"Unidas por Extremadura ha registrado una propuesta de impulso en la Asamblea de Extremadura para instarle a la Junta a crear una empresa pública de comercialización eléctrica.
Con el objetivo de presentarla en el último Pleno de este mes, la confluencia considera que una empresa pública de energía, dependiente de la Agencia Extremeña de la Energía y en coordinación con los ayuntamientos extremeños, impulsaría la “generación de energías renovables y el suministro a los edificios y equipamientos propios de la administración autonómica, de otras administraciones públicas, así como de familias y empresas en el ámbito de Extremadura, a un precio más asequible”. (...)
Irene de Miguel aprovechó la intervención mediática de la ministra Ione Belarra para afirmar que “una empresa pública de energía es la mejor solución para bajar la factura de la luz”; Joaquín Macías, en Twitter, compartió una publicación de la confluencia donde se decía que Extremadura es “la región que aporta más electricidad propia al resto de España, pero no nos beneficiamos de ello. Podríamos tener la factura más barata del país pero se está más cómodo sin mover un dedo y esperando que el mercado se 'regule' sólo”.
Con esta lectura de la situación, Unidas por Extremadura considera la creación de una empresa pública de energía como “alternativa posible y necesaria” para “reducir la factura de la luz, ganar en soberanía eléctrica y luchar contra los grandes oligopolios eléctricos y sus abusos”.
Destacan, asimismo, que “Extremadura es la región con menos desarrollo económico e industrial y, a la par, una región con una extraordinaria riqueza de energía eléctrica. De hecho, es la primera en energía fotovoltaica, la segunda en nuclear, también la segunda en termosolar y la tercera en potencia hidráulica instalada”.
Unidas Extremadura apela a tres artículos del Estatuto de Autonomía para la aceptación de la propuesta por parte del Gobierno de Guillermo Fernández Vara: el artículo 7.28), que “atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de instalaciones de producción, distribución y transporte de energía cuando este transporte no salga de su territorio y su aprovechamiento no afecte a otra Comunidad Autónoma”; el artículo 7.1.33), que “atribuye a la Comunidad la competencia exclusiva en materia de comercio interior”; y el 8.7), que le atribuye “la competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de defensa de los consumidores y usuarios”.
La confluencia apunta en la citada nota de prensa que también instarán a la Junta a “llegar a acuerdos con las grandes empresas energéticas para que un tercio de la producción eléctrica de cada planta o lugar de producción asentada en el territorio extremeño se suministre a los municipios de la zona con un precio especial de tarifas más económicas”, así como a “impulsar la gestión pública de la explotación de los saltos de agua y de las centrales hidroeléctricas en Extremadura conforme va caducando su concesión, en coordinación con las Confederaciones Hidrográficas y los Ministerios de Industria y Transición Ecológica y Reto Demográfico”.
Otra de las medidas incluidas en la propuesta es el impulso de Comunidades Energéticas Locales, “entendiéndose como tales entidades que sean autónomas, que estén situadas en las proximidades de los proyectos de energías renovables y cuya finalidad sea proporcionar beneficios medioambientales, económicos y sociales a las personas socias o miembros o a las zonas locales donde opera”, todo ello “en colaboración con los municipios”.
Por último, la formación pide que la Junta inste al Estado a que establezca una tarifa eléctrica especial para Extremadura “para rebajar el precio de la energía para distintos usos, entre ellos el industrial, al ser nuestra región una de las principales productoras de electricidad y del mismo modo por no tener que hacer frente a diferentes costes, como el de transporte y distribución”. (El Salto, 10/06/21)
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