Hemos aprobado 11.000 millones de euros en ayudas para hacer frente a la crisis económica provocada por la pandemia, de los que 7.000 serán ayudas directas a pymes y autónomos. Apoyamos así a los sectores más vulnerables del tejido económico y productivo de España. Seguimos.
1:48 p. m. · 12 mar. 2021
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Daniel Bernabé @diasasaigonados
En una semana política de vergüenza ajena han sido estos señores, a los que se califica del mayor peligro para España, los que han sacado adelante este capítulo esencial para el país, incluso sobre la ortodoxia austeritaria de Calviño. Esperen sentados los editoriales elogiosos.
Zizek, en Pandemia, decía que en un momento donde la derecha se radicaliza fanáticamente, poniendo en peligro su sistema, están siendo los más críticos con el mismo los que por un elemental sentido democrático mantienen lo esencial a flote para que no involucionemos.
Algún día tocará dejar constancia de este hecho que creo no está hoy siendo comprendido ni en el progresismo liberal ni en la izquierda esencialista. Nadie se imaginaba, hace diez, cinco años, que no se iba a tratar de cambiar la dirección del barco sino de evitar su hundimiento.
Lo trágico, aquí admito mis prejuicios, es que una buena parte de los destinatarios de las ayudas directas, a propuesta de UP, son ese cuerpo social que se intercambia basura por guasap donde este hombre es poco menos que el demonio. Los mismos que abjuran de los impuestos.
Generacionalmente somos los que tuvimos un destello que nos hizo creer que íbamos a escribir una gran historia cuando realmente nuestro cometido es impedir que metieran fuego a lo que ya estaba escrito. A la jodida biblioteca entera. Dar una oportunidad a los que vienen luego.
3:32 p. m. · 12 mar. 2021
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"España, en cabeza de Europa. El nuevo plan de ayudas afianza el liderazgo europeo de España en el desembolso efectivo de fondos a la economía real.
Era necesario y urgente. El programa de 11.000 millones destinado a mejorar la solvencia de las empresas en dificultades viene a aumentar el flujo programado de subsidios o equivalentes, que han totalizado unos 40.000 millones de euros (en forma de ERTE). Reequilibra en parte la pata de las llamadas ayudas indirectas (porque no cargan directamente sobre el presupuesto, quizá en el futuro) de 120.000 millones en forma de avales y garantías sobre préstamos (los ICO). Y afianza el liderazgo europeo de España en el desembolso efectivo de ayudas a la economía real.
Su tamaño no es menor, aunque dista de los paquetes de esas ayudas arbitradas hasta ahora, y también de las peticiones, a veces magnificadas, de los sectores demandantes. Pero su mayor importancia seguramente es cualitativa.
Lo interesante es que se han arbitrado tres mecanismos nuevos, tres fondos distintos, con sus reglas respectivas, cuya dotación será modulable. Probablemente acabarán revisándose al alza, lo que llevará al anticuario el pulso por la cuantía, entre el afán de autovisibilización de la vicepresidencia de Derechos Sociales de Pablo Iglesias (que pedía “al menos” 8.000 millones de subsidios) y el de compensar las distintas necesidades de la de Asuntos Económicos, de Nadia Calviño (que estimaba unos 5.000) y que al final se ha acercado a lo salomónico (7.000 millones), aunque más cerca del vicepresidente segundo.
Mientras que la concentración en turismo, hostelería y restauración, que este negaba (las ayudas “no se deben realizar por sectores”, proclamaba) se decantan por la vicepresidenta económica, de ahí el especial apoyo a Baleares y Canarias. En todo caso, las cifras finales dependerán de que estas iniciales deban revisarse en el futuro en función de la velocidad de la recuperación; y ésta, de la contención de la pandemia.
La clave de futuro es, pues, la gobernanza. El fondo de subsidios (mal llamado de ayudas directas, pues todas lo son para las empresas) se gestionará por las autonomías, como propugnaban Calviño y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero (contra la idea del socio minoritario de que “este fondo no debe transferirse” a las comunidades), lo que lo hará más dúctil y capilar. Pero bajo condicionalidad y control de Hacienda.
Ahí la pretensión es centrarse únicamente en salvar a las empresas “viables”, confirmó ayer la vicepresidenta. Y evitar así dilapidar dinero público manteniendo a las muertas vivientes. Es la obsesión de la mayoría gubernamental: invertir con filtros, en vez de gastar sin hormas. Una obsesión inspirada en el mandato de que las empresas carentes de viabilidad “emprendan cambios drásticos de su modelo de negocio o desaparezcan para evitar la creación de compañías zombis”, como propugna el informe del Grupo de los 30 redactado bajo presidencia de Mario Draghi (Reviving and restructuring the Corporate sector post-covid, diciembre 2020).
El fondo de recapitalización pública de pymes (1.000 millones) las redime de una discriminación negativa por tamaño, pues solo operaba la de SEPI para las grandes empresas: y es un enorme reto para la mercantil pública Cofides y el Ministerio de Industria, ya que lo pequeño es hermoso pero más arduo de gestionar. Y el de reestructuración de deudas (3.000 millones) alcanza un equilibrio practicable entre el rigor en el dispendio público y la necesidad de no agravar las presiones sobre la banca (...)
Al involucrar a diferentes administraciones y ámbitos (autonómicas y central; Economía, Hacienda e Industria; la banca privada, el ICO y otras sociedades públicas…) concurren distintos agentes, que debieran asegurar pluralidad y control de eficiencia. Veremos también si intensidad y velocidad suficientes en el otorgamiento de las ayudas. Que hasta ahora han sido muy superiores a la media europea, a nuestros principales vecinos y a todos los grandes países de la Unión.
El dramatismo de la crisis, la sonoridad de las reivindicaciones y algunos estudios crearon la opinión de que España ha sido el peor estado miembro a la hora de dispensar apoyo a las empresas y la economía real. Muchos ciudadanos se han quedado con esa copla. En ocasiones porque se ha impuesto la estúpida idea de que créditos, avales a préstamos y otras garantías son ayudas de ínfimo valor comparadas con la inyección de dinero cash incondicional. Falso: en el corto plazo de una crisis (digamos un año), una empresa en principio solvente prioriza la obtención de liquidez para sobrevivir, importa menos si prestada (como se ha enfatizado en España) o subsidiada, sin obligación de reembolso (como en Alemania). (...)
El liderazgo español en la intensidad de apoyo a empresas y autónomos en 2020 resulta abrumador: sus ayudas globales reales supusieron el 7,3% del PIB, más del doble que en Alemania (3,02%) y que la media de los 27 (3,30%) y superiores a Francia (6,40%) e Italia (6,03%). Además de la intensidad, ante una crisis tan abrupta y voraz importa mucho la rapidez de las medidas que la contrarresten. También en eso España encabeza a la UE. Del anexo de esa carta se concluye que España ha ejecutado ya el 60% de los apoyos previstos, una velocidad superior en nueve veces a Alemania (6,5%), y también mayor que Italia (23%) y Francia (35%).Claro que eso son cifras globales: no excluyen superiores necesidades, cuellos de botella y dramatismos en determinados sectores y en miles de casos individuales. (...)" (Xavier Vidal-Folch , El País, 12/03/21)
" Tras meses de arrastrar los pies y con trifulcas en el Gobierno por la envergadura y el diseño, por fin llega el plan de apoyo a las empresas.
El Ejecutivo concederá ayudas directas a empresas y autónomos de entre 3.000 y 200.000 euros. Estas compensaciones se brindarán por una caída de la facturación de al menos el 30% respecto 2019 en los sectores más afectados por las restricciones.
Y el dinero será finalista: tendrá que dedicarse a pagar facturas y deudas de suministros, proveedores y nóminas. Los autónomos que tributan en módulos recibirán una cantidad fija de 3.000 euros. Para el resto podrá oscilar entre los 4.000 euros y los 200.000 euros según su tamaño y caída de ingresos.
Empresas, sindicatos y Banco de España venían reclamando estas subvenciones desde hace meses. El fondo de ayudas directas a empresas ascenderá a los 7.000 millones, una cantidad más próxima a lo que pedía Podemos y a las presiones de Moncloa. Y lo gestionarán las Comunidades, como exigían Hacienda y Economía. De ellos, 2.000 millones irán solo a lslas Baleares y Canarias por haber encajado un golpe mucho peor al contar con un mayor peso del turismo en sus economías.
El reparto de los otros 5.000 millones se hará con los criterios ya empleados para el fondo europeo React EU, que generó protestas de algunas: el impacto en la riqueza regional, el desempleo y el paro juvenil. Y estará listo en el plazo de un mes y diez días, un tiempo que se concede para poder organizar la plataforma en la que la Agencia Tributaria certificará a las autonomías que existe la caída de ingresos. Es decir, el que no haya declarado se quedará fuera de las ayudas. (...)
Para fijar la cantidad se establecerán unos tramos proporcionales en función del tamaño y la caída de facturación. Y las comunidades podrán poner criterios adicionales. Las subvenciones durarán hasta el final de 2021. Y tendrán como condición que las empresas mantengan su actividad hasta junio de 2022. También se exigirá a los beneficiarios que no haya subidas de sueldos de directivos, que no se distribuyan dividendos, que no tengan actividad en paraísos fiscales y que estén al corriente de sus pagos a la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.
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