"Las pruebas diagnósticas se han convertido en una importante vía de ingresos para la sanidad privada en la Comunidad de Madrid. A lo largo de la pandemia, uno de los principales grupos del sector en nuestro país, Ribera Salud, se ha hecho con al menos ocho contratos públicos, adjudicados por la vía de emergencia, para la realización de PCR y test serológicos de detección de anticuerpos en el ámbito del Laboratorio Clínico Central, gestionado por la misma firma. Entre todos, suman un desembolso de 32,5 millones de euros.
Un pastel que, no obstante, no se lo comerá exclusivamente la compañía sanitaria. Principalmente, porque se ha hecho con estas adjudicaciones junto a otra sociedad vía unión temporal de empresas. En concreto, ha ido de la mano de United Laboratories España (Unilabs), la firma de análisis clínicos en la que estuvo como consejero Juan José Güemes tras abandonar la política, después de varios años como titular de Sanidad de un Ejecutivo que se caracterizó por el impulso de la privatización de los servicios públicos.
A comienzos de 2021, el Ejecutivo regional adjudicó a la UTE UR Salud, de la que forman parte Unilabs y Ribera, la realización de PCR y pruebas serológicas de detección de anticuerpos en el Laboratorio Central para todos los hospitales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) durante un plazo de seis meses –entre enero y junio, ambos incluidos–, con posibilidad de ampliar por tres meses más el servicio.
A lo largo de todo el periodo de tiempo, el Ejecutivo regional, que ha hecho pública la resolución esta misma semana, estimó que se procesarían unas 170.280 pruebas de las primeras y unas 90.300 de las segundas, por lo que situó el coste de la adjudicación en los 10,56 millones de euros. El precio unitario de las serológicas de detección de anticuerpos lo fijó en 17 euros, una cifra que ha permanecido inalterable en todos los contratos de estas características. Algo que no ocurre en el caso de las PCR, para las que la resolución situó el precio unitario en los 53 euros, tres menos que en otras licitaciones similares.
Esta no ha sido la única adjudicación con la que se han hecho Ribera Salud y Unilabs por un servicio similar a lo largo de la pandemia. En el Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid constan siete más, de las que seis se las llevaron a través de la UTE BR Salud y uno más con UR Salud. El primero de ellos fue a mediados de mayo: 3,09 millones por las PCR en el Laboratorio Clínico Central.
Luego, llegaron otros para encargarse del procesamiento de las pruebas recogidas en los centros de atención primaria incluidos en el ámbito de estas mismas instalaciones, ubicadas en el Infanta Sofía, y de los test serológicos de seis de los hospitales incluidos, de nuevo, en el ámbito del laboratorio –todos los centros semiprivatizados de Esperanza Aguirre menos el Puerta de Hierro de Majadahonda–. Entre estas licitaciones y las sucesivas ampliaciones, el importe total de los contratos asciende a 22 millones de euros.
La privatización de Aguirre
La Consejería de Sanidad decidió en 2008, con Juan José Güemes al frente de la cartera, que las pruebas analíticas de más de un millón de madrileños fueran gestionadas por el sector privado. En concreto, el plan pasaba por centralizar en el recién creado Laboratorio Clínico Central los análisis de los seis hospitales modelo PFI (iniciativa de financiación privada, por sus siglas en inglés) que acababan de ser inaugurados en la región. Para ello, sacó a concurso una licitación con un presupuesto de 173 millones de euros para adjudicar este servicio durante ocho años, con posibilidad de dos más de prórroga. La UTE formada entonces por Ribera Salud, Balagué Center y Sociedad de Servicios Médicos AMS se hizo con el contrato por 125 millones de euros.
Unos años después de aquello, en noviembre de 2012, Unilabs, que se presentó a aquel mismo concurso pero no salió elegida, se hizo con el 55% de la participación que Balagué y AMS tenían en dicha unión temporal de empresas. En ese año, Güemes era consejero de la firma de análisis clínico. Desde entonces, esta empresa comparte la UTE BR Salud con Ribera Salud, líder en el sector de las concesiones administrativas en nuestro país desde hace más de una década, según la información que figura en la página web de la concesionaria.
A finales de 2016, el Ejecutivo de Cristina Cifuentes, que concurrió a las elecciones alejándose del modelo de la época de Aguirre, se agarró a la prórroga de dos años y mantuvo la privatización de la gestión del análisis clínico desembolsando otros 37,8 millones de euros. Con los plazos ya cumplidos, el Gobierno madrileño licitó un nuevo contrato en 2018. El expediente, sin embargo, no se resolvió hasta finales de 2019, ya con Isabel Díaz Ayuso en la Puerta del Sol.
En un primer momento, esta nueva adjudicación cayó
en manos de Analiza Sociedad de Diagnóstico. Sin embargo, la decisión
terminó siendo anulada por el Tribunal Administrativo de la Contratación
Pública tras un recurso interpuesto por Ribera Salud. Al final, la
gestión continuó en manos de esta empresa y Unilabs, a través de la UTE
UR Salud, por 76,37 millones de euros. (...)" (Álvaro sánchez Castrillo, InfoLibre, 24/05/21)
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