"Finalmente el gobierno firmó un acuerdo con el FMI que convalida la fraudulenta deuda tomada por Macri. Fernández endulzó el anunció con la promesa de evitar el ajuste y sugirió que es la mejor opción posible. Pero desechó las alternativas a esa rendición y olvidó que el país nunca salió airoso de esos compromisos.
Legitimación de una estafa
El acuerdo legaliza las irregularidades de un crédito que violó todas las normas del FMI y financió la fuga de capitales, sin aportar un sólo dólar a los emprendimientos productivos. Todas las denuncias del oficialismo de ese fraude quedan ahora archivadas y las querellas contra los funcionarios de Cambiemos pierden sentido. No es cierto que «Fernández resuelve el problema generado por Macri». El presidente ratifica las tropelías de su antecesor y avala el endeudamiento forzoso de las próximas generaciones.
El mandatario ofreció ciertas precisiones de lo acordado para los próximos dos años y medio, pero no dijo nada del escenario posterior. A partir del 2025 reaparecerá toda la carga de los 45.500 millones de dólares adeudados al Fondo. En ese momento resurgirá la imposibilidad de pago y la consiguiente obligación de concertar otro acuerdo más gravoso.
Por esta razón, Guzmán soslayó esta vez su término predilecto de «convenio sustentable». Concertó un deshago inmediato que pospone el problema, repitiendo la dilación ya negociada con los bonistas privados. Acordó una relativa tregua para el próximo bienio, que mantiene activada la bomba de un endeudamiento explosivo.
Si la postergación funciona, al concluir el período de gracia habrá que afrontar la misma montaña de vencimientos impagables. Los 20.000 millones de dólares anuales que demanda el Fondo no aparecerán tampoco en el futuro. En ese momento el FMI volverá a la carga con sus conocidas exigencias de reforma laboral y previsional. Guzmán se jacta de haber logrado la eliminación de esos atropellos en el convenio actual, pero oculta que resurgirán en la próxima refinanciación.
Algunos funcionarios argumentan que el país podrá negociar con mayor fuerza dentro de dos años. Pero no explican cómo emergerá esa redoblada capacidad de Argentina para plantarse ante el Fondo. Los inspectores de ese organismo ya estarán cómodamente instalados en el Ministerio de Economía y el Banco Central y se habrá perdido la gran carta de la ilegitimidad del pasivo.
Ningún funcionario podrá objetar en el futuro la estafa que convalida en la actualidad. No podrán alegar la responsabilidad de Macri, Trump y Lagarde en un crédito ratificado por Fernández, Biden y Giorgieva.
Todas las denuncias de un pasivo odioso irán al cajón de los recuerdos. Lo mismo ocurrirá con las demandas de intervención a la ONU y la Corte Internacional de Justicia, para que declaren la nulidad de una operación financiera irregular.
Fernández repite la misma aceptación del fraude que asumieron todos los gobiernos de las últimas cuatro décadas. Esa sucesión de ratificaciones ha transformado al endeudamiento en un aluvión inmanejable. Por enésima vez una gestión progresista blanquea los atropellos de su antecesor derechista, con la misma repetición de la división del trabajo. El escandaloso pasivo asumido por los equipos económicos ortodoxos es bendecido por sus pares de la heterodoxia.
Mientras el país se hace cargo de la estafa, los funcionarios del FMI respiran aliviados. Transformaron a la Argentina en el principal deudor del organismo y no tendrán que explicar por qué razón ninguna otra nación afronta una situación semejante. Los otros dos pagadores pendientes (Egipto e Irak) adeudan montos incomparablemente más bajos.
El mismo auxilio oficial se extiende a los grandes capitalistas locales, que transformaron el dinero otorgado por el FMI en cuentas propias depositadas en el exterior. La investigación ya realizada por el Banco Central tiene identificados a los beneficiarios de esa fuga, que naturalmente aprueban la convalidación de su maniobra. Las principales entidades del establishment ya anticiparon ese entusiasta apoyo al convenio.
Guzmán tuvo en su escritorio el listado completo de esos enriquecidos y congeló la investigación. No permitió siquiera el cruce de datos con los registros de la AFIP, para evaluar si los dólares expatriados fueron declarados al fisco.
Los funcionarios sólo emitieron vagos pedidos de colaboración al FMI,
para que contribuyera a la recuperación de los dólares escondidos en
los paraísos fiscales. Obviamente el principal cómplice de la estafa no
aportó ninguna información y el cajoneo de la investigación anticipó el
acuerdo propiciado por Washington.
¿Un recorte sin ajuste?
El gobierno sustituirá el crédito suscripto por Macri por otro que refinancia el incumplimiento de ese préstamo. El FMI se asegura el cobro de lo adeudado con la prolongación de los plazos y la custodia de la política económica. Esa auditoría se concretará a través de diez revisiones trimestrales, que le garantizan al Fondo una estratégica cogestión durante los próximos mandatos presidenciales.
Guzmán presenta esa reinstalación del FMI como un dato «razonable» que contribuirá a reducir la «incertidumbre». Pero omite que esa injerencia reactivará el desprecio que exhibieron por el país todos los emisarios del Fondo, en los 22 acuerdos suscriptos en las últimas seis décadas. Mientras Giorgieva pone cara de ocasión y comparte con el Papa Francisco los mensajes indulgentes, los directivos reales del organismo (David Lipton, Ilan Goldfajn) son viejos cómplices de Macri, que exigen una gran cirugía de Argentina.
Por esa razón han demolido todas las peticiones de benevolencia. Rechazaron la posibilidad de una condonación o quita del capital adeudado y también la conversión de los pasivos en obligaciones climáticas o la extensión a 20 años de los vencimientos. Incluso mantuvieron el cobro de una insólita sobretasa por el exorbitante volumen del crédito que ellos mismos colocaron. Han vetado, además, el eventual otorgamiento de fondos adicionales por parte de otros socios de la institución.
Guzmán disimula esa dureza, alabando los cuatro compromisos acordados con el FMI para los próximos dos años y medio. Realza, en primer lugar, la reducción del déficit fiscal que el gobierno proponía situar en 3,3% del PBI para el año en curso y que finalmente se ubicará en 2,5%. Para el 2023 deberá ser de 1,9% y en 2024 de 0,9%.
Estas disminuciones han sido el gran estandarte de la ortodoxia
derechista, que sitúa la principal desgracia de la economía argentina en
el gasto público. Guzmán siempre proclamó lo contrario, pero ahora
descubre los méritos de esos recortes. Afirma que esas podas tendrán
efectos virtuosos, puesto que en lugar de asentarse en ajustes del
gasto, emergerán del mayor ingreso obtenido por el fisco con el
crecimiento y la tributación. (...)" (Claudio Katz , JACOBIN América Latina, 31/01/22)
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