La invasión zombi: muchas de las personas que están ahí, familias enteras, estuvieron en algún momento al borde del desahucio: José Antonio, Ana, Celes, Carmen… Ahora son ellas las que echan una mano a las que están a punto de serlo: Eduard, Rosalía, Maribel… En ningún caso, ni antes ni ahora, el Estado, el mismo que salvó a la banca, rescató a estas familias. En ningún caso, el Estado, ni antes ni ahora, ha puesto al servicio de estas personas todo lo que en esa pequeña sala hay esta tarde, cada jueves por la tarde desde hace diez años: una mujer que estuvo a punto de perder su casa que ahora hace de trabajadora social –«tienes que pedir cita en el registro oficial del Ayuntamiento de tu pueblo y explicarles que debe hablar con el fondo de inversión que quiere echaros»–; un hombre que estuvo a punto de ser desahuciado que hace ahora de abogado –«firmaste esa cláusula suelo bajo presión, por tanto, eso hay que denunciarlo y lo ganamos en el juez»

 "Desde fuera, una placita con un parque infantil rodeado de bares, se ve una cortina que se mueve con el aire. No hay mucha brisa a esa hora, las seis de la tarde de un jueves de octubre en el centro de Sevilla –crisis climática mediante–, pero sí la suficiente como para llamar la atención de quien pasa por ahí. Hay una puerta y un letrero que dice El Puma ruge. Y la puerta está abierta. Sobre todo eso, está abierta. 

La cortina protege del sol a quienes van tomando asiento dentro y, de algún modo, marca la línea entre lo que significa tener un techo y quedarse en la calle. Muchas de las personas que están ahí, familias enteras, estuvieron en algún momento al borde del desahucio: José Antonio, Ana, Celes, Carmen… Ahora son ellas las que echan una mano a las que están a punto de serlo: Eduard, Rosalía, Maribel…

En ningún caso, ni antes ni ahora, el Estado, el mismo que salvó a la banca, rescató a estas familias. En ningún caso, el Estado, ni antes ni ahora, ha puesto al servicio de estas personas todo lo que en esa pequeña sala hay esta tarde, cada jueves por la tarde desde hace diez años: una mujer que estuvo a punto de perder su casa que ahora hace de trabajadora social –«tienes que pedir cita en el registro oficial del Ayuntamiento de tu pueblo y explicarles que debe hablar con el fondo de inversión que quiere echaros»–; un hombre que estuvo a punto de ser desahuciado que hace ahora de abogado –«firmaste esa cláusula suelo bajo presión, por tanto, eso hay que denunciarlo y lo ganamos en el juez»–; una mujer que pasó noches en vela pensando en que se quedaría en la calle que hace ahora de psicóloga –«no te preocupes, el desahucio se ha parado, lo que pasa es que el papel que te ha llegado del juzgado aún no conoce el acuerdo con el banco, tranquilo, no pasa nada, todo está bien»–. 

O esa misma mujer, que va citando caso a caso de memoria, intentando encontrar soluciones para cada situación. ¿Cuánto se está ahorrando la Administración con todos estos voluntarios? ¿Cuántos trabajadores sociales necesita? ¿Cuántas psicológas? ¿Cuántos abogados? Hoy se vuelve a hablar de vivienda con las subidas de tipos de interés, con la inflación, y, afortunadamente, con las propuestas de cine social, pero los desahucios nunca se fueron.

Durante todos estos años, la PAH ha estado realizando el trabajo que el Estado, por acción u omisión, no hace o ha dejado de hacer. Quienes están ahí dentro esa tarde y todas las tardes de jueves son personas a la que el sistema excluye, ha excluido, deja o ha dejado en los márgenes, parafraseando la reciente película de Juan Diego Botto. 

Como los niños y niñas que viven sin luz en la Cañada Real de Madrid sin que pase nada, como las personas mayores que malviven en las residencias públicas sin que pase absolutamente nada, como los migrantes que, siguiendo el vocabulario de Josep Borrell –sin que pase nada–, vienen de «la jungla» al «jardín europeo»; como los trabajadores y trabajadoras pobres, que, tampoco sin que pase gran cosa, ni llegan a fin de mes; como las reconversiones que no se terminan; como los trabajadores de Zumosol, que van a cumplir un año acampados en los aparcamientos de la fábrica en Palma del Río (Córdoba), instalados en una pesadilla. 

«Aquí han venido todos los colores políticos y todos dicen lo mismo. Nos hacen muchas promesas, que van a hacer todo lo posible por nosotros, pero ninguno de ellos ha hecho algo en concreto, que nosotros lo veamos, algo físicamente», dice Fernando Trujillo, uno de los 38 trabajadores afectados, en uno de los múltiples vídeos difundidos por las redes sociales. También han dicho, a lo largo de este año, que hace mucho que no se pasa un periodista por ahí. «Desayunad bien, porque esta noche cenaremos en el infierno», recogen en otro vídeo en el que, con un montaje de estética terrorífica, hacen referencia a la batalla liderada por el espartano Leónidas.

 Es ese el adjetivo, terrorífico, con el que mejor se puede definir la situación que viven muchos sectores, personas, en España y quizá sea lo siguiente –ya está siendo, de hecho– que esté por venir en este siglo en el que, como dijo Pedro Sánchez en una entrevista, lo único que faltaba era una invasión zombi.

 ¿Pero qué es un zombi? ¿Espera el presidente, esperamos la sociedad que venga una turba de zombis al estilo The walking dead? Por cierto, Amazon incluye una cláusula en uno de sus documentos legales por si hubiera un apocalipsis como el que hemos visto en las películas. ¿Pero no son zombis quienes van a trabajar día tras día en condiciones lamentables? ¿No son zombis aquellos sectores laborales que siguen sin alternativas a pesar de estar clínicamente muertos? ¿No son zombis a quienes el Estado ha dado ya por perdidos? ¿Quienes repiten consignas sin pensarlas? ¿No somos acaso un poco zombis todos y todas? 

Y, en ese caso, ¿está preparado el Gobierno para una invasión zombi, no ya de película, sino de aquellas, como lo que viene sucediéndose últimamente, que superan la ficción? (...)"                  (Olivia Carballar , La Marea, 27/12/22)