"El sindicato de viviendas Etxebizitza Sindikatua de Gasteiz ha abierto un número de cuenta bancaria para recibir donaciones. Afrontan el pago de 70.000 euros en multas y sanciones impuestas por la Ertzaintza y el Ayuntamiento tras intentar impedir un desahucio en la calle Los Herrán en enero de 2021.
Los miembros del sindicato empezaron a recibir el pasado verano la primera tanda de multas —por valor de 30.000 euros— en aplicación de la conocida como Ley Mordaza. Les imputaron delitos de desobediencia y atentado a la autoridad al colocarse frente al edificio en el que fueron desahuciados 15 personas, entre ellas menores de edad, sin alternativa habitacional, recuerda Etxebizitza.
La segunda tanda ha tardado más en llegar: otros 40.000 euros aproximadamente. Esta vez, en aplicación de la normativa excepcional de medidas sanitarias, que ha sido cuestionada por el Tribunal Supremo. En el momento del desahucio, País Vasco había decretado confinamientos perimetrales municipales, por lo que los activistas que se desplazaron de su pueblo a Gasteiz para intentar parar el desahucio, han recibido una sanción administrativa.
“Desde el Sindicato de Vivienda de Gasteiz denunciamos la desproporción y la arbitrariedad de la sanción impuesta. Ha endeudado a decenas de personas pero, sobre todo, es un claro ejemplo del sabotaje a un movimiento con el fin de ahogarlo”, sostienen.
El estrangulamiento económico a activistas del movimiento de la vivienda es una práctica que iniciaron hace más de dos años los Mossos d’Esquadra de Catalunya, y que no han dejado de practicar. Por otra parte, durante el confinamiento, teóricamente el Gobierno español lanzó medidas, conocidas como “escudo social”, para evitar que hubiera desahucios a familias económicamente vulnerables." (Gessamí Forner, El Salto, 25/05/22)
Los miembros del sindicato empezaron a recibir el pasado verano la primera tanda de multas —por valor de 30.000 euros— en aplicación de la conocida como Ley Mordaza. Les imputaron delitos de desobediencia y atentado a la autoridad al colocarse frente al edificio en el que fueron desahuciados 15 personas, entre ellas menores de edad, sin alternativa habitacional, recuerda Etxebizitza.
La segunda tanda ha tardado más en llegar: otros 40.000 euros aproximadamente. Esta vez, en aplicación de la normativa excepcional de medidas sanitarias, que ha sido cuestionada por el Tribunal Supremo. En el momento del desahucio, País Vasco había decretado confinamientos perimetrales municipales, por lo que los activistas que se desplazaron de su pueblo a Gasteiz para intentar parar el desahucio, han recibido una sanción administrativa.
“Desde el Sindicato de Vivienda de Gasteiz denunciamos la desproporción y la arbitrariedad de la sanción impuesta. Ha endeudado a decenas de personas pero, sobre todo, es un claro ejemplo del sabotaje a un movimiento con el fin de ahogarlo”, sostienen.
El estrangulamiento económico a activistas del movimiento de la vivienda es una práctica que iniciaron hace más de dos años los Mossos d’Esquadra de Catalunya, y que no han dejado de practicar. Por otra parte, durante el confinamiento, teóricamente el Gobierno español lanzó medidas, conocidas como “escudo social”, para evitar que hubiera desahucios a familias económicamente vulnerables." (Gessamí Forner, El Salto, 25/05/22)
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