"Echar una quiniela y no acertar ningún resultado debería estar tan premiado como hacer un pleno de 14 resultados.
Esto es más o menos lo que ha ocurrido en el seno de la corriente principal de los economistas mundiales con el desarrollo de la inflación. Primero dijeron que sería un fenómeno transitorio, a continuación que no habría “inflación de segunda ronda” si los salarios subían por debajo de los precios, más adelante hicieron una vinculación espuria entre la subida del salario mínimo interprofesional y el empleo (relación inversa: cuanto menos SMI, más empleo, y viceversa); por último, entendieron que la inflación subyacente (aquella que no computa los precios energéticos ni los alimentos frescos) no sobrepasaría a la inflación general.
De los datos conocidos de la inflación en España del pasado mes de febrero la peor noticia parece, sin duda, la enorme subida de la inflación subyacente (7,7%), por encima de la general (6,1%) y por encima de la subyacente media de la zona europea (5,6%). Ya se puede prever, casi con seguridad, que en el año en curso será casi imposible volver a un incremento de los precios en el entorno del 2%, como en su momento dijeron los organismos internacionales y algunos servicios de estudio, después de un 2022 con los precios extraordinariamente altos.
Y está habiendo “inflación de segunda ronda” no porque los salarios suban por encima de los precios y ganen poder adquisitivo, sino porque una parte de las empresas está repercutiendo el aumento de sus costes en los precios de consumo para mantener los márgenes. En los dos últimos años los precios subieron un 2,1% (2021) y un 8,4% (2022) mientras los salarios solo lo hicieron un 1,5% y un 2,8%, respectivamente. En 2022 los beneficios de las compañías ganaron terreno en la renta nacional bruta en España mientras los salarios lo perdieron porcentualmente. Con los datos provisionales de la Contabilidad Nacional del Instituto Nacional de Estadística, los salarios ocupan un 46,8% de la renta nacional bruta (un 48,1% un año antes), mientras que el excedente bruto de la explotación pasó de un 40,9% en 2021 a un 42,3% el pasado ejercicio. Este excedente es lo que queda de lo generado por la actividad una vez recompensado el factor trabajo. Incluye las rentas del capital, el beneficio de las empresas, el pago de intereses, la amortización de los factores de producción, la renta de los propietarios de inmuebles y los beneficios de los autónomos.
El catedrático de Economía Aplicada Rafael Myro corrobora estas tendencias en un artículo titulado Inflación y márgenes empresariales, en el que demuestra que el aumento de los beneficios empresariales explica casi por completo el aumento del deflactor en 2022, y que el peso porcentual de los beneficios brutos en la renta nacional aumentó sensiblemente ese año.
Ante esta situación y dado que sigue subiendo el precio de los productos importados, la cesta de la compra o los tipos de interés, el límite de actuación de muchas familias se agota: se reducen los depósitos bancarios, cae el ahorro embalsado en los tiempos del confinamiento y se reduce el efecto económico de un buen comportamiento del empleo (más de 20 millones de contribuyentes a la Seguridad Social) y de la última reforma laboral que ha convertido en fijos a muchos temporales.
Es en este contexto en el que se ha producido la prudente oferta sindical a la patronal para que los salarios suban un mínimo del 13,84% en el trienio 2022-2024, más las cláusulas salariales que dependerán de la situación económica de las empresas, medible por la evolución de sus márgenes de beneficios. Se trata de conseguir una distribución equitativa de los costes de la inflación entre el poder de compra de los asalariados y los beneficios empresariales de cada empresa y sector. CC OO y UGT tratan de evitar que una economía en transformación como la española vuelva al viejo formato de la Gran Recesión y otras experiencias anteriores del ajuste interno por la vía del empobrecimiento de los que dependen de un salario." (Joaquín Estefanía , El país, 05/03/23)
"Un litro de leche se vende a 90 céntimos en un supermercado de Madrid, a 92 céntimos en Londres, a 1,05 en Berlín y a 1,54 euros en París.
El kilo de manzanas oscila entre los 1,46 euros de Roma y los 2,69 euros de Bruselas. El precio de la misma cesta de la compra, elaborada por este periódico con 10 productos básicos de ocho ciudades europeas, va de los 16,96 euros en la capital española a los 26,55 euros en La Haya. Esta comparación tiene una representatividad muy limitada, porque los productos no son exactamente los mismos y el poder adquisitivo y los salarios de sus ciudadanos tampoco. Pero ilustra un problema generalizado: todos estos bienes han subido en el último año más que nunca.
El IPC alimentario se le ha ido de las manos a Europa: la tasa armonizada escaló al 18,4% interanual en enero en la UE, según los últimos datos detallados de Eurostat. En 14 países, el incremento fue superior, como Alemania (20,5%) y Portugal (21,1%). En el resto está por encima de los dos dígitos: en España en el 15,5%, en Francia en el 14,4% y en Italia en el 12,6%. La escalada ha erosionado el poder adquisitivo de los ciudadanos y ha encendido el debate sobre cómo atajar la situación y si alguien en el sector de la alimentación está sacando partido.
La cesta de la compra es víctima de una combinación insólita de factores, según coinciden la gran mayoría de expertos y de los sectores agrario y alimentario, El incremento de los costes, que empezó en 2021 y empeoró con el estallido de la guerra en Ucrania hace un año, es el principal causante, agravado por una menor producción en el campo por las malas cosechas. “Estamos ante una tormenta perfecta: subida de energía, de materias primas y fertilizantes; sequías y heladas que han reducido las cosechas y la oferta… es un problema que no se puede simplificar”, advierte Manuel Hidalgo, profesor de Economía de la Universidad Pablo de Olavide.
En un supermercado de Madrid, un cliente busca entre los lineales la leche más barata. Es uno de los productos que más ha subido en el último año, un 33,4% en el caso de España. También el aceite de oliva (un 30,5%). “Me fijo más en los precios y comparo mucho, también entre comercios”, asegura el consumidor. ¿Nota diferencias entre ellos? “Siempre hay algunas diferencias”. Entre países, también hay disparidades: la cesta de la compra elaborada para este reportaje contiene 10 productos: pan, pollo, yogures, leche, café, pasta, huevos, patatas, tomates y manzanas. La más cara es la holandesa (ver gráfico), seguida de Londres, París, Berlín, Bruselas, Roma, Lisboa y Madrid.
Mientras los costes de la energía se han moderado, los de la alimentación siguen creciendo, para preocupación de las familias con menos recursos, que tienen que dedicarle cada vez más porcentaje de su renta. Un 52% se fija ahora más en los precios que antes de la pandemia, un 31% más que en 2020, según una encuesta publicada en enero con 5.000 participantes de 10 países (incluida España) por la Universidad de Aarhus (Dinamarca) en colaboración con el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, dependiente de la UE. El 54% opina que la guerra es la principal causa, pero un 48% también piensa que el incremento de costes se está repartiendo mal y el conflicto “ha permitido a los distribuidores y fabricantes obtener más ganancias”, según señalan los autores de la encuesta.
Un pepino a 3,29 euros
Las redes sociales alientan el debate. En Alemania bullen estos días con comentarios sobre los precios de las hortalizas. “¡Un pepino por 1,89 y ni siquiera es orgánico!”, exclama una usuaria de Twitter que muestra la foto de las estanterías casi vacías en un supermercado. Otros suben fotos de los precios disparados de pimientos a 7,99 el kilo o tomates a 5. El récord parece ser un pepino (sí, la unidad) a 3,29 euros.
Todo esto se ha traducido en una mayor demanda de los productores de Almería y Murcia, la llamada huerta de Europa. Ha caído la producción de pepinos y pimientos, mientras los precios se han disparado en las subastas agrícolas en el último mes: un 120% el pepino, un 104% el pimiento y un 60% el tomate, según fuentes del sector, que estiman que la situación se normalizará en unas semanas.
Las hortalizas no son lo único que se ha encarecido en Alemania. Productos tan básicos como la mantequilla han subido casi un 40% en un año. El Gobierno tripartito de Olaf Scholz ha aprobado distintas medidas para aliviar los efectos de la inflación, pero ninguna enfocada directamente al precio de los alimentos. En septiembre, el tercer paquete de ayudas incluyó un pago único de 300 euros para jubilados y otro de 200 euros para estudiantes. También en septiembre el Ejecutivo decidió frenar el precio de la electricidad y el gas. En paralelo, la nueva renta ciudadana, el sistema de protección social antes llamado Hartz IV, ha subido unos 50 euros por persona al mes.
Los ciudadanos del Reino Unido también están sufriendo la crisis del coste de la vida que afecta a toda Europa. Al incremento del coste de la energía, Londres debe sumar las consecuencias negativas del Brexit, que ha encarecido y complicado el abastecimiento de los supermercados. La inflación se sitúa en el 10,1%, pero la subida de la cesta de la compra, según Kantar, está muy por encima de esa cifra. En el primer mes de 2023, los precios de los alimentos básicos subieron un promedio del 16,7% (un 13,3%, según la patronal del sector).
El Gobierno británico puso en marcha, a mediados de 2022, el programa Help for Household (Ayuda para los Hogares), coordinado por el empresario y exdirector ejecutivo de la empresa de distribución de comida a domicilio Just Eat David Buttress. No es una rebaja directa y generalizada de los precios de una cesta de la compra básica. El Ejecutivo ha aumentado las subvenciones directas en una gama de situaciones que contemplan tanto a las familias de renta baja, como el número de menores dependientes, pensionistas o ciudadanos con discapacidades. Las ayudas, distribuidas entre 2023 y 2024, suponen un único pago que oscila entre los 170 y los 340 euros.
La presión del coste de la vida sobre los ciudadanos se ha traducido en una oleada de huelgas, en aquellos sectores donde los salarios permanecen congelados desde hace más de una década, y donde los sindicatos retienen afiliados y fuerza de convocatoria. Ferrocarriles, autobuses, metro, personal sanitario, bomberos o profesores han protagonizado paros discontinuos desde el final del pasado verano. (...)
Los datos de Agricultura indican que los precios que pagan agricultores y ganaderos por lo que necesitan para producir, desde semillas a fertilizantes, crecieron en conjunto un 33,4% anual en noviembre. Pero los precios que percibieron por sus productos subieron menos, un 23,4% de media, y la renta agraria cayó un 5,5% en 2022. Es decir, no han trasladado toda la subida de costes. Esta tendencia de contención se mantiene en el siguiente eslabón de la cadena, la industria, donde los precios subieron un 17,2% en el mismo periodo, según los datos del INE. Y en la venta final al público, en los distribuidores, donde el incremento fue del 11,3% (el IPC alimentario de noviembre pasado). (...)
Desde la asociación agraria COAG se destaca la diferencia de hasta el 500% que hay entre un producto fresco desde el origen hasta el punto venta. Aunque el ministerio avisa en su web de que en estas comparaciones en bruto hay que tener en cuenta todos los costes asociados de mantener una cadena alimentaria en marcha para el conjunto del sector (desde mano de obra, a mantenimiento de instalaciones y todos los costes de producción y adaptación a las demandas medioambientales). También hay que tener en cuenta que los precios de origen pueden bajar y en el lineal seguir altos, porque hay “un efecto de reposición”, explica García Azcárate, que hace que tenga que pasar un tiempo entre un momento y otro. (...)
Portugal, donde las subidas de los precios de los alimentos están por encima del 20%, ha sido tajante en las medidas que ha tomado en relación con las empresas. El primer ministro, el socialista António Costa, descartó bajar el IVA a los productos alimentarios, pero las grandes cadenas de distribución tendrán que pagar una tasa temporal del 33% sobre sus beneficios extraordinarios de 2022 y 2023. Hay 108.000 personas que se benefician, además, de una cesta con una veintena de productos esenciales que financia el Gobierno, aunque es una medida anterior a la inflación. En septiembre se aprobó un paquete de medidas valoradas en 2.400 millones para compensar a las familias y a los pensionistas por la inflación. (...)
La sombra de la duda planea sobre los márgenes de fabricantes y distribuidores. A nivel global, cadenas como la estadounidense Kroger, la holandesa Ahold Delhaize y la británica J Sainsbury aseguran que sobreviven con márgenes operativos del 4% o menos. En comparación, grandes fabricantes como Unilever y Nestlé trabajan con márgenes del 16% o 17%, según analizaba hace unos días Aimee Donnellan, columista de Reuters Breakingviews experta en el sector. En las últimas presentaciones de resultados, en febrero, ejecutivos de estas últimas empresas se han comprometido a responder al incremento de los costes subiendo los precios para proteger esos márgenes. (...)
En Francia, el Gobierno se ha enfrascado en un forcejeo con las grandes firmas de distribución, entre ellas Carrefour, para convencerlas de que, a partir del 15 de marzo, garanticen el precio mínimo posible en una serie de productos alimentarios. Se trata de contener —por la persuasión, y no con medidas obligatorias— la inflación en la alimentación. Para el presidente, Emmanuel Macron, la subida de precios en la alimentación es un motivo de preocupación. El temor es que el malestar estalle en algún momento, aunque por ahora lo que saca a centenares de miles de franceses a las calles no es la inflación, sino la reforma de las pensiones. Las demandas de salarios más altos ya motivaron en otoño huelgas en las refinerías. Podrían volver. (...)
“El presidente no es capaz de proponer otra cosa que la caridad a las multinacionales de la alimentación, hay que dejar de capitular ante la inflación”, ha denunciado el diputado de extrema derecha Jean-Philippe Tanguy.
Macron confía en que la presión pública lleve a las multinacionales a contener los precios por propia iniciativa. El modelo es Total Energies, que hace unos días se comprometió, después de anunciar resultados estratosféricos, a que la gasolina diésel no superase en 2023 el precio de 1,99 euros por litro en las estaciones de servicio francesas. (...)
El Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni ha prometido medidas para paliar la escalada de precios. Por el momento, ha rebajado entre dos y tres puntos la llamada cuña fiscal (la diferencia entre el salario que paga un empleador y lo que un trabajador se lleva a casa). Se trata de una medida en la línea de las impulsadas por el Ejecutivo precedente guiado por Mario Draghi que sirve para aumentar los salarios en la práctica entre 10 y 30 euros mensuales. Meloni también tanteó un descenso del IVA al 5% para alimentos de primera necesidad como el pan o la leche que no llegó a aprobarse."
(Cristina Galindo , Elena G. Sevillano , Rafa de Miguel , El País, 05/03/23)
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