el día
7 de marzo de 2020 en el sentido de que se puede ir sin peligro al acto
central del 8M y sin embargo prohíbe el desarrollo de un congreso
evangelista el 6 de marzo, cuyo conocimiento ha tenido esta unidad por
los medios de comunicación social".
El medio de comunicación social que se cita vuelve a ser Ok Diario, que tituló el 30 de marzo: El Gobierno pidió suspender un congreso evangélico en Madrid por el coronavius dos días antes del 8M.
La investigación de la Guardia Civil en este caso incluyó la toma de
declaración como testigos a tres de los organizadores del IX Congreso
Mundial de Asambleas de Dios denominado Unlimited 2020 programado para el 19, 20 y 21 de marzo y que las autoridades sanitarias españolas prohibieron dos semanas antes.
En
el apartado de conclusiones, el informe policial resume una parte de la
noticia de Ok Diario y señala que la documentación aportada por los
representantes de los organizadores de ese congreso evángelico "acredita
de manera inequívoca el contenido de las manifestaciones aportadas
figurando un documento suscrito el 6/03/2020 por la Directora de Salud
Pública del Ministerio de Sanidad, quien haciendo referencia al oficio
del Ministro de Sanidad 03/03/2020 'Recomendaciones de medidas
extraordinarias en relación con la situación provocada por el nuevo
coronavirus COVID-19', significa los riesgos de transmisión y para la
salud de la población de EVENTOS MULTITUDINARIOS DE CUALQUIER TIPO,
recomendando su APLAZAMIENTO".
El atestado policial
lo escribe así, en mayúsculas, para destacar lo que supuestamente decían
las Recomendaciones de Medidas extraordinarias establecidas el 3 de
marzo por el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Pero el texto dictado
por Sanidad decía algo más que no aparece recogido por el informe de la
Guardia Civil. Después de aludir a "eventos multitudinarios de cualquier
tipo" las instrucciones de Sanidad añadían (y esto es lo que no consta
en la cita del informe policial): "con alta presencia de personas
procedentes de cualquiera de las zonas del mundo en las que se ha
constatado transmisión del virus SARS-COV-2".
Esa
parte final de la instrucción es la que precisamente distinguía las
marchas feministas del 8M en Madrid del congreso evangélico
internacional, que aguardaba la llegada de miles de personas de
distintos países a la capital durante el tercer fin de semana de marzo, y
que finalmente no se realizó porque Fernando Simón instó a sus
organizadores a cancelarlo, recordándoles cómo la pandemia estaba
avanzando por el mundo. (...)
A la hora de analizar los avisos de los organismos internacionales
supuestamente ignorados por las autoridades españolas, el informe
policial fecha la declaración de la pandemia por la Organización Mundial
de la Salud el 30 de enero de 2020, cuando en realidad tuvo lugar casi
mes y medio más tarde, el 11 de marzo, tres días después de la
manifestaciones feministas en varias ciudades españolas que están en el
origen de la denuncia. (...)
El atestado confunde en este caso la declaración de
pandemia, que en unas horas motivó la declaración del estado de alarma,
el confinamiento y todo lo que vino después, con la emergencia sanitaria
internacional, un instrumento pensado para buscar una respuesta
coordinada de distintos países ante eventos internacionales que pueden
interpretarse como un riesgo para otros Estados.
El
informe da munición a las derechas, que desde el principio han tratado
de situar las marchas del 8M en el origen de los contagios de la capital
de España, la más castigada por la pandemia que acumula un mayor número
de muertes. Y ha tenido consecuencias. A raíz de la filtración de
algunos de sus párrafos, el ministro del Interior, Fernando
Grande-Marlaska, destituyó al coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos,
responsable de la unidad que firmó el informe, y que según fuentes del
instituto armado desconocía su contenido, puesto que esos agentes
operaban como policía judicial a las órdenes de la magistrada que
instruye el caso." (Irene Castro, José Precedo, eldiario.es, 26/05/20)
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