"Ana llegó a Madrid hace unas semanas desde Latinoamérica. Se encuentra en situación administrativa irregular, embarazada de ocho meses y con VIH. Estos días se le acaban las pastillas antirretrovirales que trajo de su país y que mantienen a raya al virus, hacen que sea indetectable y que no lo pueda transmitir.
A finales de la semana pasada en el Hospital La Paz no pudieron darla de alta en el sistema para recibir los fármacos, porque no lleva tres meses empadronada en España y la Comunidad de Madrid no lo permite. El Gobierno regional impide que reciba tratamiento por las vías oficiales, como mínimo, hasta que su bebé tenga casi dos meses.
Su nombre es ficticio, pero su historia es real y el bloqueo de acceso a terapia antirretroviral de personas migrantes en situación irregular con VIH no lo sufre solo ella.
Clara Castillo, una de las trabajadoras sociales de la organización Apoyo Positivo, que la ha ayudado durante el proceso, explica que desde que la Comunidad hizo público el procedimiento para regular el acceso de este colectivo a la sanidad pública, no han parado de llegarles casos. Al teléfono con elDiario.es, habla de 14 en varios hospitales de la región. Al finalizar la llamada, ya son 16.
Aunque en 2018 el Gobierno aprobó una normativa que devolvía la sanidad pública a las personas sin papeles, su redacción dejó una serie de grietas por donde, en la práctica, diferentes gobiernos autonómicos imponen trabas administrativas a la atención de estos inmigrantes, sobre todo aquellos que llevan menos de tres meses en España o no han podido empadronarse, tal y como ha reconocido el actual Ejecutivo socialista, que acaba de aprobar un anteproyecto de ley que pretende corregirlo. Aunque han pasado casi tres años desde su aprobación, la Comunidad de Madrid no había activado un procedimiento específico para aplicar la legislación estatal hasta la semana pasada.(...)
la Comunidad de Madrid realiza una aplicación rígida de la norma e ignora la excepción incluida en Real-Decreto 7/2018 que establece que, si los pacientes se encuentran en una situación vulnerable, pueden tener acceso a la sanidad a través de un informe de los trabajadores sociales.
Para las personas extranjeras recién llegadas a España y afectadas por el VIH, este requisito, difícil de conseguir para muchos inmigrantes sin papeles, les afecta de forma directa: "Tienen que conseguir un piso, que les hagan contrato, un recibo a su nombre, cita en el padrón, empadronarse y esperar tres meses. En el mejor de los casos, estamos hablando de cinco o seis meses hasta que pueden comenzar a recibir el tratamiento", explica el responsable de salud de Acción Triángulo y Refugiados Sin Fronteras, Gerjo Pérez Meliá.
Esta exigencia para acceder a la sanidad pública madrileña se aplicaba de una manera arbitraria, por lo que muchos hospitales o centros de salud valoraban cada caso a la hora de darles de alta en el sistema. Y las personas con VIH, debido a los efectos que pueden tener la interrupción o falta de tratamiento, acababan consiguiendo ser incluidos. Sobre todo, en algunos centros de referencia en enfermedades infecciosas. Hasta la semana pasaba.
"Los sanitarios nunca dejaban a nadie sin tratamiento [de VIH]", explica la presidenta de Apoyo Positivo, Reyes Velayos. Con la nueva normativa, esto ha dejado de ser posible, porque ahora es indispensable pasar por la llamada Unidad de Tramitación. Hay siete, una por cada área asistencial, y están formadas por profesionales con "formación específica en materia de aseguramiento y procedimiento administrativo", señala en un comunicado la Consejería, que "prevé la próxima incorporación de trabajadores sociales". Estas oficinas se encargarán "de verificar la situación del interesado y si cumple los requisitos le tramitará la entrega del nuevo DASE, con validez durante dos años", indica.
Una vía de escape
El Hospital Ramón y Cajal es desde hace años una vía de escape para muchos inmigrantes en situación administrativa irregular, que ante las trabas impuestas a su acceso a la sanidad pública, permite que reciban atención con el apoyo de la ONG Salud Entre Culturas, cuya sede se encuentra en el mismo centro hospitalario y trabaja mano a mano con el servicio de enfermedades infecciosas. A través de esta organización, el Hospital Universitario permitía atender, únicamente en el circuito de este centro, a personas sin papeles que, en base a los criterios establecidos por la Comunidad de Madrid en su interpretación de la normativa estatal, no podían obtener su documento sanitario, principalmente, inmigrantes en situación irregular que llevan en España menos de tres meses o no han podido empadronarse.
José Antonio Pérez Molina, médico adjunto de Infecciosas en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, confirma que todo ha cambiado desde la semana pasada. "Obligan a acreditar tres meses de estancia, pero tenemos un problema con las enfermedades para las que existe un interés en salud pública. Esto nos impide la posibilidad de atender a los migrantes al poco tiempo de llegar, como antes hacíamos, y hacer un examen para identificar si tienen alguna enfermedad transmisible o necesitan alguna vacuna", explica el doctor, referencia en enfermedades tropicales. "De igual manera nos puede pasar lo mismo por VIH, hepatitis B, enfermedades inmunoprevenibles… ", añade.
Pérez Molina confirma que ya le consta el caso de una mujer con VIH que no ha podido ser atendida debido a este motivo y no han podido realizar "exámenes de salud" a personas extranjeras que han llegado hace poco.(...)
Cuando el Partido Popular lanzó su reforma sanitaria, que excluyó de la sanidad a los inmigrantes en situación irregular, la Comunidad de Madrid aplicó la norma estatal añadiendo como excepción a los pacientes de las llamadas enfermedades de declaración obligatoria, que incluyen dolencias infecciosas o de salud mental. No obstante, el nuevo procedimiento no incluye de momento estos casos.
"Barreras a un problema gravísimo de salud pública"
"En el fondo, están poniendo barreras a un problema gravísimo de salud pública", denuncia el portavoz de Refugiados sin Fronteras, que señala que "todo el mundo quiere ayudar, pero la Comunidad de Madrid les cierra el paso". Desde que se publicó el nuevo procedimiento para atender a personas sin papeles hace apenas una semana, denuncia que ya ha acompañado a dos personas con VIH al Hospital Ramón y Cajal, donde no les atendían pese a ser uno de los centros que sí solían tramitar las altas.
Castillo explica el caso de la primera mujer que no pudo ser
atendida en este centro y que hizo que saltaran todas las alarmas. Se
trata de una mujer peruana que acudió al hospital acompañada por un
representante de la ONG para realizar el procedimiento de alta. "En
admisión no pudieron porque no está empadronada" por lo que en este
momento "tiene VIH, pero no tiene tratamiento", lamenta. (...)" (David Noriega
/
Gabriela Sánchez , eldiario.es, 16 de noviembre de 2021)
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