"El precio del alquiler en Madrid ha subido en torno a un 10% en el último año. En ciudades como Málaga han visto incrementarse los alquileres en un 50% en los últimos seis años. Los jóvenes de Euskadi tienen que dedicar el 80% de su sueldo si quieren independizarse. En Palma el cálculo es que el alquiler mensual se acerca ya a los 900 euros. Y eso a pesar de las medidas del Gobierno para limitar temporalmente el alza de los precios.
Ese panorama lleva a una mayoría de la población a reclamar que las administraciones establezcan límites a los precios del alquiler. Así lo piden el 66% de los ciudadanos encuestados por Simple Lógica. Sin embargo, la reclamación no encuentra por ahora respuesta política. La ley de vivienda que ha salido del Consejo de Ministros solo establece topes para los grandes tenedores de vivienda (a partir de diez inmuebles) y eso no convence a los socios del Ejecutivo y ha provocado tensiones entre los dos partidos del Gobierno.
Según el sondeo de Simple Lógica para elDiario.es, entre quienes reclaman la imposición de esos topes están, en un porcentaje muy alto, los votantes del PSOE, que trata ahora de convencer al resto de partidos para desatascar la norma en el Congreso.
Esos datos muestran además una clara brecha generacional, pero no necesariamente entre jóvenes y mayores, sino más bien entre una franja de edad contra el resto: quienes tienen entre 45 y 54 años son los menos proclives a fijar precios máximos a los alquileres.
Los datos de Simple Lógica señalan, en primer lugar, que entre los entrevistados hay un 16,3% que vive de alquiler, mientras que un 66,4% lo hace en un piso de su propiedad y un 15,7% habita en un piso que es propiedad de otro familiar.
El total de entrevistados se muestra a favor de los topes al alquiler. Un 40,1% está muy a favor de que se fijen y un 26,1% lo está 'bastante'. En total, es un 66% el que en mayor o menor medida reclama a la administración esos límites, frente a quienes están poco (11,8%) o nada (22%) de acuerdo con esa afirmación.
Por partidos, en la derecha, aunque hay una mayoría contra la intervención de los precios, hay más votantes de Vox favorables a esa medida que electores del PP. Los más entusiastas con la medida son los votantes de Unidas Podemos, de los que un 93,2% reclama el control de precios, pero el dato significativo es el de quienes votaron al PSOE en 2019: un 77,9% respalda la limitación de los alquileres, con su partido enfrentado al resto de socios parlamentarios por ese punto de la ley.
Una norma varada en el Congreso
La de vivienda es una de las grandes leyes varadas de la legislatura. Motivo de enfrentamiento recurrente entre los socios de coalición, el denominado Anteproyecto de Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda se encuentra a la deriva en el limbo de la tramitación parlamentaria diez meses después de que el Consejo de Ministros le diera luz verde. Ese texto pactado en el seno del Ejecutivo entre el PSOE y Unidas Podemos sigue sin contar con apoyo suficiente de los aliados en el Congreso, que exigen una política de control de precios de las viviendas de alquiler mucho más ambiciosa que lo que recoge la redacción actual de la norma.
En el anteproyecto se hace una distinción respecto a los propietarios de los inmuebles que es la clave del actual desencuentro entre el PSOE y el resto de sus socios. El texto especifica que para que una administración pública competente pueda entrar a limitar los precios de los alquileres en las denominadas “zonas tensionadas” el arrendador debe ser un gran propietario. O lo que es lo mismo, estar en posesión de diez o más viviendas o una superficie total de más de 1.500 metros cuadrados.
Ese requisito, en la práctica, limita el impacto del control de
los alquileres teniendo en cuenta, además, que la regulación no sería de
obligado cumplimiento (ayuntamientos y comunidades autónomas gobernadas
por el PP ya han anunciado que no aplicarán la regulación en el
ejercicio de sus competencias). (...)" (Marcos Pinheiro / José Enrique Monrosi / Ana Ordaz ,
No hay comentarios:
Publicar un comentario