"El Sindicato de Inquilinas – Maizterrak Bilbo convoca a una asamblea abierta el martes 6 de julio a las 19:30 en la Basílica de Begoña, con el objetivo de dar a conocer el caso a las vecinas del barrio y diseñar una estrategia sindical para paralizar el desahucio.
Carlos Aguiriano González, pensionista de 61 años y miembro del Sindicato de Inquilinas de Bilbao, está a punto de ser desahuciado de la casa, propiedad del Obispado de Bilbao, donde ha vivido toda su vida. El 15 de julio será la vista judicial de la demanda de desahucio que ha interpuesto la institución eclesiástica. Y a día de hoy, tras haber fracasado todo intento de negociación con el Obispado está al borde de ser expulsado de su vivienda.
En este convenio realizado ad hoc, se recoge que, en caso de tener viviendas deshabitadas, el Obispado de Bilbao colaborará estrechamente con el Gobierno Vasco para facilitar el acceso a una vivienda en condiciones de arrendamiento protegido a aquellas personas y unidades convivenciales que se encuentren en riesgo de exclusión social.
Tras la firma del acuerdo, las 14 viviendas del Obispado, que ya llevaban vacías más de una década, lo siguieron estando, incumpliendo la función social de la vivienda. Con ello, se esperaba que la administración diera un paso adelante para la compra de las viviendas con dinero público.
Hace 6 meses, el Gobierno Vasco decide adquirir 14 viviendas del Obispado de Bilbao, “un gran tenedor”, con el consiguiente trasvase de fondos públicos a manos privadas.
Según la ley de la vivienda aprobada en el 2015, se considera vivienda vacía aquella que lleve más de dos años sin uso, y es obligación de las instituciones detectar esta situación a través de los medios que tienen a su alcance.
A partir de estos dos años, el Ayuntamiento de Bilbao, o el Gobierno Vasco de manera subsidiaria, deberían de haber procedido a sancionar al Obispado a través de las medidas recogidas en la ley de vivienda del 2015, tales como imponer un canon por metro cuadrado, obligar a realizar un alquiler forzoso o expropiar el uso de estas viviendas para incorporarlas al paupérrimo parque público de vivienda.
En vez de ello, el Gobierno Vasco y el Obispado, sabedores de que se aprobaría un nuevo decreto en torno a las viviendas deshabitadas, decidió recompensar al Obispado con la compra de 14 viviendas en el bloque donde vive Carlos, dejando fuera de esa operación la única vivienda que estaba habitada: la de Carlos.
Este nuevo trasvase de dinero público a una entidad privada como la iglesia demuestra cuáles son las verdaderas intenciones de las instituciones; seguir enriqueciendo al especulador en detrimento del pobre.
No es el primer pelotazo urbanístico que se realiza entre las instituciones y el Obispado de Bilbao. Sin ir muy lejos en el tiempo, la operación realizada entre el Obispado-Mutualia y la constructora Murias en Abando, gracias a la recalificación de terreno concedida por el Ayuntamiento de Bilbao, deja patente la ofensiva política contra los intereses vecinales y populares de miles de bilbaínas.
Alternativa inaceptable del Obispado hacia Carlos:
La alternativa que propone el Obispado consiste en que Carlos comience a ser “usuario” de la Fundación Eguzkilore.
La oferta parte de una amenaza velada hacia Carlos: si no la acepta, el Obispado continuará con la demanda de desahucio. Un año de alquiler, en “condiciones económicas asumibles” inasumibles para Carlos e imposición de un estilo de vida concreto obligándolo a estar bajo tutela de la Fundación Eguzkilore, propuestas que son un insulto al sentido común.
El Patronato de la Fundación lo conforman, entre otros, el Director de Cáritas Carlos Bargos y el Director General de Acción Social en la Diputación Foral de Bizkaia, Oscar Seco. Una muestra más de como los intereses de unos pocos priman por encima del derecho a la vivienda.
Estudiada la situación y la postura tomada tanto por el Obispado como
del Gobierno Vasco, desde el Sindicato de Inquilinas de Bilbao hemos
decidido convocar una asamblea abierta el martes 6 de julio a las 19:30
en la Basílica de Begoña, con el objetivo de dar a conocer el caso a las
vecinas del barrio y diseñar una estrategia sindical para parar los
intereses económicos del Obispado, con el último objetivo de paralizar
el desahucio y conseguir un acuerdo digno para nuestro compañero Carlos." (Contrainformación, 03/07/21)
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