"Miles de familias
están acumulando una deuda millonaria con las compañías eléctricas como
consecuencia del parón de la actividad económica por la pandemia de coronavirus: el escudo social y su reciente prórroga
vetan los cortes de suministros esenciales como el gas, la luz y el
agua en las viviendas principales por impago hasta septiembre, pero sin
que esos débitos queden saldados.
Se trata de una moratoria, similar a las que se aplican a las hipotecas o los alquileres para colectivos vulnerables, pero que en este caso abre un inquietante horizonte de suspensión de esos servicios cuando se acerquen los primeros fríos. (...)
Pero, paralelamente, durante ese tiempo se siguen generando unas deudas que, en el caso de la electricidad, con el recibo medio por encima de 50 euros mensuales,
superarían los 300 euros en muchos casos y para las que la normativa
específica de la pandemia no ofrece alternativas, más allá de las que
puedan ofrecer las ayudas de urgente necesidad de los servicios sociales
municipales y autonómicos.
"No tenemos constancia de
que haya nada ahora mismo sobre la mesa para hacer frente a ese
escenario" de principios de otoño, explicaron fuentes del Ministerio de
Asuntos Sociales, que apuntaron a la eventual intervención, aunque más
delante, de Consumo y de Transición Ecológica, ya que "son las
operadoras las que decidirán qué hacer con la deuda y como pagarla".
Los cortes por impago estaban dejando sin suministro eléctrico antes del estado de alarma a una media de 13.000 usuarios al mes (fueron 162.000 en todo 2019) tras haber llegado a rondar los 100.000 en los peores momentos de la anterior crisis, un ritmo que, según las estimaciones del Gobierno, volvió a darse durante el confinamiento como consecuencia del desplome de las rentas por el parón de la actividad económica.
Eso supone que en los algo más de tres meses transcurridos entre la
declaración del estado de alarma el 15 de marzo y su levantamiento el 21
de junio algo más de 300.000 familias se habrían visto en la
imposibilidad de pagar sus recibos de la luz, a lo que se suman los
entre 25.000 y 40.000 que tenían en marcha un procedimiento por ese
motivo cuando el Gobierno vetó los cortes de los suministros esenciales, primero a los consumidores vulnerables y en riesgo de exclusión y después a cualquier vivienda habitual. (...)
Al margen de esas normativas locales, la legislación estatal prohíbe cortar la luz por impago a los consumidores vulnerables,
a los que define como los hogares sin menores que ingresen menos de
11.279 euros al año, a las familias con un menor que no ganen más de
15.039 y a las que tengan dos menores y no alcancen los 18.978, en todos
los casos con coeficientes correctores de entre 3.760 y 4.760 para
hogares monoparentales o en los que haya personas con discapacidad o
víctimas de violencia machista o del terrorismo.
"La luz se le corta solo a quien puede pagar y no paga", indican fuentes
del sector eléctrico, que prevén que vaya a producirse un aumento del
número de consumidores que puedan pasar a ser considerados vulnerables
como consecuencia de la crisis económica. "La normativa no ha cambiado, pero otra cosa es que ahora pueda haber mucha más gente en situación de vulnerabilidad", añaden. (...)" (Eduardo Bayona, Público, 13/07/20)
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