"Estos días se ha alcanzado, en el contexto del diálogo social, un acuerdo sobre las pensiones de notable importancia entre el Gobierno, las principales organizaciones sindicales y de los empresarios.
Probablemente esta conjunción de posturas diferentes que las partes representan sea uno de los primeros elementos positivos a resaltar. Especialmente si nos atenemos a los contenidos materiales de este acuerdo.
Este acuerdo contempla, por un lado, la desaparición de la reforma de pensiones que se realizó sin contar con nadie, ni en el terreno político-parlamentario ni en el social, en 2013 por el gobierno del Partido Popular que tenía en ese momento, y por poco tiempo, una mayoría absoluta hace ya unos cuantos años desaparecida.
Este con seguridad es otro aspecto que pone un punto de contraste de considerable entidad: frente a la reforma en solitario de una sola fuerza política y una sola visión de la cuestión de las pensiones, un acuerdo que proviene del consenso parlamentario, primero, y del acuerdo del Gobierno con todas las fuerzas sociales, a continuación.
En ese aspecto, la necesaria desaparición de aquella inservible, artificiosa y regresiva reforma, ha quedado ratificada (acuerdo de la Comisión del Pacto de Toledo) por el arco parlamentario prácticamente al completo y por el conjunto de las fuerzas sociales. Lo cual no es poco rechazo. Ni es frecuente, aunque puede llevar camino de producirse también en otros terrenos respecto a las reformas unilaterales realizadas en aquellos años.
Puestas las cosas en perspectiva, este acuerdo supone, así pues, un cambio copernicano respecto a 2013 en método, enfoque y contenidos. Es la antítesis de aquello. (...) una apuesta por otro planteamiento de presente y de futuro acerca de las pensiones públicas y sus desafíos en España. (...)
Un acuerdo para salvar las pensiones públicas
El acuerdo aborda cuatro grandes cuestiones:
La primera, la eliminación completa de los dos mecanismos de recorte de la reforma de 2013. Se recupera el derecho global de todas las pensiones a mantener su poder adquisitivo de forma permanente. Y se suprime el Factor de Sostenibilidad, que será sustituido por un nuevo mecanismo (de equidad intergeneracional) que a diferencia de aquel no será un coeficiente reductor de las pensiones.
En segundo lugar, se erradica el déficit de la Seguridad Social mediante la aplicación del “principio de separación de fuentes de financiación”, de tal forma que las cotizaciones se utilicen para pagar las prestaciones contributivas y no otros conceptos. Para esto se transferirán de los PGE 24.000 millones de euros anuales, de los cuales ya se ha realizado en 2021 el traspaso de 14.000 millones.
Todos los conceptos que suman esas cifras responden plenamente a gastos que no corresponden a la Seguridad Social. Algunos de ellos han sido discutidos sin mucho fundamento desde algunos ámbitos, como los que corresponden a parte de la cotización de las prestaciones por desempleo o a los permisos por maternidad y paternidad. Pero, hay que decir que con cotizaciones se están pagando las Políticas Activas de Empleo, que nada tienen de prestaciones, y los subsidios por desempleo, que tienen naturaleza asistencial. Y en cuanto a los permisos, su implantación se hizo sin la debida contrapartida en términos de cotización, y este es uno de los supuestos para los que se contempla la imposibilidad de que sean considerados realmente contributivos.
Asimismo, se diseña un sistema para la implantación de la cotización por ingresos reales en el Régimen de Autónomos, con lo que desaparecerá progresivamente la trasnochada, regresiva e impropia libre elección de las bases de cotización.
En suma, la eliminación del déficit de la Seguridad Social es un proceso de regularización para continuar cargando a las pensiones hacia el futuro con gastos que no les corresponden. Este saneamiento financiero y la recuperación de su equilibrio deberían evitar que se continúe simulando una supuesta insostenibilidad futura de las pensiones mediante el uso de la extrapolación en el tiempo de un déficit que ha dejado de existir.
En tercer lugar, se establecen un conjunto de mecanismos para elevar voluntariamente la edad efectiva de jubilación y lograr la aproximación a la edad ordinaria media de los pensionistas. Para ello se diseñan nuevos cuadros de coeficientes reductores de la pensión tanto para la anticipación voluntaria e involuntaria de la jubilación, que serán mayoritariamente más reducidos que los actuales si las personas retrasan esa anticipación. Y, complementariamente, se elevan los incentivos para el retraso voluntario de la edad ordinaria de jubilación.
Y en cuarto lugar, y complementariamente, se abordan medidas a favor de los jóvenes (cotización obligatoria por las prácticas no remuneradas), los trabajadores mayores (exención de cotizaciones en las bajas por enfermedad por encima de los 62 años), financiación pública de los convenios especiales de las personas cuidadoras del sistema de Atención a la Dependencia, pensiones de viudedad para las parejas de hecho, entre otras.
Menos recortes, pero más sostenibilidad
La derogación de las reformas de 2013 ocasionará un aumento del gasto en pensiones que se estima en unos 40.000 millones de euros de aquí a 2050: justamente el coste de los recortes que aquella reforma iba a realizar y que se van a convertir en un aumento y mejora de las pensiones y una transferencia de rentas a todos los pensionistas durante las próximas décadas. (...)
La financiación necesaria debe ser bien definida y calculada antes de abordar esta tarea en la segunda fase de la negociación (ya circulan de nuevo cálculos interesadamente exagerados, intentando crear una alarma infundada). Muchos son los mecanismos que están a nuestro alcance. Pero, a mi juicio hay tres fundamentales:
El primero, la utilización de unas proyecciones realistas y rigurosas de la evolución del empleo y del PIB, lo que puede elevar tanto uno como el otro y ajustar el cálculo de una parte del gasto respecto a las estimaciones convencionales.
El segundo, es el que se deriva de un mejor funcionamiento del mercado de trabajo de los trabajadores mayores y de las instituciones de la Seguridad Social que más les afectan, lo que ocasionará una reducción del gasto prematuro o innecesario en pensiones y otras prestaciones, y el mantenimiento durante más tiempo de los ingresos por cotizaciones.
Y el tercero, el aumento progresivo de los ingresos por cotizaciones (sobre todo en los tramos de altos salarios) y, si resulta necesario, de otras fuentes de financiación.
A título de ejemplo, digamos que el efecto de la subida de las pensiones con el IPC oscila entre menos de un 3% y un 5% de mayor gasto, según el tipo de proyecciones de empleo y de PIB que se realicen. Los cálculos efectuados por la Administración muestran que la elevación de la edad efectiva de jubilación en dos años podría reducir el gasto en pensiones en 1,3 puntos del PIB. Asimismo, la Comisión Europea ha calculado que la reducción de las salidas prematuras del mercado de trabajo rebajaría también el gasto futuro en pensiones en 2,7 puntos del PIB si se eleva diez puntos la tasa de ocupación de los mayores de 55 años en España. Y los ingresos por cotizaciones podrían crecer a lo largo de los años hasta un punto del PIB elevando las bases máximas.
En suma, no hay un problema de sostenibilidad de las pensiones públicas, lo hay de orientación y de objetivos de las reformas. En 2013 se decidió iniciar un proceso para desmantelar el sistema público de pensiones tal y como lo conocemos. En 2021 estamos decididos a reforzarlo."
( , Economistas frente a la crisis, junio 29, 2021)
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