La urbanización de Las Marismas, relata el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria (SIGC), llevaba años abandonada y en el pasado mes de enero sus actuales habitantes, “supervivientes de varios desahucios anteriores y con una situación económica y social agravada por la crisis”, llegaron a estos bloques a través de un “supuesto promotor de viviendas”, que les dio llaves a cambio de un adelanto de 100 euros por familia. El “promotor” desapareció y las familias nunca pudieron formalizar ningún tipo de contrato de alquiler. Según este sindicato, las estafas inmobiliarias de este tipo “se han disparado en estos tiempos de pandemia”.
Meses después, dos empresas de la Caixa, Building Center y Coral Homes, comenzaron a “hostigar a las familias”. Según el sindicato, estas empresas pantallas “se dedican a especular y funcionan como fondos buitre”. Las 28 familias recibieron amenazas de estas sociedades de que iban a tapiar sus casa con todas sus posesiones dentro o que iban a desalojarlas de madrugada sin previo aviso, denuncian desde el SIGC. Como la vía del hostigamiento no dio resultado, iniciaron la vía judicial para dejar en la calle a 70 personas —32 de ellos, menores—sin ningún tipo de alternativa habitacional.
El 15 de junio, las primeras ocho familias se enfrentarán a los abogados de CaixaBank en los juzgado sin muchas esperanzas. “Si no lo evitamos”, advierten desde el sindicato, “van a ser arrojadas a la calle”.
Desde este sindicato de inquilinos recuerdan que La Caixa fue rescatada en 2009 con dinero público: “No podemos permitir que estas entidades expulsen de sus casas a las mismas familias que las rescataron con sus impuestos”. Califican el proceso de desahucio como un “atentado terrorista inmobiliario” y exige que la CaixaBank se siente a negociar “una solución para estas familias”. El CIGC pide a las autoridades del Ayuntamiento de Gáldar, del Cabildo de Gran Canaria y del Gobierno insular que “dejen de arrastrarse ante los poderes financieros” y que “no escurran el bulto y busquen una alternativa habitacional para estas familias”.
Y advierten que sin alternativa habitacional ninguna de estas familias va a abandonar voluntariamente sus hogares: “Expulsar por la fuerza a más de 70 personas, con más de 30 menores, sería un crimen humanitario que no pensamos consentir. Si no se ofrece una solución real y digna, intentaremos movilizar a la opinión pública, también a nivel internacional, movilizar a la población obrera de nuestros barrios y, si nos obligan a ello, convocar un piquete antidesahucio para oponernos a la posibilidad de lanzamiento. Detengan esta locura ahora que estamos a tiempo”. (El Salto, 02/06/21)
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