"Cuando El Salvador celebre su Día de la Independencia a mediados de septiembre, llevará año y medio en un Estado de Excepción indefinido. Elegido en junio de 2019, el presidente Nayib Bukele, joven millonario y antiguo relaciones públicas, ha remilitarizado la política y criminalizado la disidencia; su régimen, cada vez más autoritario, ha suscitado comparaciones con las décadas más oscuras de gobierno militar y represión del país. La diferencia, por ahora, es la perdurable popularidad de Bukele. Está a punto de conseguir un segundo mandato ilegal en las próximas elecciones de 2024.
La maquinaria propagandística de Bukele le ha granjeado renombre y notoriedad en todo el mundo. Mediante el uso estratégico de personas influyentes a sueldo, trolls y contenido "inspirador", se ha forjado una imagen mesiánica. Su extravagante visión del país -rebautizarlo como centro de inversiones tecnológicas, utilizar la criptomoneda como moneda de curso legal, desviar recursos de energía geotérmica a la minería de bitcoins- se desplomó con el precio del bitcoin el año pasado. Sin embargo, no tardó en consolidar su gobierno y neutralizar el descontento por la vacilante economía, adoptando políticas de seguridad draconianas que han mantenido sus índices de aprobación y se han convertido en un punto de referencia para aspirantes a autócratas de todo el hemisferio.
El partido Nuevas Ideas (NI) de Bukele impuso el Estado de Excepción el 27 de marzo de 2022, después de que la ruptura de las negociaciones secretas entre el gobierno y las bandas criminales del país desembocara en una oleada de asesinatos masivos que se saldaron con 74 personas muertas en un solo fin de semana. Desde entonces, la orden de treinta días se ha renovado diecisiete veces y contando. Se trata de una declaración de facto de la ley marcial, que suspende garantías constitucionales como el derecho al debido proceso, la libertad de asociación, la presunción de inocencia, el derecho a la asistencia letrada y la protección frente a registros e incautaciones ilegales.
En este vacío constitucional, Bukele ha librado su llamada "guerra contra las bandas". Hasta la fecha se ha detenido a más de 72.000 personas, y sólo 7.000 han sido puestas en libertad por falta de pruebas. La población carcelaria casi se ha triplicado. Con el 2% de su población entre rejas, la tasa de encarcelamiento de El Salvador supera incluso a la de Estados Unidos. A los reclusos se les niega el contacto con sus familias o representantes legales; los supervivientes denuncian condiciones de hacinamiento, enfermedades, inanición y tortura. En julio, el grupo de asistencia jurídica Socorro Jurídico Humanitario confirmó al menos 170 muertes bajo custodia, 84 de las cuales parecían ser violentas y otras 52 el resultado de una aparente negligencia médica. A principios de septiembre, el número de víctimas había superado las 180. Según la organización sin ánimo de lucro Cristosal, ni uno solo había sido condenado por un delito.
Analizando los datos de marzo de 2022 a enero de 2023, Cristosal descubrió que más del 99% de los detenidos se enfrentaban a cargos limitados a la afiliación a bandas; menos del 1% están acusados de cometer actos delictivos graves como extorsión, asalto u homicidio. Gracias a otras reformas penales impulsadas en las últimas semanas, los sospechosos serán procesados por centenares en juicios masivos. Los legisladores también han eliminado el límite de dos años de prisión preventiva, al tiempo que han multiplicado la duración de las penas de cárcel para los miembros de las bandas, incluidos los menores.
A pesar de estos horrores, la mayoría de los salvadoreños sigue apoyando la represión. Se ha demostrado que la actividad de las bandas callejeras ha disminuido en las comunidades de clase trabajadora que han sufrido la extorsión y la violencia durante décadas. Independientemente de los siniestros pactos que pueda ocultar, el respiro temporal ha renovado el apoyo popular a Bukele, justo a tiempo para las próximas elecciones.
Sin embargo, la represión no ha pasado desapercibida. Mientras los grupos de asistencia jurídica y derechos humanos se afanan por prestar servicios y documentar los abusos, organizaciones como el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) movilizan a los familiares de los encarcelados. El MOVIR, que forma parte de la principal coalición de la oposición, el Bloque de Rebelión Popular y Resistencia (BRP), lucha por desestigmatizar a las víctimas y proporcionar apoyo a las familias que luchan por encontrar abogados, tener noticias de sus seres queridos o llegar a fin de mes sin ellos. Como era de esperar, estos grupos son objeto de acoso y persecución. El Estado de Excepción no sólo se ha dirigido contra presuntos miembros de bandas y desafortunados transeúntes; también se está utilizando para criminalizar la protesta y perseguir a los disidentes, con los líderes sindicales del sector público y las comunidades rurales organizadas en el punto de mira.
Las condiciones de los trabajadores del sector público se han deteriorado notablemente bajo el gobierno de Bukele, falto de ingresos. Decenas de miles han sido despedidos desde 2019; el Movimiento de Trabajadores Despedidos (MDT) contabilizó más de 2.500 empleados legislativos, 3.800 empleados municipales despedidos de municipios gestionados por NI y 14.000 de instituciones del gobierno central. Los que han conservado su empleo se enfrentan a la represión del Estado. Según el MDT, al menos dieciséis sindicalistas del sector público han sido detenidos en virtud del Estado de Excepción, muchos de ellos durante disputas por salarios impagados.
En el campo, las fuerzas de seguridad de Bukele han utilizado el pretexto de la lucha contra las bandas para asediar bastiones históricos de la militancia y la resistencia populares, como las Comunidades Cristianas de Base inspiradas en la Teología de la Liberación y los pueblos "repoblados" que fueron reasentados por refugiados organizados en territorio liberado del FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) durante la guerra civil. En enero, los "Cinco de Santa Marta" -un grupo de activistas de Cabañas que convirtieron una lucha local contra la extracción de oro tóxico en una campaña nacional para prohibir la minería de metales- fueron encarcelados. El trato que recibieron provocó la indignación internacional. Pero en todo el país se han producido campañas de detenciones masivas, acoso militar y ocupación, dirigidas contra campesinos organizados de la región del Bajo Lempa y comunidades repobladas como Nuevo Gualcho, en el este de Usulután. Los residentes, muchos de ellos supervivientes del terror estatal de una generación anterior, advierten de que la militarización encubre el acaparamiento de tierras para las industrias extractivas y el desarrollo inmobiliario para el turismo costero.
El Estado de Excepción ha proporcionado así al presidente un arma poderosa. Pero mucho antes de esto, Bukele ya utilizaba el lawfare para incapacitar y desmoralizar a su oposición. Llegó al poder aprovechando los discursos anticorrupción imperantes contra sus oponentes tanto de derechas como de izquierdas, estableciendo falsas equivalencias entre la clase oligárquica gobernante y los exguerrilleros de su antiguo partido, el FMLN. El acoso a periodistas y trabajadores de ONG ha suscitado una condena generalizada, pero el procesamiento, encarcelamiento y exilio de políticos de izquierdas ha provocado menos simpatía, un testimonio del éxito de los esfuerzos por desacreditar a sus predecesores progresistas.
Desde la elección de Bukele, unas dos docenas de ex miembros del gabinete del FMLN, cargos electos y dirigentes del partido se han enfrentado a acusaciones de corrupción inventadas. Entre ellos se encuentran el primer presidente del FMLN, Mauricio Funes, así como el ex comandante guerrillero y ex presidente Salvador Sánchez Cerén, ambos asilados en Nicaragua. Estos antiguos políticos, muchos de ellos excombatientes de edad avanzada, se enfrentan a una serie de acusaciones entre endebles y totalmente falsas de malversación de fondos, blanqueo de dinero e incluso participación en bandas delictivas por los esfuerzos del gobierno de Funes para apoyar una malograda tregua de 2012 entre los grupos criminales enfrentados del país.
Además de debilitar a los líderes de la oposición, estos enjuiciamientos han contribuido a borrar de la memoria popular los logros sociales del gobierno del FMLN, creando una marea despolitizadora de cinismo, así como de rencor hacia la izquierda. En términos electorales, los muy publicitados procesamientos de dirigentes del partido, junto con la represión generalizada de sus bastiones históricos de apoyo, han neutralizado efectivamente al FMLN como fuerza política. Por si fuera poco, Bukele también ha perjudicado a adversarios selectos del partido ARENA, notoriamente corrupto, que implementó la reestructuración neoliberal de la economía durante cuatro mandatos consecutivos de 1989 a 2009. Entre ellos se encuentran el ex presidente Alfredo Cristiani, exiliado en Europa, y el menos afortunado ex alcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt, que ha pasado más de dos años entre rejas.
En consecuencia, ningún actor político representa una amenaza creíble para Bukele y su partido en las próximas elecciones, que contarán con votaciones legislativas y presidenciales en febrero y municipales en marzo. A pesar de su gran popularidad y de la ausencia de rivales viables, Bukele está haciendo todo lo posible para aislar su proyecto de la democracia. La Constitución de El Salvador prohíbe los mandatos presidenciales consecutivos, pero en 2021, la nueva supermayoría legislativa de NI destituyó ilegalmente al Fiscal General junto con toda la corte constitucional, y los sustituyó por leales que autorizaron obedientemente la candidatura de Bukele.
En junio de este año, con el proceso de primarias ya en marcha, el partido de Bukele impuso un paquete de cambios electorales sísmicos que literalmente redibujaron el mapa de la democracia salvadoreña. Los legisladores votaron a favor de eliminar el 83% de los municipios, reduciendo su número de 262 a 44, y de reducir de 84 a 60 el número de escaños legislativos. También se suprimió el método de reparto de escaños restantes, que había favorecido a los partidos políticos más pequeños. Según las nuevas medidas, los municipios restantes se convertirán en distritos, que serán gobernados por gestores no electos nombrados por el presidente. Como resumió el BRP en un comunicado, las reformas están diseñadas para impedir que los partidos de la oposición recuperen el poder en los municipios gobernados por NI; para garantizar la sobrerrepresentación de NI en el poder legislativo; para eliminar la autonomía local; y para centralizar el poder en el ejecutivo, garantizando el gobierno de un solo partido en todos los niveles de gobierno.
La espiral autocrática de El Salvador, antaño faro de los revolucionarios internacionalistas y luego ejemplo de transición liberal-democrática, es trágica y alarmante. En el contexto regional, sin embargo, la trayectoria del país no es excepcional. Las tenues democracias burguesas de posguerra de Centroamérica, aunque gobernadas por regímenes muy diferentes, se han visto todas sacudidas por la crisis en los últimos años. Esto habla del profundo agotamiento de una economía política neoliberal que ha reproducido el papel subordinado del istmo en el sistema mundial capitalista desde la derrota de los movimientos insurgentes de los años ochenta. Aunque los acuerdos de paz de los años noventa desmantelaron las dictaduras militares y desmovilizaron a los antiguos insurgentes, las economías altamente desiguales de la región siguieron dependiendo de las vastas reservas de mano de obra barata y de las exportaciones con destino a Estados Unidos. En un panorama desregulado de escaso empleo formal y salarios de miseria, millones de personas fueron desplazadas a Estados Unidos. Allí, su mano de obra alimentó los segmentos más bajos del creciente sector servicios de la economía desindustrializada, mientras que sus remesas se convirtieron en una fuente cada vez más importante de ingresos para los hogares y de divisas para sus países de origen.
Las sucesivas sacudidas de la crisis financiera mundial y Covid-19 han dejado al descubierto estas contradicciones. Esto ha producido respuestas divergentes, incluso dentro del propio El Salvador. La breve conquista del poder estatal por parte del FMLN sugirió, en el mejor de los casos, una salida emancipadora de los escombros del neoliberalismo, la oligarquía y la dependencia, una promesa que ha impulsado a fuerzas populares progresistas al poder en Honduras y, más recientemente, en Guatemala. Sin embargo, la trayectoria del FMLN también ofrece una sombría advertencia sobre los límites de la transformación dentro del sistema existente. Es una lección que Bukele se ha tomado muy en serio.
Bukele no ofrece soluciones reales a la crisis de El Salvador. Con sus cripto sueños frustrados, ha abrazado una estrategia de acumulación familiar impulsada por la inversión extranjera y centrada en el turismo y la exportación de emigrantes con salarios bajos, productos de maquila y servicios de centros de llamadas a Estados Unidos. Este programa no ha conseguido mejorar las perspectivas económicas del país y, aunque la ofensiva contra las bandas ha elevado los índices de aprobación de Bukele, las preocupaciones económicas siguen encabezando la lista de problemas percibidos. Mientras los jóvenes de clase trabajadora engrosan un sistema penitenciario saturado, las contradicciones de la pobreza, la desigualdad y la dependencia que produjeron las bandas de El Salvador son más evidentes que nunca.
Las decenas de organizaciones que conforman el BRP están convocando a los salvadoreños a las calles el Día de la Independencia de la próxima semana para marchar contra el Estado de Excepción, la candidatura a la reelección de Bukele y la última serie de reformas electorales antidemocráticas. Estos grupos, la mayoría de ellos con orígenes en el FMLN, están trabajando para reconstruir la izquierda salvadoreña en condiciones poco envidiables. Mientras tanto, Bukele rehace el país a su imagen y semejanza. Es un espectáculo espantoso." (Hilary Goodfriend , SIDECAR, 08/09/23; traducción DEEPL)
No hay comentarios:
Publicar un comentario