"(...) Lo que sí es cierto es que para un periodista hay algo peor que los
insultos (pónganse cómodos en los comentarios, están en su casa), y es
perder el empleo por las presiones de un partido político.
Esos son los
señalamientos que hacen más daño.
El partido de Casado tiene un largo historial de periodistas ejecutados
de forma sumaria a causa de sus amables recomendaciones, que además se
han hecho siempre de forma discreta, excepto con los periodistas de TVE a
los que se ha amenazado en público sin ningún problema. La acción más
efectiva es la que se hace con llamadas al consejero delegado. Algunos
como José Antonio Zarzalejos, Esther Palomera, Luis Fernández, Germán
Yanke o Jesús Cintora tuvieron la oportunidad de comprobarlo.
La lista
es mucho mayor, y menos conocida, en medios locales o regionales, donde
los cadáveres de periodistas a los que nadie insultó en redes sociales
fueron enterrados en fosas comunes laborales que ya estaban bastante
llenas. Y eso ocurrió cuando alguien con mando en plaza llamó al medio
para advertir que esa publicidad institucional tan jugosa iba a
desaparecer si ese periodista continuaba escribiendo lo que publicaba.
Mientras tanto, todas las opiniones sobre si está bien ‘señalar’ a
periodistas por su nombre está sirviendo al PP para sostener que la
mafia policial que operó en el Ministerio de Interior dirigido por Jorge
Fernández Díaz para atacar a los rivales políticos del PP es poco menos
que un invento de Iglesias, cuando su existencia ha sido sobradamente
probada por este y otros medios.
Ocurre con frecuencia en política que si te insultan, si tus rivales
entran en estado de histeria, es una señal de que vas por buen camino y
que la vida te sonríe. Esa es una idea demasiado revolucionaria como
para que eche raíces en España." (
Todos los casos de presiones y amenazas a periodistas que sorprenderían a la APM.
"Esther L. Palomera no cae bien en La Moncloa". Era el titular de un breve artículo
aparecido en febrero de 2014 en una página web de escasa difusión pero
muy cercana al PP, el tipo de medio digital donde aparecen comentarios
de fuentes anónimas para enviar mensajes a medios de comunicación o
empresas. La razón de ese enfado eran los comentarios en tertulias
televisivas y radiofónicas de la periodista sobre la corrupción en el
PP, no sus artículos en el periódico La Razón, donde trabajaba desde
hace tiempo.
La última frase del artículo era el aviso definitivo: "En
definitiva, en el Gobierno consideran que son demasiadas las críticas
que reciben de la periodista". Tradúzcase "demasiadas" por: hasta aquí
hemos llegado. El origen de esos comentarios también aparecía en el
texto: la Secretaría de Estado de Comunicación. Más que una noticia, era
un veredicto.
Las relaciones de Palomera, subdirectora en el periódico, con su
jefe, Francisco Marhuenda, ya eran entonces muy difíciles. La
periodista se puso en contacto con la entonces presidenta de la
Asociación de la Prensa de Madrid (APM), Carmen del Riego, para
solicitar algún tipo de apoyo de la organización ante lo que suponía que
se le venía encima. La respuesta que recibió es que no era posible
intervenir sobre ese artículo, porque se trataba de un asunto de
libertad de expresión.
Palomera fue despedida
poco más de un mes después. Madrid es uno de esos sitios donde la
"libertad de expresión" ejercida por el Gobierno acaba con periodistas
represaliados.
El ataque de la APM a Podemos
por las denuncias de varios periodistas que cubren la información del
partido ha sido cuestionado por distintas razones. La más importante:
los periodistas que se arriesgan de verdad son los que escriben lo que
molesta a los que están en posiciones de poder político (los gobiernos) o
de poder económico (las empresas). No es que los partidos respeten
mucho a los periodistas cuando están en la oposición, pero es indudable
que sus dentelladas son menos peligrosas.
Los ataques personales en las redes sociales son una realidad
tan censurable como difícil de evitar, y hay pocos periodistas que no
los reciben. Perder el empleo es un precio mucho más alto.
Veamos esta lista –no exhaustiva y por tanto incompleta– de las
consecuencias de las presiones políticas en España en los últimos años
que no provocaron reacciones tan rotundas en la APM como lo ocurrido con
Podemos.
"Nunca he tenido presiones tan fuertes como las de Aguirre",
dijo José Antonio Zarzalejos. El director de ABC se negó a poner al
periódico al servicio de los intereses personales de Esperanza Aguirre
ni suscribir la teoría de la conspiración del 11M. Fue destituido un mes
antes de las elecciones de 2008. En una entrevista,
dijo que preguntó por las razones del relevo. "Porque queremos hacer
nosotros las elecciones", le dijeron. "No me quisieron ahí sobre todo en
la fase poselectoral, porque el asalto al liderazgo del PP por parte de
Esperanza Aguirre era una hipótesis verosímil y sabían que ABC conmigo
en la dirección no iba a favorecerlo", añade.
Germán Yanke, presentador del informativo nocturno de
Telemadrid, entrevistó en septiembre de 2006 a Aguirre por sus posibles
aspiraciones a competir por el liderazgo del PP. "No me gusta que usted
compre el discurso del Partido Socialista porque es absolutamente
falso", le respondió, lo que inició un intercambio áspero de frases
entre ambos. Un mes después, Yanke tuvo que dimitir alegando "intromisión por motivos políticos en su trabajo cotidiano".
Como subdirector general de Información, Luis Fernández fue el
máximo responsable de los informativos de Telecinco en los años del
primer mandato de Aznar. Las presiones del Gobierno a la empresa
terminaron por forzar su destitución en septiembre de 2000. Vocento, que
como segundo accionista de la cadena se ocupaba de la gestión de los
informativos, llevaba tiempo interesada en obtener dos licencias de
radio digital, lo que no había conseguido en el concurso de licencias
concedidas en el marzo anterior. Tuvo que esperar a la destitución de
Fernández para ser agraciada en un concurso posterior. Eso no impidió
que continuaran las presiones.
Tras varias llamadas al orden de Telecinco para que cambiara su estilo agresivo y crítico en Las Mañanas de Cuatro,
la empresa decidió destituir a Jesús Cintora. El consejero delegado de
Mediaset, Paolo Vasile, había reclamado sin éxito a Cintora que fuera "menos opinativo".
Diversos cargos del PP habían expresado en público y en privado su
incomodidad con los contenidos del programa. Le acusaban de ser cercano a
Podemos. Diez días antes del cese, las presiones aumentaron
por la decisión de Cintora de incluir una foto del ministro de
Exteriores Margallo en una corrida de toros, horas después del atentado
de Túnez.
El conde de Godó decidió que el apoyo de La Vanguardia al
proceso independentista catalán tenía que acabar, sobre todo después de
que se lo dejara claro el rey Juan Carlos. Destituyó en diciembre de
2013 al director, José Antich, y colocó en su lugar a Màrius Carol,
hasta entonces corresponsal de la Casa Real. El corresponsal político,
Jordi Barbeta, cuyas crónicas tenían un sesgo claramente favorable al procés, fue enviado seis meses después a Washington como corresponsal.
A mitad de legislatura, el director de El País, Antonio Caño,
cambió al periodista que cubría la información de Moncloa, Carlos E.
Cué, y cuyas preguntas eran las más críticas o incisivas que se
escuchaban en la rueda de prensa de Soraya Sáenz de Santamaría. Caño
envió a Cué bien lejos, a Buenos Aires de corresponsal. La crisis
financiera de Prisa había hecho que su presidente, Juan Luis Cebrián,
recabara el apoyo de Santamaría para que los bancos aceptaran convertir
sus créditos en acciones de la empresa.
Rafael Méndez y Manuel Altozano publicaron en El País en julio
de 2012 una información sobre un dictamen del Ministerio de Justicia que
amparaba a la vicepresidenta del Gobierno a la hora de tomar decisiones
sobre la empresa Telefónica, a pesar de que su marido era alto cargo de
la empresa. El titular publicado en la edición en papel decía:
"Justicia permite a Santamaría tratar asuntos de Telefónica, donde
trabaja su marido".
El director, Antonio Caño, ordenó cambiar el titular
en la página web al día siguiente por "Santamaría se abstiene en los asuntos de Telefónica pese a no estar obligada".
La modificación se hizo sin consultar a los periodistas, que retiraron
la firma de la versión de Internet. Caño justificó después el cambio y
acusó a los dos redactores de "infantilismo". Méndez y Altozano acabaron
pidiendo la baja en el periódico.
El Gobierno de Marruecos presentó una denuncia en la Audiencia
Nacional en diciembre de 2013 contra el periodista de El País Ignacio
Cembrero por informar sobre los yihadistas marroquíes que pretendían
cometer atentados en su país. Cembrero contó tiempo después que a las
tres semanas el periódico le ordenó que dejara de escribir sobre
Marruecos y se incorporara a la sección de fin de semana.
Una tensa entrevista de Ana Pastor a María Dolores de Cospedal en el programa Los Desayunos de TVE
irritó tanto al PP que el partido la puso en su punto de mira en 2011.
El portavoz del PP en la Comisión de Control de RTVE afirmó que "la
impertinencia y hostigamiento residen mayoritariamente en las
entrevistas al PP". Pocos meses después de la vuelta del PP al poder,
Pastor fue destituida de ese programa, como ya había sugerido que
ocurriría el portavoz del PP.
La ofensiva israelí contra Gaza que mató a más de 2.000
palestinos en el verano de 2014 provocó presiones de la embajada de ese
país a varios medios españoles. Las críticas tuvieron repercusiones para
algunos profesionales en los meses posteriores. El delegado de EFE en
Jerusalén, Javier Martín, tuvo que dejar el país tras menos de un año en
el puesto y fue destinado a Túnez. Lo mismo le ocurrió al corresponsal
de El País, Juan Gómez, que sólo llevaba seis meses en Jerusalén.
Suponía una clara desautorización de su trabajo, por lo que Gómez no
tuvo más remedio que pactar su salida de la empresa.
La embajada israelí también había denunciado a la corresponsal
de TVE en Jerusalén, Yolanda Álvarez. Le acusó de ser "correa de
transmisión" de Hamás (esa acusación tan directa hecha en público sí
provocó una nota de rechazo de la APM). En marzo de 2015, TVE puso fin a su etapa de corresponsal y Álvarez tuvo que volverse a la redacción central.
En la lista hay varios casos de directivos de redacciones que
sufrieron las represalias. La intención no es que sintamos una especial
pena por los directores.
Al menos en el plano material, suelen recibir
grandes indemnizaciones económicas. Lo que hay que tener en mente es que
si esto es lo que pasa por arriba, sólo tenemos que imaginar qué fuerza
pueden oponer redactores de a pie en medios pequeños, en radios y
televisiones autonómicas, en periódicos locales o regionales que
dependen de la publicidad de las instituciones o de los grandes
empresarios locales, y en todos los medios que necesitan la publicidad
de las grandes corporaciones.
"La APM considera totalmente incompatible con el sistema
democrático que un partido, sea el que sea, trate de orientar y
controlar el trabajo de los periodistas y limitar su independencia",
dijo la APM en el comunicado contra Podemos.
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